Casi 850 millones de inversión en renovables peligran en Aragón por el atasco ministerial
26 parques de Forestalia y Capital Energy deben tener declaración de impacto en 2 meses, pero siguen a la espera desde 2020. Solo 11 de los 336 proyectos que se tramitan en Madrid han superado por ahora el trámite.
El atasco administrativo que sufre el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) hace peligrar una inversión en energías renovables de casi 850 millones de euros en el Maestrazgo y en Zaragoza. Hasta 26 parques eólicos y fotovoltaicos de Forestalia y Capital Energy perderán el derecho de acceso y conexión a la red y los avales millonarios depositados si no logran la declaración de impacto ambiental en dos meses. Y lo peor es que ambas compañías iniciaron su tramitación hace dos años y han cumplido los requerimientos solicitados hasta el momento, según confirmaron fuentes oficiales.
Los plazos fijados por decreto por la ministra Teresa Ribera obligan a todos los proyectos que obtuvieron el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica antes de mediados de 2020 a superar el trámite ambiental el próximo 25 de enero. Este hito solo lo han superado 11 de los 336 parques planteados en Aragón que tramita Transición Ecológica, con una potencia de 18.658 megavatios. En la lista hay tres parques eólicos de Grupo Jorge, Repsol y Villar Mir y ocho plantas solares de Grupo Jorge y de las petroleras Total y Galp. Entre todas suman 1.393 megavatios.
El resto de actuaciones, incluidas el grueso de las dos empresas afectadas, disponen de un colchón temporal mayor al haber obtenido el derecho de acceso a la red con posterioridad. En algunos casos llega hasta finales de 2024, aunque la acumulación de proyectos en todo el país es de tal envergadura que hace prácticamente inviable cumplir el calendario fijado por el Estado.
La preocupación es máxima en el sector energético y advierte de que hasta 100.000 megavatios renovables están en riesgo. En un informe de Deloitte, redactado junto a las principales eléctricas del país (EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy), se alerta de que «el acusado retraso» que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas -renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico- supone «el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030». Del mismo modo, tampoco se estaría en condiciones de cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El contrapunto, en la DGA
El número de plantas solares y fotovoltaicas que tramita el Gobierno aragonés es muy superior, 593, un 76% más, pero su potencia global es inferior, 11.557 megavatios. En su caso, se reforzó la plantilla hace meses y las empresas dan por hecho de que se llegará a cumplir el plazo fijado.
Desde Forestalia subrayaron a este diario que han cumplido «con todos los trámites documentales y respondido en plazo y forma a todos los requerimientos recibidos de la Administración», por lo que esperan que la Administración «cumpla también en plazo y forma con sus compromisos de tramitación». Y de forma tajante añadieron que no contemplan otro escenario.
En su caso, tiene en juego 22 parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas en el Maestrazgo, cuya tramitación comenzó en noviembre de 2019 y en diciembre de 2020. No obstante, el grueso de sus proyectos que dependen del Miteco, que suman 13.352 megavatios, el 71,5% del total, cuentan con un mayor plazo, que oscila entre la próxima primavera y finales de 2024.
No fueron tan diplomáticos en Capital Energy, ya que aludieron sin tapujos al «problema tremendo» que tiene el sector en la tramitación de los proyectos que ya tienen concedido el acceso, especialmente en la tecnología eólica. La compañía madrileña también tramita otros parques eólicos que no están en peligro en las provincias de Zaragoza y Teruel que suman 1.083 MW. «Debemos centrarnos en lo que es urgente, que es no solo recuperar la senda de crecimiento sino alcanzar lo que le corresponde a un país con un potencial como el nuestro, que tiene el mejor recurso renovable combinado de viento y sol de toda Europa con mucha diferencia», valoraron.
Además, advirtieron de que está en juego liderar otros sectores industriales de alto valor añadido, como los del hidrógeno verde, el almacenamiento o la movilidad eléctrica.
La situación ha llevado tanto al sector como a las administraciones autonómicas a reclamar una flexibilización en los plazos asociados a los hitos intermedios de los proyectos, ya que consideran imposible atender en tiempo y forma las solicitudes.
No obstante, se prevé una sustancial criba de proyectos en los próximos meses en la fase de autorización ambiental, al menos, en Aragón. Por el momento, ya se han tumbado este año dos plantas fotovoltaicas previstas por Endesa en Alcañiz e Híjar que rozaban los 171 megavatios y un parque eólico de Capital Energy.
Además, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha impuesto fuertes condicionantes a los proyectos que han logrado el aprobado, entre ellos el soterramiento parcial de las líneas de evacuación y la obligación de parar los aerogeneradores cuatro horas al día entre julio y octubre ante la elevada mortalidad de murciélagos en un parque cercano al que se tramita.
Los geógrafos avisan de que el impacto acumulado sería irreversible
El Colegio de Geógrafos de Aragón advierte de que el impacto ambiental acumulado de los proyectos de energía renovable, fruto de su fraccionamiento para cumplir con la normativa, puede ser «irreversible». A su juicio, ha habido «deficiencias» en su planificación, por lo que reclama a las administraciones que «paren y reflexionen» sobre la hoja de ruta.
Este colectivo ha pactado un manifiesto en el que reivindica la necesidad de ordenar el sector ante la proliferación de propuestas, con las que se podría quintuplicar la potencia instalada. Lejos de posturas maximalistas, los geógrafos proponen un paquete de medidas legales, técnicas, ambientales y socioeconómicas y defienden una transición energética basada en las renovables, pero con una «adecuada valoración y planificación territorial de su impacto».
Por ello, reclaman revisar el impacto acumulado ante el citado fraccionamiento y suspender aquellos proyectos que parcelen o dividan el territorio para cumplir con la normativa ambiental vigente.
Para reforzar la supervisión, urgen una reforma legal para que los informes del Consejo de Ordenación del Territorio, muy crítico con la situación, sean vinculantes y no solo preceptivos. También piden activar la Agencia de Integridad y Ética Públicas y el registro de ‘lobbies’ y aplicar sendas directrices de energía y de paisajes para regular la planificación y hacerla compatible con los compromisos adquiridos en el Convenio Europeo del Paisaje.
El colectivo va más lejos y defiende que a los territorios en los que se desarrollan los proyectos se les debe compensar con «mejoras» en su régimen fiscal.
El presidente del Colegio de Geógrafos, Rafael Martínez, apuntó que el manifiesto se ha remitido a la Asociación de Colegios Profesionales y al director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador. Martínez sostuvo que el impacto de las plantas foltovoltaicas es «muy agresivo» y se deben poner en marcha otro tipo de estrategias para minimizar el impacto paisajístico.
Con esta iniciativa, los geográficos se unen a otros colectivos profesionales que con antelación han mostrado su preocupación, como el Colegio de Ingenieros de Caminos. Además, el Consejo de Protección de la Naturaleza instó hace dos años a la DGA a «paralizar cautelarmente» la aprobación de todos los proyectos de renovables hasta disponer de una directriz que ordene su implantación.
