El mutilado zaragozano Juan Luis Serrano Calleja, de 73 años, no se detiene en su batalla de reclamar su condición de víctima de terrorismo ante el Gobierno de Aragón y al Justicia de Aragón. Calleja perdió las manos con 11 años; se encontraba con cuatro amigos jugando en la Quinta Julieta, junto al Canal Imperial y cerca del polvorín militar próximo al cementerio de Torrero, cuando explotaron dos bombas de mano piñatas italianas (procedentes de la Guerra Civil) envueltas en dos periódicos.

Argumenta en su reclamación a la DGA que la reciente reforma de la ley 5/2023 aprobada sobre las medidas a las víctimas de terrorismo se aplica a los “afectados por actos” terroristas o de “hechos perpetrados por persona o personas integradas o no en bandas o grupos armados”. Serrano, que es abogado y trabajó en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, acaba de recurrir la negativa recibida por la Administración autonómica porque reitera las mismas decisiones anteriores del Ministerio de Interior, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

“En septiembre presenté la reclamación a la DGA porque en la reforma de la ley de este año, en su artículo único, abrieron la posibilidad de que no hubiera sido colocada la bomba por una banda armada o un grupo terrorista, sino colocada por alguien que no perteneciera”, señala el mutilado. “Ahora me lo han denegado. Yo no manipulé una de las dos bombas de mano piñata italianas (procedentes de la Guerra Civil) que habían encontrado unos compañeros y estaban rodeados en periódicos de ‘La Nueva España’ de Huesca”.

Aquel 26 de diciembre de 196,1 a las 16.30, en medio de aquellas Navidades, Juan Luis Serrano andaba rezagado cuando sus compañeros hallaron detrás de un árbol próximo a la Torre El Coronel "esas bombas atadas con una liza". Un arfefacto fue recogido por su amigo Jesús y lo partió en tres trozos sin que les sucediera nada, pero cuando él tocó la caperuza del segundo tuvo la mala suerte de que le explotó y tuvieron que amputarle las dos manos.

“Yo no estaba manipulándolo porque eso significaría que estaba haciendo un acto preparatorio para la explosión. Eso es como si me acusaran de terrorista, cuando en realidad solo toqué la caperuza y explotó al pasar unos segundos, como recalcó un militar artificiero en su informe”, incide el zaragozano Juan Luis Serrano, muy conocido en el Servet, donde trabajó en rehabilitación, y en el barrio de Torrero, donde reside.

Serrano suele repetir que su máxima en la vida es: “Clama y no ceses”. Tras recibir la negativa del Gobierno de Aragón a mediados de diciembre ya prepara el recurso de reposición a la negativa de ser reconocido como víctima de terrorismo (con una indemnización de 150.000 euros, el 30% de la que reconoce el Estado) y también solicita al Justicia de Aragón que interviniera para que lo estudiaran.

A finales de diciembre recibió la respuesta del Justicia, que le comunicaba que estaban analizando su petición para “poder ofrecerle una respuesta a la mayor brevedad posible”. También le advertía de que su participación “no iba a suspender la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni interrumpir los plazos legales establecidos para hacer valer sus intereses”.

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Poco después de recibir esta contestación, firmada por el lugarteniente en funciones Javier Hernández, se conoció que la próxima Justicia de Aragón será la jueza Concepción Gimeno García, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE. De esta manera, la solicitud de ayuda a esta institución por parte del mutilado puede ser uno de los problemas que tenga que resolver la primera mujer que será Justicia de Aragón.

Informe de la Ertzaina si lo pide el Gobierno de Aragón

Juan Luis Serrano opina su lucha le ha cambiado la vida. Durante la Transición no fue reconocido por la ley de mutilados de guerra, ni tampoco como víctima de terrorismo en los sucesivos gobiernos de la democracia.  "Fui a quejarme al presidente de Aragón Juan Antonio Bolea Foradada en 1979 y él escribió una carta de apoyo al entonces presidente del Gobierno; también Hipólito Gómez de las Roces nos recibió...”, recalca ante la posición de los políticos aragonés de entonces. “Hace poco estuve en el País Vasco y le expliqué en Vitoria mi caso a una diputada del Grupo del PNV, quien se prestó a hacernos un informe sobre la bomba a través de la Ertzaintza siempre que lo reclamase el Gobierno de Aragón". 

El mutilado aragonés se vio más "arropado". "Allí, en el País Vasco, han reconocido casos similares al mío, con una señora que encontró una bomba en una papelera o un chico que le dio una patada a otra y perdió una pierna”, recalca.

Entre sus solicitudes al Gobierno de Aragón de su recurso reclama que intervenga en su caso el recién nombrado Consejo Consultivo, que preside el jurista Xavier de Pedro. Entre los componentes del mismo están Gerardo García-Álvarez, Virginia Lagunba, Gloria Melendo, Cristina Moreno, Ignacio Salvo, Fernando López Ramón y Cristina Sanromán.