terrorismo
La Fiscalía General del Estado defiende la actuación de la fiscal en el atentado de ETA contra Madariaga
El teniente de la Guardia Civil presentó una queja sobre cómo actuó la Fiscalía.
Un informe de la fiscal jefa inspectora María Antonia Sanz, de la Fiscalía General del Estado, defiende la actuación de la fiscal de la Audiencia Nacional de sobreseer la investigación del atentado de ETA contra el teniente de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga, un aragonés que fue ametrallado el 3 de febrero de 1979, en la casa cuartel de Andoain (Guipúzcoa), junto a otro compañero suyo que murió (José Díaz Pérez, de 24 años).
El oficial presentó una queja porque considera que en el archivo del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional de su caso “no se ha considerado como una cuestión judicial sino como una decisión política” ya que la Fiscalía reconoció en 2006 que la autoría de su atentado correspondía al comando Adarra, pero no se llegó a imputar a ninguno de sus cuatro componentes.
Entre los miembros de ese comando se encontraba el etarra José Pikabea, con quien la víctima llegó a entrevistarse en la prisión de Zaballa el 26 de marzo de 2014. La queja de Madariaga detalla que la grabación de esa conversación en ese centro de Álava, a la que acudió también el director de la cárcel Juan Antonio Pérez-Zarate y una funcionara, “no se ha utilizado en este proceso”.
La fiscal inspectora detalla que no se aceptó que se realizara el careo judicial entre la víctima y el terrorista, que defendieron la acusación particular y la representante del Ministerio Fiscal, porque lo desestimó el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional.
Asimismo, en su informe defiende que la fiscal denegó que el soporte informático de esa entrevista en la prisión no se uniera a la causa de Andoain y solo se utilizó en otra porque Pikabea reconocía su autoría en el asesinato del estanquero Carlos García Fernández de Eíbar, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1980, y ya estaba prescrito cuando lo confesó.
Madariaga ha mostrado su discrepancia abierta con la actuación de la Fiscalía y califica de “dejación de funciones” la actuación porque le impide saber la verdad y no se le ha respondido a lo que ha solicitado.
La responsable de la Fiscalía General del Estado avala la actuación de la fiscal al considerar que hay “insuficiencia de indicios” para poder acusar a una persona determinada y su actuación “no tiene por qué coincidir con la de quien ejercía la acusación particular”. Esa discrepancia “no conlleva irregularidad”, concluye el informe.
La víctima ha agradecido a la Fiscalía General del Estado que le hayan contestado sobre los motivos de su queja, aunque ha mostrado su desacuerdo con la resolución porque considera que había pruebas suficientes para sentar en el banquillo a José Pikabea, quien lleva varios meses en tercer grado, fuera de la prisión de Zaballa.
