El Gobierno de Aragón ha hecho ya efectivo el cheque de 200 euros para familias con menos de 27.000 euros de ingresos, una medida que anunció el presidente autonómico, Javier Lambán, el pasado mes de septiembre para paliar el impacto de la inflación. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en la comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, a petición del grupo parlamentario popular, que le recriminó su “falta clara de liderazgo, ineficacia en la gestión y reiterado incumplimiento de promesas”.

Ante las críticas esgrimidas por la portavoz de Ciudadanía y Derechos Sociales del PP, Marián Oros, respecto a “la falta de capacidad demostrada para aplicar políticas transversales e integrales”, Broto defendió la gestión de su Departamento e indicó que “en estos ocho años, los Servicios Sociales han mejorado de una manera significativa”.

Los beneficiarios del complemento al IMV (Ingreso Mínimo Vital), de la PACIMV (prestación Aragonesa Complementaria al IMV) y de las pensiones no contributivas (PNC) han cobrado en la nómina del mes de enero el pago único de 200 euros anunciado por el Gobierno de Aragón para paliar los efectos de la inflación. En total, lo han recibido 10.592 personas y ha supuesto por el momento el desembolso de 2.118.400 euros. La estimación es que puedan cobrarlo en torno a 17.000 personas, ya que la Consejería está a la espera de las solicitudes del resto de beneficiarios del IMV que no tienen el complemento y de los que no disponen de datos. El objetivo, según adelantó Lambán en septiembre, era llegar a las “familias con más dificultades”.

Orós pidió respuestas a la consejera sobre "la transparencia en las residencias, la Fundación Tutelar, la ley de discapacidad, las listas de espera con respecto a la discapacidad y la Atención Temprana, el servicio aragonés de inclusión, la prestación aragonesa complementaria y las ayudas de integración familiar y los famosos 200 euros". "Se han pagado en la nómina de enero, se pagaron ayer", ha adelantado Broto. Entre las cifras que ha puesto sobre la mesa está la del número de plazas residenciales financiadas con fondos públicos, donde se ha pasado de 9.702 en 2019 a 10.203 en 2022, "500 más". Incidió también en el decreto que regula la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales en las comarcas y ayuntamientos: "Es un decreto importantísimo porque significa consolidar las plantillas de los centros de Servicios Sociales, los que están en el día a día con los ciudadanos, ahí está la clave de todo lo demás". En 2011, el presupuesto para estos centros era de 10 millones; en 2013 bajó a 7, dijo; en 2022 lo que reciben las comarcas, "además con planes plurianuales", es de 45 millones; poniendo en marcha el servicio de ayuda a domicilio. "Que significa además de más 900.000 horas que se han dado en ayuda a domicilio, el contrato de 2.600 personas".

La consejera abordó los proyectos e iniciativas en las que trabaja Ciudadanía, y destacó, entre otros aspectos, la modernización del proceso administrativo para la obtención del título de familia numerosa, incluyendo la tramitación telemática. En materia de consumo, dijo, se están reforzando los derechos de los consumidores y una prioridad es "atender las consultas, reclamaciones y denuncias que van creciendo significativamente, también con el agravante del cierre de la junta arbitral de Zaragoza".

Broto ha hecho referencia también al plan de choque para reducir el tiempo de espera de las valoraciones de discapacidad: "Es un acuerdo al que cada comunidad llega con el Gobierno de España". "Estoy satisfecha de que hemos cumplido, de que de verdad el servicio de dependencia, con 33 personas contratadas para que funcione, ha hecho un gran trabajo", ha indicado: "En 2021 tuvimos una financiación del Gobierno de España de 54 millones; y en 2022, de 77. Y que además el proyecto para 2023 es que sea mayor. Cuando tengamos la certificación de dependencia de 2022 verá que el incremento ha sido grandísimo. Tanto de la aportación presupuestaria del Gobierno de España como del de Aragón". El trámite, en estos momentos, son "192 días desde que una persona pide la dependencia hasta que la tiene".

Respecto a la Fundación para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón explicó: "Lo que más me molesta es que la llamen chiringuito. Hablamos de una fundación que es fundamental, que atiende a más de mil personas tuteladas por el Gobierno de Aragón y que queremos hacerlo de una manera adecuada. Es un proyecto que tenemos desde 2015". "Queremos hacer una fundación pública porque queremos tener más flexibilidad para trabajar con estas personas". 

Críticas del PP en materia de dependencia

La diputada popular ha criticado que "Aragón figura como una de las cuatro comunidades más ineficientes respecto al gasto en servicios sociales". Unos datos, ha señalado Orós, que han quedado reflejados en el último informe de la asociación de directores y gerentes de los servicios sociales. 

“Los aragoneses tiene derecho a recibir una prestación y hacerlo con calidad”, ha indicado, poniendo el acento en ejemplos que "reflejan los fallos de gestión del Ejecutivo de Lambán". "En ayuda a domicilio Aragón ofrece 25 horas al mes cuando la media es de 34,5 horas; la cobertura de los centros de día esta más de un punto por debajo de la media y no hay plazas concertadas; en acogimiento familiar Aragón está en el 30% cuando la media se sitúa en el 40".

Y se ha mostrado también muy crítica en matera de dependencia, ya que "este Ejecutivo ha rebajado las listas de espera dando prestaciones de baja intensidad y además Lambán se dedica a hacer anuncios, diciendo que va a incrementar las cuantías, mejorar la intensidad, compatibilizar servicios, pero siguen sin decir cuándo, cómo, a quién y con qué recursos van a hacerlo”.