Agresiones a sanitarios en Tauste: "Estamos más tranquilos, pero los vigilantes de seguridad deberían estar más tiempo"
Desde hace casi tres meses el consultorio taustano cuenta con dos vigilantes de seguridad los fines de semana y los días festivos las 24 horas.
Desde el pasado 17 de diciembre, el centro de salud de Tauste cuenta con dos vigilantes de seguridad los fines de semana y los festivos las 24 horas. Una medida que la plantilla de este ambulatorio venía reclamando desde hace tiempo y que se implantó tras sufrir el personal sanitario cuatro agresiones entre agosto y octubre del año pasado, algunas protagonizadas por miembros de una misma familia.
Las instalaciones, además, dispone en estos momentos con cuatro cámaras de vigilancia interiores, además del par que ha instalado el Ayuntamiento taustano en el exterior enfocando a la fachada. El botón del pánico funciona por fin adecuadamente, antes era imposible por la mala cobertura teléfonica, y también se ha instalado un videoportero automático nuevo en la segunda puerta de urgencias por la que se accede al interior de las instalaciones.
"Estamos más tranquilos, pero los vigilantes deberían estar más tiempo entre semana", reconoce la coordinadora de Enfermería y presidenta del Consejo de Salud, Mari Lorente. La presencia de estos profesionales ejerce, en su opinión, un efecto "disuasorio" muy importante que es "necesario" especialmente durante la Atención Continuada, cuando por las tardes y noches solo trabajan dos personas del equipo durante 15 horas.
Tras un año y medio en el que se sucedieron los altercados, Lorente asegura que la situación ha mejorado y en este 2023 han probado "el funcionamiento del botón del pánico pero no lo hemos tenido que utilizar". Las denuncias interpuestas por los incidentes se saldaron recientemente con una orden de alejamiento por sentencia de los agresores de dos de las enfermeras del centro de salud. "Sobre todo se trata de una medida que busca nuestra protección, porque estamos en un pueblo pequeño y nos podemos encontrar en cualquier momento en la calle", explica esta profesional. No obstante, asegura que si alguna de estas personas acudiera al consultorio enferma "la atendería sin ningún problema".
El Ayuntamiento de Tauste tiene autorización para contar con 39 videocámaras. "Tenemos instaladas una veintena en la zona centro y vamos a continuar colocándolas en las instalaciones municipales y avenidas", apunta el alcalde, Miguel Ángel Francés. Para este 2023 el presupuesto incluye una partida de cerca de 50.000 euros para estos dispositivos. Sobre sus efectos reconoce que se han reducido actos vandálicos: "Tenemos un ascensor en la plaza de España que lo habían vandalizado en dos ocasiones y con las cámaras no se ha repetido".
Cámaras para el consultorio de Casetas
El de Tauste no es el único centro de salud en el que se han adoptado medidas. En el consultorio del barrio zaragozano de Casetas, donde una médica y una enfermera fueron amenazadas el pasado octubre, se han instalado seis videocámaras interiores y un videoportero nuevo.
Mientras, en el Amparo Poch de Zaragoza, donde una mujer que acompañaba a su hija amenazó a dos enfermeras el pasado 25 de enero, funcionan desde hace tiempo cinco cámaras, aunque los profesionales reclaman personal de seguridad. El también zaragozano Torre Ramona, que registró un violento altercado contra una médica el pasado noviembre, cuenta desde hace tiempo con el botón del pánico que se vio obligada a pulsar esta sanitaria.
Los profesionales sanitarios esperan la publicación de un protocolo de actuación para violencia externa para el personal de este sector, que complete al que ya vio la luz para todos los funcionarios, a partir del que se elaborarán mapas de riesgo y se regularán las medidas a adoptar en cada consultorio.
La portavoz de Sanidad de CSIF, Jessica Fessenden, espera que este protocolo incorpore demandas planteadas por los sindicatos. Entre ellas destacó que Sanidad asuma la responsabilidad patrimonial cuando se sospecha «fehacientemente» que un usuario ha causado daños o desperfectos a posesiones o enseres de un sanitario pero no se puede demostrar «porque nadie lo ha visto o no está grabado por una cámara». «Tenemos el caso de una profesional en Andorra a la que le quemaron el coche en el parquin, pero como no se ha podido demostrar quién fue le están reclamando la factura de la extinción», puso como ejemplo.
Otra mejora que se reclama es que los profesionales mantengan sus retribuciones salariales de origen cuando por una agresión se ven obligados a cambiar de centro. Los sindicatos también confían en que se regule la modificación del mobiliario en las consultas de tal forma que les facilite escapar del agresor y zafarse de él.
