El juzgado admite a trámite la querella por prevaricación de Adislaf contra la DGA
La fundación presentó la querella contra el secretario técnico del departamento de Ciudadanía y un arquitecto del área.
El juzgado de Zaragoza ha admitido a trámite la querella por prevaricación que presentó Adislaf contra el Gobierno de Aragón. La juez encargada del caso "ve indicios", por lo que "se van a tramitar una serie de diligencias previas o investigatorias para que se compruebe si efectivamente se ha producido un presunto delito". Así lo ha confirmado el abogado de la fundación, Luis Nivela Santonja, quien ha indicado que "casi al 100% tengan que ir a declarar" los acusados, el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, además de a un arquitecto del área.
Por el momento, la juez del caso ha oficiado al IASS y a la Fundación Adislaf que realicen los trámites pertinentes. Todavía se desconoce cuándo podrían ser citados por el juzgado, según indica el abogado de la organización sin ánimo de lucro.
Además, el presidente de Adislaf ha explicado este martes que recibieron una resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía por la cual se les ha concedido la autorización provisional condicionada para la residencia. El Ayuntamiento de Zaragoza ya aprobó la renovación de la licencia de actividad de la residencia hace más de dos años.
La Fundación Adislaf se querelló contra las mencionadas personas al considerar que habían mantenido una actitud "hostil" contra ellos. Además, denunciaron que el Ejecutivo autonómico les adeuda 955.800 euros. Dicen que el Departamento de Economía no les hizo llegar las ayudas estatales para los tres Centros Especiales de Empleo que tiene la asociación. Asimismo, aseveran que la Consejería de Derechos Sociales no está pagando los conciertos de las plazas de su residencia de Las Fuentes, a pesar de que en 2019 ya solucionaron el problema que tenían con la licencia y que supuso la anulación de los conciertos.
La organización sin ánimo de lucro, que da trabajo a más de 200 personas y la componen cerca de 350 familias, se encerró durante una semana en sus instalaciones. Posteriormente, comenzaron las movilizaciones en la calle, que llevan a cabo los jueves en algunos lugares del centro de Zaragoza, donde han reclamado en varias ocasiones el cese de la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, así como la consejera de Economía, Marta Gastón, por la "crítica situación" que atraviesa la fundación. Según su presidente, José María López, no podrán hacer frente a los pagos de las nóminas de septiembre.
