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Las consejerías de Vox en Aragón serán de gestión, sin competencias en los organismos de mayor peso
Desarrollo Territorial no tendrá control sobre los PIGA o el Fite y Agricultura carecerá del Inaga y del Instituto del Agua. El PP se reserva una segunda vicepresidencia, las áreas de carga ideológica y los departamentos de más presupuesto.
Las dos consejerías que ostentará Vox en el Gobierno de Jorge Azcón se centrarán en la gestión y carecerán de competencias sobre los organismos de mayor peso político y decisión del Pignatelli. Mientras tanto, el PP concentrará las áreas de mayor presupuesto y contrarrestará la vicepresidencia primera concedida a los socios con otra que ejercerá uno de sus consejeros, aún sin desvelar. Nunca ha habido dos vicepresidentes en la DGA, ni en el Gobierno de Iglesias cuando ostentó el cargo el aragonesista José Ángel Biel, ni en los últimos cuatro años de cuatripartito con el también aragonesista Arturo Aliaga como número dos.
El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ejercerá como vicepresidente primero al frente de una nueva consejería, la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, pero carecerá de poder de decisión sobre los Planes de Interés General de Aragón (PIGA) pese a contar con la dirección general de Ordenación del Territorio. A esta se sumarán otras dos, las de Despoblación y Justicia y tampoco tendrá a su cargo el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) pese a ser uno de los instrumentos cruciales para luchar contra el retroceso de habitantes en la provincia de la que Nolasco ha sido concejal de su capital los últimos cuatro años, revalidando el puesto en las elecciones del 28-M.
Este último cargo lo pretende compatibilizar tras tomar posesión el próximo sábado en la DGA, con la que culminará la primera etapa de constitución del Gobierno PP-Vox con la jura o promesa de los miembros del gabinete a los que nombre el presidente, Jorge Azcón. En su caso, el discurso de investidura lo pronunciará el próximo miércoles, se someterá a la votación un día después y tomará posesión el viernes en las Cortes antes de designar a su equipo.
Fuentes del PP consultadas por este diario indicaron que Justicia tampoco tendrá asociadas las competencias de Interior, como son la unidad de la Policía Adscrita, Protección Civil y la regulación de los festejos taurinos.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, que también asumirá Vox, va a carecer de los dos organismos de mayor peso que ha tenido desde su creación, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y el Instituto Aragonés del Agua (IAA). Y será así porque se ha desgajado el área de Medio Ambiente al completo.
Su control es determinante porque del Inaga dependen todos los permisos ambientales para acometer parques eólicos y solares, nuevas implantaciones de empresas o de explotaciones agrarias o infraestructuras, entre otras materias y actividades. De su importancia era tan consciente hace cuatro años el PSOE que cuando pactó con Podemos la cesión de las competencias ambientales se reservó tanto el Inaga como el IAA. De este último organismo público dependen las inversiones millonarias del plan de depuración, los planes y programas del ciclo del agua o la Comisión del Agua de Aragón.
A diferencia de otras autonomías en las que han pactado PP y Vox, el acuerdo de Aragón deja en manos de los populares todas las áreas en las que por cuestiones ideológicas se podrían generar controversias en la gestión. No solo por tener en su ámbito de decisión Interior, sino también Cultura, la política lingüística o la lucha contra la violencia machista. Este es el caso del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que depende del Departamento de Presidencia. Además, ostentará las áreas de mayor presupuesto y exposición, como son las de Sanidad, Educación y Bienestar Social y Familia.
Gobernabilidad
Las citadas fuentes del PP también destacaron que el pacto compromete a Vox a garantizar la gobernabilidad en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca sin entrar en los equipos de gobierno. Así interpretan uno de los puntos iniciales del acuerdo firmado, en el que las dos formaciones expresan su "firme voluntad y compromiso" de que el pacto constituya "la base de la estabilidad en el conjunto de las instituciones y administraciones locales de Aragón durante la presente legislatura". Del seguimiento se encargará una comisión presidida por Nolasco.
