El proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal por el valle de Canal Roya tiene las horas contadas. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el socialista Miguel Gracia, ha trasladado de forma tajante al presidente aragonés, Javier Lambán, que la institución no puede acometer las obras en tiempo y forma y le conmina a redistribuir los 26,4 millones de fondos europeos concedidos a la telecabina a otras actuaciones aragonesas presentadas a la convocatoria de 2022. Su postura oficial la plasmó en una carta remitida el pasado martes y ayer mismo Lambán trasladó que si la DPH no ve viable la unión de estaciones, el proyecto se puede «dar por finiquitado».

La iniciativa de la institución provincial no se queda ahí, ya que la pretensión de su presidente es remitir un escrito en los mismos términos al Ministerio de Industria, responsable de la asignación de los fondos para los planes de sostenibilidad turística sufragados con fondos Next Generation. En la convocatoria de 2021, de acuerdo con la DGA, concedió 8 millones a la unión de Candanchú y Astún y en la de 2022, los citados 26,4 millones para conectar Astún y Formigal. Este último proyecto ha generado un creciente rechazo en el territorio y la movilización de ecologistas y científicos.

Miguel Gracia reunió antes del pleno de la DPH celebrado este miércoles a los portavoces y solicitó su respaldo para pedir a la Secretaria de Estado de Turismo la redistribución del dinero a otros planes de turismo sostenible en la próxima conferencia sectorial con las autonomías. El aragonesista Joaquín Serrano le dio su beneplácito, mientras el popular Gerardo Oliván trasladó que debían analizarlo, especialmente cuando no se les ha tenido en cuenta hasta ahora y, además, hay un nuevo posicionamiento de los técnicos al respecto.

El objetivo, que viene repitiendo desde finales de marzo, es que no se pierda una suma millonaria, dado que los propios servicios técnicos de la DPH afirman que no se puede tramitar el proyecto y acometer las obras para finales de 2025, tal y como obliga la convocatoria.

El problema es que ni siquiera se ponen de acuerdo los técnicos sobre las posibilidades de llegar a 2025 con la telecabina construida, dado que los de Aramón, avalados por el cronograma de las consultoras contratadas para la redacción del proyecto, dicen que por supuesto da tiempo e incluso se dispone de un ‘colchón’ ante cualquier contratiempo. Pero las instituciones no han llegado a convocar la anunciada reunión de los especialistas para intentar consensuar una postura al respecto.

Comparecencia pública

El presidente de la DPH tomará este jueves de nuevo la iniciativa y tiene previsto comparecer para dar cuenta de la renuncia oficial a acometer la unión, aunque sin que ello quiera decir que rechace el proyecto. Es más, en la misiva enviada el martes a Lambán le insta a seguir adelante con la tramitación administrativa del proyecto para poder ejecutarlo. Esta misma idea ya la defendió a finales de marzo en este diario, cuando planteó que la telecabina debía hacerse «con o sin fondos europeos».

Gracia incluso apunta que con una ley que entrará en vigor el día 17 podría la DGA asumir directamente la contratación de las obras, con la consiguiente reducción de los plazos. De este modo, le traspasa la responsabilidad de seguir adelante.

Su posicionamiento oficial no supone una sorpresa, puesto que la semana pasada le comunicó a la Unión Europea sus dudas sobre los plazos y la implicación del territorio. De hecho, le planteó en un escrito una prórroga o redistribuir los fondos, que es la alternativa por la que finalmente se ha decantado ante la creciente movilización social.

Las organizaciones ecologistas siguen dado pasos en su oposición a la unión de estaciones por Canal Roya. Las principales entidades del país comunicaron ayer la presentación de un recurso de reposición contra la declaración de interés autonómico de la telecabina. Y la Plataforma en Defensa de las Montañas trasladó que en la manifestación convocada el sábado en Zaragoza intervendrán Amaral, el periodista Sebastián Álvaro y la empresaria Isabel Santolaria para poner voz al rechazo a esta infraestructura de 4,2 kilómetros, valorada en 38 millones.

En este contexto, el presidente aragonés y líder autonómico del PSOE reconoció que el proyecto no saldrá adelante con la «posición actual de rechazo» por parte del territorio. Y dio un paso más allá, sin aludir ante los periodistas a la carta que, según fuentes oficiales de la DGA, aún no ha llegado a Presidencia: «Si la Diputación de Huesca, que es la que tiene que ejecutarlo, no lo ve viable, entonces podemos dar por finiquitado el proyecto».

Pese a mostrarse «convencido» de que la unión de estaciones saldría adelante «sin ningún inconveniente, ni legal ni medioambiental ni de otra índole» con el visto bueno de la UE, reconoció que lo tiene que «ver» el territorio. 

La conexión de Astún y Candanchú también peligra

La renuncia a la construcción de la telecabina entre la estación más importante del Pirineo aragonés, la de Formigal, con la de Astún pone en peligro la prolongación del proyecto en el valle del Aragón, que implica conectar con otra telecabina las instalaciones de Astún y Candanchú.

Esta actuación recibió 8 millones de euros de los mismos fondos de sostenibilidad en 2021, pero a estas alturas carece de un proyecto pese a que se encargó la gestión a Turismo de Aragón.

La planificación de esta infraestructura estuvo bloqueada durante meses por la falta de acuerdo sobre el trazado, pero desde que llegó a un acuerdo el pasado otoño tampoco se ha avanzado más allá de los compromisos políticos. Aunque no tiene contestación, su ejecución está ligada a la conexión con el verdadero ‘motor’ de la nieve en el Pirineo aragonés. Y si hay dudas sobre los plazos de la unión Astún-Formigal, en la del valle del Aragón aún correría más riesgo, porque el 75% de la obra debe estar ejecutada a finales del próximo año.