Impuestos

Aragón ofrece una presión fiscal media por IRPF pero de las más altas por heredar

El Consejo General de Economistas presenta su Panorama de la Fiscalidad Autonómica, en el que se evidencian las diferencias tributarias entre las distintas comunidades.

El Consejo General de Economistas presenta el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2023
El Consejo General de Economistas presenta el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2023
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La presión fiscal que deben afrontar los aragoneses se sitúa en la media del país, en especial respecto a la tributación de la renta, pero es de las más elevadas en el caso de Sucesiones y Donaciones. Así se desprende del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2023 presentado este martes por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), entidad que se ha mostrado crítica con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, activado para anular las bonificaciones del de Patrimonio en comunidades como Andalucía o Murcia.

El informe refleja que Aragón es una de las comunidades que han modificado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como mecanismo para aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos en un contexto de inflación desbocada. De esta forma, los aragoneses se encuentran ahora en la zona media de una clasificación que lideran, en muchos de sus tramos, territorios como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Extremadura, mientras que Madrid vuelve a ser la que menos exige a sus vecinos.

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La DGA cerró 2022 con una recaudación ligeramente superior a los 1.555 millones de euros por IRPF, su principal fuente de ingresos tributarios, 29 millones más que el ejercicio anterior. Para este año, el Gobierno autonómico aprobó una reforma fiscal que reduce el tipo mínimo y eleva el máximo de forma que, según las cuentas del Pignatelli, se beneficiarán 720.000 contribuyentes, mientras que apenas 6.300 verán aumentada la cuantía a pagar. La merma para las arcas públicas se estima en unos 50 millones de euros.

Estos cambios, similares a los introducidos en otras siete comunidades autónomas, han permitido atenuar la tributación de los contribuyentes, en especial la de aquellos que han obtenido subidas salariales para afrontar la escalada de precios derivada de la crisis por la guerra en Europa.

Por contra, Aragón sigue ocupando los primeros puestos de la comparativa autonómica de impuestos como el de Sucesiones, Donaciones y, en algún tramo, también en el de Patrimonio. Pese a las bonificaciones aplicadas, la Comunidad recaudó el año pasado una cifra récord por estos tributos de 210 millones de euros, y las previsiones para este 2023 son incluso mayores.

Desde REAF, que forma parte del Consejo General de Economistas, han planteado varios escenarios en los que se muestran las diferencias entre territorios. Así, si un soltero de 30 años hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, deberá pagar en Aragón por el impuesto de Sucesiones 55.466 euros, la tercera cifra más alta del país. Solo le superan Asturias y Comunidad Valenciana, mientras que en territorios como Andalucía, Cantabria o Galicia el joven quedaría exento.

De igual modo, la tributación por Donaciones de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros sin un destino específico alcanzaría en Aragón los 177.706 euros, el segundo caso más perjudicial del país para el contribuyente según el informe. Tan solo en Extremadura pagaría más (200.122 euros), mientras que de nuevo en Cantabria no debería abonar ni un euro.

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En cuanto al impuesto de Patrimonio, Aragón mantiene el umbral mínimo más bajo de todo el país, de tal forma que se debe tributar a partir de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros que predomina en el resto de autonomías. Con esta configuración, la Comunidad recaudaría 1.164 euros a un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros, la cifra más alta del país. Sin embargo, la situación se normaliza cuando los bienes declarados son superiores.

En este apartado, la principal novedad es la aplicación temporal de un impuesto estatal a las grandes fortunas, que viene a contrarrestar las bonificaciones aplicadas en territorios como Andalucía, Murcia, Madrid o Galicia. El nuevo tributo, sin apenas afecciones en Aragón, supone “ir a contracorriente” respecto a los países del entorno, según ha denunciado en rueda de prensa Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.

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