terrorismo
Una víctima de ETA cuestiona en una carta la actuación de la Audiencia Nacional con su causa
La Fiscalía le responde que no ven nuevos datos para reabrir la investigación del atentado del comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga en Andoain en 1979.
El comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga, que sobrevivió a un atentado de ETA que sufrió el 3 de febrero de 1979, ha remitido varias cartas a la Audiencia Nacional para cuestionar que matengan archivada su causa, a pesar de que lleva años como investigador consiguiendo información para reabrirlo. Por eso, defiende que debería celebrarse un juicio contra el etarra Pedro José (Kepa) Pikabea Ugalde, que ahora está en libertad provisional.
La misiva que ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional llega a señalar que "como víctima" de un atentado terrorista, ha tenido que "hacer el trabajo, que se le supone y debe hacer la Fiscalía". "Ahora no me puede decir que no existen pruebas porque las hay desde 1980, aparte de otras posteriores que no fueron admitidas por la fiscal, como no permitir nuevas diligencias", señala Madariaga en la dura misiva.
La Fiscalía le contestó alegando que "los distintos fiscales que han procedido a su estudio manifiestan que no se aprecian datos nuevos o distintos a los ya valorados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional" y, "en consecuencia, no se puede proceder a la reapertura del procedimiento (número 72/1988 del Juzgado Central de Instrucción 4)".
El comandante de la Guardia Civil reconoce que en 2006 se admitió por parte del Ministerio Fiscal que su atentado (en el que falleció otro guardia civil y él fue gravemente herido en Adoain) fue obra del "comando legal Adarra" pero no se ha llevado a juicio a sus miembros, entre los que se encuentra Pikabea Ugalde.
La víctima precisa en su misiva que en 2012 imputaron por su atentado a los dos miembros del comando de ETA que estaban vivos (Kepa Picabea y Francisco Lujambo Galdeano) y deberían haber ido a declarar el 17 de diciembre de 2012, pero el primero que estaba preso en el País Vasco lo hizo "por videconferencia" y lo negó. Aunque fueron imputados, no se llegó a celebrar un juicio contra los etarras y se archivó provisionalmente.
Madariaga llegó a visitar al etarra sospechoso de su atentado en la prisión de Zabaya en 2014, pero el contenido de esa conversación no se pudo incluir en la investigación judicial porque no se reclamó desde la Fiscalía y tampoco se permitió citar como testigo al director del centro.
"¿Por qué se le permitió declarar por videoconferencia, sin motivo, cuando un mes más tarde acude a la Audiencia Nacional como testigo del comando Donosti, y la única versión del atentado que conoce la víctima es la que le dio el propio Pikabea?", cuestiona Miguel Ángel Madariaga. "¿Por qué se le permitió en su declaración que se riera de la víctima cuando manifestó que después de treinta años, cómo se le podía juzgar cuando era un joven idealista que había empleado las armas y ahora había cambiado?".
La víctima critica que la Audiencia Nacional no permitió que la Guardia Civil interrogara al etarra, como reclamó la Fiscalía, y no se admitió como prueba la entrevista que tuvo él con el etarra el 26 de marzo de 2014, después de que la autorizara el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro, y se realizara en presencia del director de la cárcel y una funcionaria.
De hecho, Madariaga precisa que en esa entrevista el etarra le confesó que había asesinado a un estanquero en Eibar (Carlos García Fernández, el 7 de octubre de 1980) y esa parte de su conversación le sirvió judicialmente, aunque como ese delito estaba prescrito no le supuso un juicio ni condenas. "¿Por qué en el caso del asesinato del estanquero sí y en el mío, no?", pregunta en su carta.
También menciona que su abogado Xabier Etxebarria, coordinador de la Vía Nanclares (una salida para los miembros de ETA), se opuso a cualquier digilencia que sirviera para aclarar su atentado y argumentó que debería estar prescito ya porque ocurrió en 1979 cuando se reabrió en los años 2006 y 2012.
En ese sentido, el comandante retirado de la Guardia Civil se dirigió al fiscal Marcelo Azcárraga, coordinador de las víctimas del terrorismo, para recordarle su caso porque el sumario está sin prescribir y se sobreseyó provisionalmente por la Audiencia Nacional, pero no quiere perder su última oportunidad. Llegó a presentar una queja ante el defensor de la Unión Europea en enero pasado.
