tribunales

Un empresario del transporte de Zaragoza se juega 4 años de cárcel

La Audiencia Provincial sentará el próximo lunes en el banquillo al acusado por la denuncia que presentaron contra él cinco transportistas.

CAMIONES EN LA N II
Imagen de archivo de varios camiones circulando por la N-II en Zaragoza.
Guillermo Mestre

La Audiencia de Zaragoza sentará el próximo lunes, 13 de marzo, en el banquillo de los acusados a un empresario del sector del transporte para el que varios proveedores solicitan hasta cuatro años de prisión

De lo que le acusan es de encargarles numerosos portes a sabiendas de que no iba a pagarlos. Durante la instrucción del caso, el investigado, Manuel Carlos E. A., negó que actuara de mala fe y aseguró que fue la «crítica situación económica» de su negocio la que le impidió hacer efectivos los pagos. Pero el hecho es que los denunciantes llevan ya casi siete años esperando cobrar. Y reclaman cerca de 140.000 euros más los correspondientes intereses.

Los hechos que dieron lugar a este procedimiento penal se remontan al año 2016, cuando la mercantil TLM CAT E. A., dedicada al transporte de mercancías por carretera y de la que era administrador único el acusado, encargó distintos servicios a una serie de transportistas a los que pagó mediante pagarés. Sin embargo, ninguno de ellos pudo cobrar, ya que la cuenta bancaria de la empresa no tenía fondos.

Los afectados intentaron recuperar su dinero instando varias reclamaciones por la vía civil. Sin embargo, todo estos procedimientos resultaron igualmente fallidos al no existir bienes con los que hacer frente a la deuda. De ahí que los perjudicados optaran finalmente por acudir a la vía penal y acusar al empresario Manuel Carlos E. A. de un delito de apropiación indebida. O, de forma subsidiaria, de estafa.

Varios son los motivos por los que estos transportistas consideran que el encausado quiso engañarlos desde el primer momento. El primero y principal, que nunca instara el concurso de acreedores, ya que de esta forma, dicen, les ocultó la falta de liquidez de su empresa. «Se contrató a los denunciantes a lo largo de todo 2016, entregándoles cheques y pagarés a sabiendas de que a su vencimiento no existiría liquidez para ser atendido su pago», señala la acusación particular.

La Fiscalía considera acreditados los hechos denunciados por los transportistas, pero no coincide en la calificación penal. De hecho, para la acusación pública, no estaríamos ante un delito de alzamiento de bienes continuado o de estafa, sino ante un delito de frustración de la ejecución. Porque aunque los procedimiento civiles instados por los afectados sirvieron para reconocer la deuda por parte del acusado, «ninguno ha podido satisfacer su crédito ni trabar embargo sobre los bienes del deudor al haber desaparecido los mismos».

En consecuencia, el Ministerio Público propone una pena distinta para Manuel Carlos E. A. En concreto, dos años de prisión y una multa de 3.600 euros.

Un hermano también denuncia

Además de los cinco transportistas que dejaron de cobrar por su trabajo, hay un sexto denunciante. Se trata de un hermano del empresario acusado, que actuó como administrador solidario de la mercantil bajo sospecha hasta noviembre de 2015, cuando fue cesado. Según este, durante el tiempo que trabajó para la empresa prestó servicios y aportó bienes por un importe total de más de 43.000 euros: cantidad que también reclama.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zaragoza ya se pronunció en la vía civil sobre esta reclamación, dictando una sentencia en la que se condenaba a la sociedad a abonar la suma solicitada más las costas del procedimiento. En total, 57.577 euros.

La defensa aprovechará el juicio que se celebrará la próxima semana –si la huelga de Letrados de la Administración de Justicia no lo impide– para insistir en que nunca hubo dolo en la forma de actuar de su cliente.

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