La DGA exige más paradas de bus al Estado para paliar el recorte de servicio a 111 pueblos
Soro especifica que 115.651 aragoneses se verán obligados a hacer transbordos para utilizar las rutas de largo recorrido
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, exige al Gobierno central un mayor número de paradas de bus para paliar el recorte previsto con la reordenación de las concesiones estatales. Soro especificó que 111 de los 151 municipios afectados se van a quedar sin cobertura y estarán condenados a hacer transbordos en autocares regionales hasta las tres capitales y los otros 16 municipios en los que únicamente seguirán parando las rutas de largo recorrido a partir de finales de 2024.
José Luis Soro insta al Ministerio de Transportes a negociar un mayor servicio, de modo que se dispongan más paradas fijas en municipios en función de su población, demanda o su posición estratégica, además de que se establezcan a la demanda, como ocurre con los autocares de ámbito autonómico. De otro modo, especificó, se castigará a 115.651 aragoneses con peores comunicaciones, "precisamente en zonas que sufren la despoblación".
Por todo ello, el consejero requirió al Ministerio a sentarse a negociar, dado que por el momento solo se les ha solicitado información sobre la línea Madrid-Teruel-Valencia, una de las que se verían afectadas.
El plan, remitido a las comunidades autónomas, especifica que con la reconfiguración se va a dejar de prestar de manera directa hasta 1.650 tráficos interautonómicos que afectan a Aragón, mayoritariamente con Castilla-La Mancha (460), Cataluña (353), Castilla y León (274) y Valencia (241), aunque también los hay con otras seis comunidades. "El usuario deberá realizar un transbordo entre dos servicios estatales o entre uno estatal y otro autonómico", indica.
El consejero de Vertebración del Territorio lamentó que esta decisión provocará situaciones verdaderamente sangrantes. Como ejemplo puso la situación de nueve municipios de la Ribagorza (Aneto, Arén, Benabarre, Diseminado, Ginasté, Montanuy, Montañana, Sopeira y Tolva) que, de facto, perderán su actual conexión con la vecina Lérida. "La línea estatal desaparecerá y por tanto lo que les cuesta ahora unos minutos se alargará horas porque deberán bajar a Barbastro, coger un bus estatal hasta Lérida para luego de nuevo transbordar a otro autonómico catalán", explicó.
El caso extremo sería el de Aneto, que con la ruta estatal puede viajar ahora en 20 minutos a Pont de Suert, situada a 20 kilómetros, pero con la reestructuración ahora tardará en el mejor de los casos (sin tiempos de transbordos) más de 4 horas y debiendo recorrer 290 kilómetros con sendos transbordos en Barbastro y Lérida.
De la misma forma, los usuarios de Sigüés, para ir a Pamplona, deberán viajar en dirección contraria para coger el bus estatal en Jaca y pasar de largo por su pueblo. Si ahora puede hacer el viaje en 40 minutos, se alargará más de dos horas y 90 kilómetros extra. "Esto se soluciona con una parada a la demanda", añadió.
Su reclamación está incluso justificada por el propio anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que especifica que se podrán atender otras paradas en las líneas estatales, más allá de las principales poblaciones, "cuando así lo justifique la demanda previsible".
Impacto económico
José Luis Soro también destacó que con la reordenación estatal hasta 62 municipios se quedarían incluso sin servicio de bus al depender ahora de concesiones del Ministerio, pero gracias a la ampliación de la cobertura autonómica con la licitación en curso se llegará a todos los núcleos de más 10 de habitantes.
Por ello, insistió en exigir una compensación por asumir parte del coste del servicio actual de las concesiones estatales, las que tienen un recorrido exclusivamente autonómico, estimado en 2 de los 20,3 millones de déficit previsto con el nueva mapa concesional aragonés. Las 19 concesiones están pendientes de adjudicación y la previsión es que las empresas empiecen a prestar servicio en el segundo semestre. "Es una obligación de servicio público que va a recaer en las arcas autonómicas", dijo.
Soro recurrió a un símil para defender su reclamación económica. "Es como si el Ministerio dijera que solo es de su competencia la alta velocidad y nos endosara, sin financiación, la cobertura de los servicios regionales y de cercanías que son obligación de servicio público", aseveró.
Traspaso de responsabilidad
El consejero trasladó igualmente sus críticas al citado anteproyecto de ley, dado que traspasa directamente a las autonomías la responsabilidad de garantizar el servicio de transporte entre municipios de territorios limítrofes cuando exista relaciones de movilidad cotidiana. Es más, el Estado solo se arroga la potestad de "participar" en la financiación de estas rutas.
La postura del Ejecutivo aragonés está respaldada por las Cortes de Aragón, que el pasado otoño acordó de forma unánime, a iniciativa del PP y de Cs, reclamar una "rectificación" en las nuevas concesiones que se pretenden licitar en dos años.
