Denuncian símbolos franquistas en el Arzobispado de Zaragoza
El abogado de las víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, dice que lo advierte desde 2015, y las autoridades recuerdan su apuesta por la legalidad.
Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, ha presentado el martes 11 de octubre peticiones a ocho municipios de España para que cambien su nombre y a veinte arzobispados, entre ellos el de Zaragoza, y obispados para que retiren simbologías franquistas en aplicación de la recientemente aprobada ley de memoria democrática.
Ranz dice en su carta que “actualmente en el territorio diocesano del Arzobispado de Zaragoza se encuentra el Rosario de Cristal con el escudo anticonstitucional, perteneciente a la Iglesia católica, todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica”, y dice a HERALDO que ha cursado varias cartas al Arzobispado, “desde 2015, y que no he recibido respuesta alguna. En este período ha entrado en vigor la nueva ley y he vuelto a solicitar la eliminación del escudo preconstitucional”.
El Arzobispado, a través de su gabinete de comunicación, dice que siempre “apuesta por la legalidad y la razón”, y recuerda que “somos escrupulosos observantes de la ley. Tanto en materia de legislación como en patrimonio vamos de la mano del Gobierno de Aragón, con el que tenemos una relación cordial”, agregan. HERALDO ya informó de un caso similar en 2018: la procesión de algún farol Rosario de Cristal salió “con un paño tapando símbolos inadecuados”, y se agregaba que “ahora ya no sale”. “En cualquier caso, por ahora no hemos recibido ninguna carta o requerimientos”, añadió el Arzobispado.
En su comunicado, el letrado Ranz recuerda que aún existen ocho municipios que no tienen nada que ver con Aragón, con nombres dedicados “a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea de España”. En concreto menciona tres en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz; otros tantos Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Ranz alega que el artículo 35 de la nueva ley establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos.
A su vez relaciona veinte territorios diocesanos con símbolos franquistas y explica que la ley señala que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso pero con proyección a un espacio o uso público las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
En este sentido hace referencia a siete arzobispados, los de Oviedo, Mérida-Badajoz, Pamplona-Tudela, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y el ya citado de Zaragoza. Igualmente incluye en esta demanda trece obispados, los de Getafe, Alcalá de Henares, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Almería, Córdoba, Coria-Cáceres, Ourense, Orihuela-Alicante, Santander, Tui-Vigo, Calahorra y La Calzada-Logroño y Segovia.
Eduardo Ranz advierte de que el artículo 61.2.d) de la ley califica como infracción grave el mantenimiento de simbología franquista en un ayuntamiento o en el seno de la iglesia católica. Asegura que dicho precepto establece que “el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares” supondrá una multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
El abogado se congratula de que “pronto la simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá y será gracias a una ley democrática”. Sin embargo, lamenta que aún estén presentes “en carreteras, mapas o centros religiosos de España simbología que recuerda al franquismo”.
