Los empresarios de Teruel, entre la decepción y el enfado por el "poco calado" de las bonificaciones del Gobierno
Críticas por la escasa cuantía de unas ayudas que, según los patronos, no son suficientes para generar nuevos empleos en la provincia y luchar contra la despoblación.
"Es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer", afirma Carlos Pérez, gerente de Emipesa -una compañía de transformación de áridos de Mora de Rubielos-, al valorar el impacto que tendrán las ayudas anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ayuda a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria a paliar los problemas derivados de la despoblación. Pérez, al frente de una industria con 150 trabajadores, considera que el Ejecutivo "no se moja lo suficiente" para revertir la regresión demográfica de las tres provincias, que necesitan de medidas "más contundentes" para remontar.
Carlos Pérez dirige una de las principales empresas de la comarca de Gúdar-Javalambre, con 60 años de trayectoria y fundada por su padre, Emilio Pérez. Cuenta con 10 centros de trabajo, entre canteras y plantas de producción, repartidos por las tierras altas de la provincia de Teruel. A su juicio, con las bonificaciones de la Seguridad Social anunciadas -el 5% con carácter general, el 15% para nuevos contratos y el 20% para nuevos contratos en municipios de menos de 1.000 habitantes- no se van a atraer inversiones a la provincia. Critica que no beneficien a los trabajadores autónomos y la disparidad entre la ayuda para los contratos actuales, el 5%, y los que puedan venir, el 15%. A su juicio, es igual de importante consolidar el empleo actual que generarlo. Mora, con 1.539 habitantes, queda fuera del máximo descuento previsto.
Este industrial considera que, para que tengan impacto, los porcentajes de bonificación deben aplicarse al total de los costes laborales, como autoriza la UE, en lugar de limitarse a rebajar la Seguridad Social. La cuantía de la bonificación se quintuplicaría si la base de cálculo fuera la suma de salarios y cotizaciones, respecto de la aplicación sobre estas últimas únicamente, como anunció Sánchez. Con la primera opción, que había generado expectación entre el empresariado, se abriría "una gran oportunidad" de desarrollo para la provincia, afirma el empresario.
Carlos Pérez considera que, si el Gobierno optara por el máximo de rebaja posible y aplicara el 20% de bonificación de los costes laborales, la mitad del ahorro debería repercutir en mejoras de salarios y condiciones de trabajo para estimular la llegada y asentamiento de los trabajadores. El resto del descuento permitiría ampliar la empresa con inversiones y ventajas competitivas. "Nos serviría para crecer", afirma.
Independientemente de las ayudas que puedan llegar de la Administración y en las que los empresarios "no tienen muchas esperanzas", la clave para revertir la despoblación de Teruel, Cuenca y Soria pasa, según este industrial, por aplicar "políticas de Estado" que generen "cohesión territorial". Pone como ejemplo de países que han conseguido avances en este campo a dos de sus principales proveedores de maquinaria: Suecia con Volvo y Alemania con Liebherr. Las dos compañías tienen fábricas repartidas por el territorio. En el caso de la firma germana, "sus 25 plantas de producción están en el medio rural", asegura.
Poco calado
Una de las perjudicadas por la exclusión de los trabajadores autónomos de las bonificaciones es Sandra Ríos, titular de un comercio textil en Gúdar-Javalambre, la comarca de la que partió en gran medida la reivindicación de una fiscalidad diferenciada para la provincia en razón de su despoblación. Ríos, con tres empleadas en su establecimiento, reconoce que ha sido "un hito histórico" haber conseguido que la UE modificará su reglamento para posibilitar las ayudas al funcionamiento de Teruel, pero a continuación señala que la bonificación "debería ser de más calado para que sean determinantes par conseguir resultados".
A su juicio, si no se amplían las bonificaciones anunciadas, la provincia "perderá una oportunidad histórica para luchar contra la despoblación". Añadió que las ayudas solo se podrían ampliar a territorios colindantes en el futuro, cuando en 2027, al acabar la actual programación de fondos, los resultados de su aplicación sean positivos, de acuerdo a la evaluación de la UE. Si no tienen efecto, se habrá perdido una ocasión de oro para revertir la despoblación.
Critica la exclusión de los trabajadores autónomos de las bonificaciones, porque son "la mayoría" de las empresas en el medio rural. Sandra Ríos se muestra "decepcionada" con la subvención general, del 5%, pero matiza que podría tener sentido si se aplicara sobre el conjunto de los costes laborales, no solo sobre la cotización de la Seguridad Social. Cuestiona también la diferencia de la rebaja entre los contratos vigentes, del 5%, y los futuros, del 15%, porque estima que la "prioridad" debería ser consolidar las empresas y el empleo existentes.
El empresario Alejandro Monfort, propietario de Teruel Glass, con 100 empleados la capital turolense, es contundente en su crítica a la bonificación anunciada. "Es un engaño y una tomadura de pelo a los empresarios que apostamos por la industria en la provincia", dice. Explica que también tiene factorías en Zaragoza, Valencia y Barcelona y, debido a las malas comunicaciones, la lejanía de los mercados y otros inconvenientes, "en Teruel se consiguen los mismos resultados que en las otras provincias con del doble esfuerzo". Para él, la ayuda anunciada se queda en "una propinilla" sin ningún efecto práctico en la generación y consolidación del empleo.
Parecida postura manifiesta el empresario hostelero Goyo Rodríguez, con 70 empleados entre sus restaurantes de Villafranca del Campo y La Puebla de Valverde. En su opinión, las ayudas anunciadas son solo "una cortina de humo" vinculada a la proximidad de las elecciones locales de 2023.
