educación superior
La Universidad de Zaragoza suspende el premio de jubilación al personal administrativo tras un fallo del Supremo
Ya se paralizó el pasado junio, debido a un informe del servicio jurídico, aunque en septiembre se retomó el pago.
La Universidad de Zaragoza ha vuelto a suspender los pagos correspondientes al premio de jubilación forzosa y al incentivo de la jubilación anticipada del personal de Administración y Servicios (PAS) tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de febrero en la que, por primera vez, abordaba estas retribuciones en una universidad pública –la Universidad Politécnica de Cataluña–. El fallo señala con rotundidad que ambas prestaciones no pueden tener una naturaleza jurídica de acción social, sino que tienen carácter de retribución. "La estructura retributiva del funcionario viene determinada por una norma legal y no puede innovarse mediante pactos", detalla.
Esta interpretación no es nueva. Durante los últimos años el Supremo ya ha emitido sentencias en el mismo sentido pero referidas a otras instituciones públicas. Y, por ello, en mayo del año pasado, el campus público pidió a sus servicios jurídicos un informe sobre la idoneidad o no de seguir abonando estas cuestiones. El resultado fue claro y se reiteró lo ya expuesto por el Alto Tribunal, por lo que la gerencia del campus público decidió suspender su reconocimiento de oficio en junio. La medida no convenció a los sindicatos, que se manifestaron reclamando que se restituyera lo que consideraban "un derecho consolidado".
Ante esta situación, la Universidad encargó un nuevo informe al respecto a la Abogacía del Estado, que reiteró la ilegalidad de esta retribución. Y, con dos posicionamientos en el mismo sentido, se solicitó un tercero a Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, que consideró que debía "mantenerse la vigencia de los pactos hasta que se alcancen los nuevos o, en su caso, se conozca el sentido del recurso de casación de Cataluña", que ahora es una realidad.
"Un traje a medida" para "evitar la presión sindical", según denuncia un grupo de funcionarios, que señala que la decisión de solicitar este informe "de pago" parte del catedrático Juan García Blasco, adjunto al Rector para la Reforma Estatutaria, Coordinación Normativa y Desarrollo de la Negociación Colectiva. Y, en contra de la opinión de los servicios jurídicos de la Universidad y de la Abogacía del Estado, fue esta última recomendación la que se siguió, provocando unos desembolsos desde septiembre y hasta prácticamente la actualidad que ahora el Supremo ha vuelto señalar como ilegales.
En busca de una alternativa
Desde septiembre, poco se había avanzado en la negociación colectiva cuando, tras esta resolución, se volvió a paralizar el pago de ambas retribuciones debido a que mantenerlas supondría una "actuación desconocedora e incumplidora de la sentencia de la que se derivarían graves consecuencias legales de distinta naturaleza para la universidad, incluidas las penales", según subrayó el rector José Antonio Mayoral en una circular remitida a todo el personal afectado.
En ella aseguró que se están buscando "alternativas jurídicamente viables que deben estar enmarcadas en una verdadera naturaleza de acción social de la que el premio y la jubilación anticipada carecen". Reconoció que existen "serias dificultades técnicas" debido a la sentencia y recordó que cualquier decisión que se tome debe hacerse en un "escrupuloso respeto a la legalidad", contando con la "necesaria seguridad jurídica" y que se "corresponda y acomode a las limitaciones legales que los Presupuestos Generales del Estado fijan para la acción social".
El premio de jubilación, según apuntaron desde el sindicato Somos en el momento en el que estalló la polémica, puede ascender a los 22.000 euros. En el presupuesto de la Universidad de Zaragoza, tanto de 2022 como de 2023, hay una partida habilitada para ello de 700.000 euros. No obstante, en la última publicación de la citada central se cuantifica el montante del pasado año en 1,3 millones de euros y se estimaba el de 2023 en cerca del millón.
