terrorismo
Miguel Angel Madariaga: media vida buscando la verdad de su atentado
El comandante aragonés retirado Miguel Ángel Madariaga reclama que la justicia reabra su caso, ocurrido en 1979 en Andoain (Guipúzcoa), antes de que prescriba.
Miguel Ángel Madariaga Lope lleva más de la mitad de su vida investigando el atentado de ETA que sufrió hace 42 años en la comandancia de la Guardia Civil de Andoain, pero solo ha conseguido que la Audiencia Nacional no lo haya archivado, esté sobreseido provisionalmente y sin prescribir. Ninguno de los cuatro etarras del comando Adarra a quienes apunta como autores del atentado han sido juzgados por el asesinato de su compañero, José Díaz Pérez, de 24 años, ni por el ametrallamiento que sufrió en el mismo atentado, cuando tenía 30 años, que le provocó lesiones gravísimas. Todavía lleva una bala incrustada en la pelvis que le ha quedado como recuerdo.
Cuando llega cada año el 3 de febreros, Madariaga, un comandante de la Guardia Civil retirado por el atentado que sufrió en 1979, revisa todas las investigaciones que llevó a la Audiencia Nacional, como el informe 26/2006 que aportó, y todavía no comprende que el juez y la fiscal no le hayan escuchado ni hayan sentado en un banquillo a los etarras que, según ha investigado, lo dejaron medio muerto. Se reabrió el sumario, imputaron a los etarras Kepa Picabea y Francisco Javier Lujambio Galdeano, pero el caso no avanzó. Ya ha sufrido cómo salió en libertad condicional Picabea de la cárcel de Martutene en 2019 y Lujambio fue excarcelado en 2013. A ninguno de los dos les han reclamado su participación en el atentado.
“Quiero saber la verdad, porque la justicia no me ha ayudado y ha sido un obstáculo más que una solución”, proclama Madariaga para defender su derecho que cree se ha vulnerado y acabará prescrito en 2033 por el paso del tiempo. Desea encontrar alguna vía que le ayude como un ciudadano en la Unión Europea o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque los juzgados de su país no le han respondido con el sumario 72/88. De momento, le informan que tiene que pasar antes por el Supremo (donde ya ha reclamado la actuación para Picabea) y el Constitucional para salir después al extranjero.
El atentado que sufrió era un sábado a las 19.45, cuando las empresas suelen estar cerradas. Pero el etarra Kepa Picabea alegó para defenderse que ese día estaba trabajando en una fábrica de ascensores en Hernani. Eso le contó a Madariaga cuando fue a visitarlo a la cárcel de Zaballa (Álava) en marzo de 2014, donde Picabea reconoció que fue integrante del comando Adarra.
La conversación de la víctima con el etarra no se pudo utilizar en la instrucción de la Audiencia Nacional y Picabea fue llamado a declarar por videconferencia desde la cárcel porque al parecer no le apetecía tener que ser trasladado a Madrid, en la que no reconoció nada. Luego envió una carta al juzgado en la que contó que en esos momentos había muchos comandos y no se conocían entre ellos, cuando en realidad estaba imputado por pertenecer al Adarra.
El comandante de la Guardia Civil lamentó que el juez Fernando Andreu impidiera que el etarra Kepa Pikabea fuera interrogado por los investigadores de la Benemérita, ni que testificara el director de la cárcel de Zaballa, quien estuvo presente en la entrevista de la víctima con el terrorista, ni facilitara un careo entre la víctima y el sospechoso.
“En esa conversación, que consideró secreta Instituciones Penitenciarias, se demuestra que Pikabea participó en los cinco atentados del comando Adarra, entre ellos el mío”, reclama Madariaga. “Me pidió perdón de manera general y confesó el atentado del estanquero de Eibar porque estaba prescrito”.
El etarra perteneció a los comandos Adarra, Eibar Urco, Goierri Costa y el Donosti reconstituido, pero fue uno de los primeros que integró la Vía Nanclares con el Gobierno del PSOE en 2012, y el hecho de participar en el documental ‘Al final del túnel’ le supuso ser trasladado de la prisión de Zuera a la de Zaballa (Álava) y que lo protegieran ante peticiones de víctimas de sus atentados como la del comandante aragonés.
Madariaga recuerda que acudieron a visitarlo a su casa de Zaragoza el director de atención a víctimas del Gobierno Vasco, Txema Urkijo, y Maixabel Lasa (viuda del gobernador civil Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000) para hablarle de las bondades de Pikabea y evitar que continuara en su iniciativa de aclarar su atentado. También apunta que Urkijo le retuvo una carta que le envió el etarra durante dos años, “un error” que provocó su cese en el puesto.
“La retención de una carta durante dos años y el considerarse secreta una entrevista en Zaballa, que debe servir como prueba para aclarar mi atentado y los otros cuatro del comando Adarra han sido las formas de actuar de la Justicia con este atentado y el sospechoso”, critica la víctima. “Picabea no podía trabajar el día del atentado porque estaba cerrada la empresa y Lujambio estaba con él en la fábrica de ascensores”, agrega.
Las pruebas de su atentado se descubrieron a raíz del atentado del bar Huici de Goizueta, ocurrido el 16 de mayo de 1980, donde se emplearon las mismas armas que en su atentado (una metralleta Stein, de donde tiene alojado un proyectil en la pelvis, y un fusil) y fueron incautadas. Los cuatro integrantes del comando legal Adarra (Kepa Picabea, Francisco Javier Lujambio, Agustín Arregui Perurena y Juan Oyarbide Aramburu) huyeron a Francia el mismo día, entregaron las armas a Domingo Iturbe Abasolo y ya estaban en busca y captura.
Arregui Perurena murió en un ataque a la Guardia Civil en Hernani en 1984 y Juan Oyarbide falleció en otro enfrentamiento con agentes de la Benemérita en la autopista de Irún en 1989. Lujambio fue condenado a 54 años como autor material del atentado del Bar Huici, mientras Picabea se libró de todos los atentados cometidos por el comando Adarrra.
“Tengo las pruebas del atentado, con DVD que conseguí de los investigadores de la Guardia Civil, pero no han servido de nada. Solo para que en 2006 se abriera el proceso y el fiscal Jesús Santos reconoció que el comando Adarra cometió nuestro atentado de Andoain, pero luego pidió que lo archivara”, concluye Miguel Ángel Madariaga.
“En mi caso, se han tomado decisiones que no se ajustan a la ley, entiendo que motivadas por decisiones políticas, en lugar de judiciales. Tuve la mala suerte de que en 2006 se relajó la Justicia porque el Gobierno de Zapatero estaba negociando con ETA, que consta en las famosas actas de Thierry”, resume la situación que le empujó a su caso al sobreseimiento provisional.
Madariaga tiene muy claro que como víctima, desde hace 42 años de su atentado, ha hecho toda la investigación, ha aportado “las pruebas” e incluso tuvo que ir a la cárcel de Zaballa para “hacer las preguntas al etarra, que, como mínimo, el juez y la fiscal deberían haberlas hecho” porque era su misión en la videconferencia e incluso que estaba haciendo en el momento del atentado aquel 3 de febrero de 1979. “Quizás se hubieran llevado sorpresas”, concluyó.
