El Departamento de Sanidad reforzará de forma gradual a partir de la próxima semana la seguridad en los centros de Aragón para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores. Ante una pregunta del grupo parlamentario de Vox en el pleno de las Cortes de Aragón, la consejera del ramo, Sira Repollés, ha recordado que a partir del 1 de marzo comenzarán a implementar una serie de acciones incluidas en el preacuerdo firmado con los sindicatos médicos Fasamet y CESM Aragón, un documento que este viernes pasa precisamente por la Mesa Sectorial.

La diputada de Vox Marta Fernández ha preguntado a la consejera por las medidas para proteger a los profesionales de los centros sanitarios de la Comunidad, tras la última agresión que sufrieron dos enfermeras del Amparo Poch, en Zaragoza. En este sentido, Repollés ha mencionado que la Consejería tiene "una serie de espacios y órganos en los que se debaten y se acuerdan medidas" para favorecer la protección de este colectivo. En concreto, ha dicho, la Mesa Técnica de Agresiones se reunió el pasado 25 de enero, "justo al día siguiente de producirse las agresiones en el Amparo Poch". Se comunicó a la representación sindical, ha asegurado, el proyecto en el que está trabajando el Salud que establece criterios objetivos que permitan determinar "qué medidas de seguridad implementar en cada centro".

A partir de la próxima semana se empezarán a poner en marcha de forma gradual las medidas incluidas en el documento suscrito con los sindicatos médicos encaminados a mejorar la seguridad laboral de los profesionales sanitarios. Y ha enumerado las acciones, entre las que se encuentra "promover la imposición de sanciones ante infracciones de los usuarios que supongan agresiones o trato inapropiado a profesionales o instalaciones sanitarias".

Además, deberán realizarse campañas publicitarias y colocarse cámaras de seguridad en los centros sanitarios que hayan registrado agresiones a profesionales, contemplando un presupuesto específico para esta medida de protección. El acuerdo contempla elaborar un mapa de riesgos de los centros de salud y poner vigilantes de seguridad en aquellos que se considere necesario en función del mismo. Asimismo, en caso de agresión el paciente autor de la misma deberá ser asignado a otro profesional sanitario, dada la pérdida de la relación sanitario-paciente.

Por último, el documento incluye que se creará el nombramiento de un responsable de agresiones en cada Dirección de Atención Primaria que pueda servir de enlace con los coordinadores de los equipos de Atención Primaria.