Unos 300 empleados de la Universidad de Zaragoza se han concentrado este miércoles en el edificio Paraninfo, como protesta por el incumplimiento de diversas cláusulas sociales de su convenio colectivo y pacto para funcionarios. El Personal de Administración y de Servicios (PAS) reclama que la Universidad cumpla con el convenio que data del año 2000 y rechaza la medida unilateral y retroactiva, que supone la suspensión de unas retribuciones que perciben en el momento de su jubilación forzosa.

Algunas de las personas que formaban parte de la protesta eran jubilados recientes que han afirmado que “después de 38 años de servicio a la Universidad, me han dado con la puerta en las narices, cuando he reclamado que no me habían pagado mi retribución por jubilación”. En otro caso una trabajadora de 64 años de edad, con 35 años de servicios, se ha quejado de la improvisación de la medida, “de haberlo sabido me habría jubilado hace un año, pues de esta forma he trabajado un año gratis”.

La concentración ha sido convocada por el Comité de Empresa y la Junta de Personal que son los órganos de representación de esta plantilla compuesta por 1.700 trabajadores y trabajadoras. Una plantilla con una media de edad muy elevada, en torno a los 58 años, por ello muy próxima a la edad de jubilación. Según los datos de la Junta de Personal, en los próximos cinco años está prevista la jubilación de unas 50 personas al año.

La concentración ha coincidido con la reunión del Consejo de Gobierno, máximo órgano de decisión de la Universidad, donde han intervenido los presidentes de la Junta y del Comité acompañados por el resto de representantes, mientras los concentrados esperaban en el pasillo la respuesta del Rector. Tras las intervenciones en las que se ha pedido la dimisión del Gerente, artífice de la Instrucción que supone la suspensión de la adjudicación de oficio del Premio de Jubilación, se esperaba una mediación del Rector, que no se ha producido. El rectorado de la universidad avala esta decisión que suspende el Convenio y Pacto, hasta que se pronuncie la Abogacía del Estado a quien se ha solicitado un informe.

La Plantilla de Trabajadores y trabajadoras no entiende cómo se suspende si no hay un informe que establezca la ilegalidad de la medida, principal argumento del Rector. 

Desde la representación sindical se considera que con esta actuación el Rectorado deja clara su voluntad de incumplir el Pacto-Convenio con absoluto desprecio a las normas más elementales de la negociación colectiva, por tanto, el conflicto está servido.