La compañía pública Renfe ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Jorge Azcón por una deuda relativa al convenio de los trenes regionales que se remonta a 2017, al primer Ejecutivo de Javier Lambán. Su decisión ha generado sorpresa y malestar en el Pignatelli porque la reclamación, que asciende a 1,4 millones de euros, se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sin que haya mediado antes un requerimiento previo a la nueva Administración.

El consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, ha explicado este miércoles que "lo normal" es que la operadora estatal hubiera advertido de la situación antes porque solo lleva al frente del departamento 50 días y se trata de una deuda que se remonta a hace seis años. Por ello, traslada sus "dudas razonables" sobre la intencionalidad de un "ente tan importante como Renfe".

Octavio López ha explicado que los 1,4 millones reclamados se abonarán y corresponden a la subida de los costes de operación de los servicios regionales conveniados. Esto vino provocado por el incremento del canon que impuso el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el uso de la infraestructura, amparándose en la Ley de Presupuestos de 2017.

El cuatripartito se negó a pagar los 1,4 millones del canon correspondiente al segundo semestre de 2017. La Dirección General de Transportes se reafirmó en las dos ocasiones en las que Renfe tramitó requerimientos de pago, en 2019 y a finales de 2022, y que han desembocado ahora en la vía judicial ante el silencio administrativo de la DGA. "Es un procedimiento que ha seguido su cauce", han señalado fuentes oficiales de Renfe.

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La maniobra legal de la operadora pública ha surtido efecto, porque el Ejecutivo PP-Vox ha anunciado que abonará la deuda "con el fin de evitar una sentencia desfavorable que dé como resultado una cantidad más alta y, por tanto, más perjudicial aún para las arcas de la comunidad autónoma".

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó hace dos semanas a la Generalitat a pagar una deuda de 81 millones a Renfe por los servicios prestados en Cercanías entre 2016 y 2019. En su caso, el Ejecutivo catalán ha decidido recurrir el fallo.

La situación nada tiene que ver con la de mediados de 2015, cuando el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se encontró con una deuda muy superior, de 6,5 millones, por los mismos servicios regionales que había dejado el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Entonces, Renfe no recurrió a los tribunales y Soro asumió los impagos heredados.

El Gobierno aragonés ha recordado que entre mediados de 2013 y finales de 2015 estuvo en vigor el contrato suscrito con Renfe para sufragar los servicios ferroviarios de interés regional. Finalizada la vigencia del contrato, la operadora continuó cubriendo las líneas y la DGA se comprometió a sufragar el déficit de explotación, abonando anualmente la diferencia entre los costes de operación y los ingresos obtenidos por la venta de billetes.

Entonces, Aragón dejó de financiar los servicios Teruel-Zaragoza, Calatayud-Zaragoza y Calatayud- Ariza, aunque no se llegó a ahorrar dinero porque se compensó con la subida por la repercusión del incremento del canon que Renfe abona al ADIF por el uso de las vías. De hecho, en el resto de ejercicios se incluyó en el precio a pagar por parte de la DGA y la Dirección General de Transportes lo abono sin poner problemas.

La única diferencia en la liquidación se limitó al ejercicio de 2017, hasta el punto de que el Ejecutivo autonómico pagó el resto del coste de los servicios regionales pactados entre las partes, 4,2 millones.