guerra civil 

Los profesores de Historia Contemporánea firman un manifiesto contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón

Catorce catedráticos y profesores titulares defienden que el escrito es "académico y apartidista".  

Alberto Sabio será el nuevo director del IEA.
El catedrático de Historia Contemporánea Alberto Sabio, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, preparó el manifiesto junto al catedrátrico Miguel Ángel Ruiz Carnicer
DPH

Los profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza han firmado un manifiesto contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada en 2018. Una derogación que ya anunciaron PP y Vox desde su llegada al Gobierno de Aragón. Además, invitan a los historiadores que lo deseen y puedan apoyarlo ya que “está abierto a ámbitos más amplios” a los que afecta una derogación de esta norma “de tanto calado social”.

Ante esa coyuntura política, 14 profesores de la Facultad de Filosofía y Letras (siete catedráticos y siete profesores titulares) manifiestan desde un punto de vista “estrictamente académico y profesional” que esta ley es un “instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos”. (se puede leer aquí el manifiesto completo) 

De hecho, el  diputado portavoz de Vox en la Comisión de Presidencia, Interior y Cultura, David Arranz, se ha referido durante la comparecencia de la consejera Tomasa Hernández, al pacto de gobernabilidad PP-Vox, y señala que "dentro del punto 10, se recoge la expresa derogación de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón". "Y es lo que vamos a hacer a la mayor brevedad", puntualiza.

Como han hecho compañeros suyos de otras universidades españolas y europeas, los historiadores de Zaragoza apoyan esta ley como base para “construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático, vinculado a la guerra civil y a la dictadura franquista y del más riguroso conocimiento histórico” con el fin de “alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia”.

Académicos y apartidistas 

El escrito fue redactado por los catedráticos Alberto Sabio Alcutén y Miguel Ángel Ruiz Carnicer al final del verano, tras hacerse público el acuerdo de gobernabilidad PP-Vox, y luego fue validado por sus compañeros para que se firmara el pasado 13 de septiembre. 

El catedrático Miguel Ángel Ruiz Carnicer, quien fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 2004 a 2008.
El catedrático Miguel Ángel Ruiz Carnicer, quien fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 2004 a 2008.
Oliver Duch

“La idea es que el escrito es académico y apartidista, más allá de la ideología de los profesores. Nace de la Universidad de Zaragoza y de gente que llevamos décadas trabajando a esta cuestiones desde el punto de vista del rigor histórico y la búsqueda de la realidad”, señala Alberto Sabio.

“Esta ley no es un texto ajeno a los contenidos educativos sino que está más viva y se refleja en nuestro trabajo sobre el acercamiento del pasado al presente”, apunta Miguel Ángel Ruiz Carnicer. "Hemos hecho un texto sencillo al conocer las declaraciones del presidente Jorge Azcón, pero no queremos hacer un frente político sino puramente profesional”.

Por eso, los profesores de Historia consideran que en Aragón no se puede derogar la Ley de Memoria Democrática porque se aprobó con un consenso “muy amplio” en las Cortes de Aragón. Agregan que es “un texto legal moderado y razonable que busca cerrar las heridas del pasado, no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentales en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición historiográfica” forjada en la comunidad plural de los historiadores.

De hecho, defienden que esta norma es un ejemplo para facilitar “la convivencia democrática”. Si no se aplicara esta ley, Miguel Ángel Ruiz Carnicer señala que se iría “contra el mandato de la ONU” y se suprimirían “los mecanismos de la memoria” para quienes sufrieron la guerra civil y la represión de la dictadura franquista.

Algunos profesores de Historia Contemporánea que han firmado el manifiesto. Detrás de izquierda a derecha, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Pedro Rújula (en el centro), Angela Cenarro. Delante, de izquierda a derecha, Carmen Frías, Julián Casanova, Ignacio Peiro Martín.
Algunos profesores de Historia Contemporánea que han firmado el manifiesto. Detrás de izquierda a derecha, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Pedro Rújula (en el centro), Angela Cenarro. Delante, de izquierda a derecha, Carmen Frías, Julián Casanova e Ignacio Peiro Martín.
Guillermo Mestre

"Años de investigación y esfuerzo"

En el manifiesto destacan que el trabajo de los profesores de Historia Contemporánea durante “años de investigación y esfuerzo” ha servido para “construir un relato estructuralmente profesional de lo ocurrido en el siglo XX español y aragonés”, que ha facilitado la recuperación de la “memoria individual y colectiva” de las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista “frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas”.

Además, los historiadores aragoneses consideran que si se deroga esta ley supondrá, de facto, “la paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la guerra civil y la represión de posguerra”. En este sentido, anuncian que “especialmente grave es que deja la puerta abierta a la revisión de los curriculos educativos” por quien ocupe el poder político. Y esto último les preocupa mucho a los profesores de Historia contemporánea porque perciben “serios desajustes” entre el “conocimiento historiográfico más avanzado” y lo plasmado en algunos “manuales escolares”.

El manifiesto recuerda que la ley de Memoria Democrática de Aragón se enmarca en los principios de Naciones Unidas para proteger y promocionar los derechos humanos por la lucha contra la impunidad. Y agregan que el artículo 10 de la Constitución defiende la dignidad de la persona y los derechos inviolables.

Concluyen en la memoria que “los poderes públicos deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica”. De hecho, los profesores agregan que los beneficios de esta ley de Memoria Democrática redundan “en favor del avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual”.

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