pacto de investidura
Los pactos de Sánchez y la crispación vician la relación entre Aragón y el futuro Gobierno
Las cesiones al independentismo en materia fiscal y la amnistía minan los puentes con el Pignatelli.
Cinco años después, la Moncloa y el Pignatelli ondean banderas de distinto color político. La llegada de Jorge Azcón a la DGA y la reválida de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central inauguran una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambas administraciones. Y lo hace en el peor escenario posible para el entendimiento.
Los pactos de investidura con los independentistas han abierto, en este inicio de la legislatura, un frente entre el Estado y las autonomías, la mayoría de ellas presididas por dirigentes del PP empoderados ante la fragilidad de su líder nacional, tocado tras el 23-J. En este escenario, y más allá de la amnistía, serán los primeros presupuestos de la coalición PSOE-Sumar y la negociación sobre la financiación autonómica y la condonación de la deuda lo que marcará la agenda política de estos primeros meses.
La coincidencia de siglas no se tradujo en la última legislatura en un diálogo fluido Aragón-Estado, marcado por el enfrentamiento político en el seno del PSOE entre Sánchez y Javier Lambán, uno de los barones díscolos del partido. El fracaso de la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno o la apuesta por otros territorios para la instalación de grandes empresas o de agencias estatales se vio tímidamente compensado por las inversiones vía presupuestos.
El salto de Azcón al Pignatelli y las encuestas favorables al PP para las generales auguraban una nueva etapa de entendimiento, pero el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, no cumplió las expectativas y dejó vía libre a una reeleción de Sánchez condenada a depender de apoyos nacionalistas e independentistas. Dicho y hecho. Los pactos con ERC y Junts han desatado un cisma político frente a la amnistía para los encausados por el ‘procés’ y las concesiones en materia económica y fiscal. Los acuerdos con BNG, PNV y Coalición Canaria solo han incrementado los temores de Azcón y del resto de presidentes conservadores ante posibles agravios.
Más allá de la contestación política a la amnistía, que previsiblemente se encauzará por la vía judicial, la DGA y la Moncloa estrenarán su relación con la siempre tensa negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la reforma pendiente de la financiación autonómica. En el primer caso, el también nuevo Ejecutivo autonómico PP-Vox mantendrán las viejas reivindicaciones. A la espera de la primera bilateral Aragón-Estado de la nueva legislatura -no se convoca desde 2018-, Azcón insistirá en mejorar la red de autovías y de ferrocarril. Desde la reapertura del Canfranc hasta el corredor cantábrico-mediterráneo, pasando por el impulso a la A-40 y la A-25, o las conexiones de Jaca con Huesca y Pamplona, entre otras infraestructuras.
Pero el líder del PP añadirá nuevas exigencias, como la ejecución "integral" de las obras del Pacto del Agua o la ampliación de las ayudas a las empresas de Teruel hasta el máximo que permite la Unión Europea. En conjunto, todo lo que no sea, como mínimo, mantener la inversión estatal en la Comunidad se considerará en el Pignatelli como una represalia.
En este sentido, Ferraz traslada que el pacto de investidura es, en realidad, de legislatura, y que al menos las primeras cuentas del nuevo mandato llegan encarriladas a la recta final del año. No es de extrañar que Génova y sus sucursales autonómicas recelen de unos presupuestos que vienen condicionados por los socios de Sánchez y en especial por Cataluña, que ya vislumbra en el horizonte la cita con las urnas para renovar la Generalitat.
Más viciado si cabe llegará el debate de la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno central tiene previsto convocar a corto plazo un Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidirá condicionado por el compromiso de condonar el 20% de la deuda catalana, más de 15.000 millones de euros. La promesa de un trato similar y en cualquier caso beneficioso para el conjunto de las autonomías no garantiza el acuerdo, que pondrá al PP frente al dilema de mantener una firme oposición a Sánchez o firmar una condonación millonaria para sus maltrechas arcas. En una situación similar, en 2009, el entonces líder conservador, Mariano Rajoy, obligó a los suyos a abstenerse y dar luz verde a la reforma.
La exigencia del líder de Junts, Carles Puigdemont, de ceder la gestión del 100% de los tributos a Cataluña ni se plantea, pues el PSOE la rechaza de partida -aunque se abra a negociarla como parte del pacto-, y los expertos la dan por inviable: además de inconstitucional, rompería un sistema que dependería, llegado ese extremo, de las aportaciones de la Comunidad de Madrid. Lo que sí logra el debate es distorsionar aún más el diálogo entre la Moncloa y el resto de autonomías.
Nuevos perfiles
Pero más allá de la tradicional disputa entre Aragón y el Estado como plan de acción política, en la DGA son conscientes de que los puentes con Madrid deben mantenerse en pie si se quiere lograr acuerdos beneficiosos para la Comunidad en inversiones y proyectos de futuro.
En ese terreno, serán determinantes los perfiles del nuevo Consejo de Ministros que ya diseña Pedro Sánchez, y que previsiblemente pasará de 22 a 18 carteras. Solo el núcleo duro del presidente, de cinco o seis nombres, tiene el puesto asegurado, según fuentes internas. La sintonía con el responsable de Industria -Héctor Gómez es una de las incógnitas según las quinielas- para la atracción de empresas, y con los de Transportes y Medio Ambiente -Teresa Ribera parece fija en el organigrama- para las obras, marcará en buena medida el diálogo con la Moncloa.
