Jiménez Villarejo: "Los consejeros del poder judicial deben dimitir"

Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) ingresó en la carrera fiscal en 1962 y ejerció hasta 2003, cuando fue cesado y tuvo que dejar la jefatura de Anticorrupción. Ha intervenido en multitud de causas penales (llevó a la cárcel a Mario Conde, por ejemplo) y siempre ha sido libre en sus decisiones. Fundador de Justicia Democrática de oposición al franquismo, acaba de presentar en Zaragoza las memorias de una vida dedicada a luchar contra la corrupción, a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática.

Tres tomos de memorias cuando los fiscales no hablan casi fuera de los tribunales ¿mucho, no?

El fiscal es una parte sustancial del sistema judicial y procesal del cualquier estado democrático y cumple la función de defender la ley y los derechos humanos. Desde que ingresé en la carrera en 1962 hasta que me cesaron en 2003 he intervenido en infinidad de causas en el ámbito penal y siempre, hasta en la dictadura y tuvo su coste, he sido prudente y libre y he tratado de ser coherente con los principios democráticos que deben inspirar al fiscal.

¿Usted es de los que creen que hay una justicia para ricos y otra para pobres?

Tan contundente, igual no. Desde luego durante la dictadura era claro que la justicia era solo para los que estaban en contra del régimen dictatorial o quiénes, por su pobreza, se veían compelidos a delinquir. Cuando la corrupción en España alcanzó niveles elevados (a principios de los 90) hubo un intento de dar una respuesta igualitaria para todos los ciudadanos independientemente de su riqueza, pero siempre ha habido una tendencia en el aparato judicial y el Ministerio Fiscal a favorecer a aquellas personas de mayor estatus y poder económico y social. No diría que sea la norma, y hay fiscales y jueces coherentes con sus deberes éticos y profesionales

¿Hay leyes que benefician a quienes cometen delitos económicos más graves? Léase amnistías fiscales, atenuantes de reparación del daño, regularizaciones cuando Hacienda los descubre...

La regularización fiscal está en el Código Penal y es un elemento de favorecimiento de los delitos de fraude cometidos por grandes fortunas y por personas que ocultan capitales en paraísos fiscales. El sistema económico capitalista favorece la delincuencia económica y de las personas con un rango social y económico más alto que los demás. Esto es evidente y lo he vivido. En los casos de delitos fiscales ese régimen de favor que se otorga a quienes regularizan en un plazo el fraude cometido debería estar excluido del Código Penal hace tiempo porque favorece el delito.

También parece que se cambian leyes ad hoc para beneficiar a personas acusadas de fraudes, como en el caso Urdangarín.

El régimen establecido en el Código Penal y complementado por la ley penitenciaria tiene tendencia a favorecer el adelantamiento del cumplimiento de la pena mediante beneficios penitenciarios que dan lugar a que personas de cierto nivel económico o social o de determinadas profesiones salgan a la calle mucho antes de lo que les hubiera tocado.

La corrupción ha salpicado a la política, la banca, la empresa ¿Hay remedio legal para eliminarla?

Juristas como Stefano Rodotà hablan de que la corrupción está vinculada de manera casi inevitable a un establishment determinado. Es decir, aquellos que gozan de ventajas sociales y económicos también las tienen para que los abusos que cometan en el ejercicio de sus poderes sean respondidos de forma atenuada. La corrupción es consecuencia de gobernar de forma arbitraria, aunque no se muestre de forma clara y evidente. La corrupción es un mecanismo que no solo perturba sino que destruye los fundamentos y cimientos de un sistema democrático.

¿La forma de funcionar de los partidos políticos ha sido un semillero de corrupción?

Sin duda. Hasta la ley de 2015 los partidos podían ser financiados con créditos de entidades bancarias. Esto introducía una especie de simiente que favorecía los pactos entre los partidos y los bancos y a partir de ahí podían vulnerar la legalidad. ¿Cómo puede ser que desde 1978 no se dictara la primera ley de partidos hasta 2002? Ley que solo dice a los cargos públicos que se comporten bien. Eso es consentir y permitir que los partidos se conviertan en instrumento de enriquecimiento ilícito y la corrupción penetre en ellos.

Y cuando los tribunales dictan condenas surgen los indultos. ¿Qué opina?

El indulto es una institución decimonónica que debería desaparecer. Atribuye al Gobierno unas facultades que sustituyen, corrigen y superan al poder judicial, a los tribunales penales que son los que tienen un conocimiento serio y fundado de los elementos para dictar sentencia. El Gobierno no ha sido elegido para administrar justicia sino para organizar el país y asegurar un modo de vida justo para los ciudadanos. He visto conceder indultos a policías condenados por torturas. Eso es un modo de corregir y sustituir a la justicia.

¿Qué piensa del bloqueo y la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial?

La crisis del Poder Judicial es gravísima. Reprocho a los consejeros que sigan ahí cuando falta la mitad de los miembros. Su pasividad está causando un perjuicio directo a los órganos judiciales de cierta magnitud como el Tribunal Supremo o el Constitucional, porque los juzgados y las audiencias continúan haciendo su función con independencia de los problemas del órgano de Gobierno. Pero me pregunto ¿por qué no dimiten todos si ha caducado el plazo?, así se provocaría inmediatamente la necesidad de una renovación del consejo. Pero hay una especie de continuidad artificial y falsa de un poder judicial que carece de competencia y eficacia. La respuesta justa sería: abandonen los cargos y los sueldos que cobran.

"Sigo siendo un poco idealista"

Carlos Jiménez es un malagueño que vive en Barcelona y que conoció Aragón de forma forzosa, cuando fue trasladado-castigado en 1973 por su activismo en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Recuerda los dos años de estancia en Huesca como una época dura, pues tuvo que separarse de su mujer y sus hijos, pero le brindó la ocasión de conocer a personalidades de la talla de Santiago Marraco, que luego sería el primer presidente de Aragón elegido en las urnas, o Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón.

Ríe cuando rememora que un colaborador le dijo un día: "Me han dicho que ayer estuvo reunido en su piso con el obispo Javier Osés". "Eso da idea de las cosas que les preocupaban y me vigilaban. Pero vamos –añade– eso era lo que menos me preocupaba a mí. Fueron años duros, me prohibieron entrar en la cárcel de Huesca y hablar con los presos. A estas alturas sigo siendo un poco idealista».