La DGA prepara una ley de vivienda que prevé destinar pisos desocupados a fines sociales
El borrador del anteproyecto, que esperan llevar a las Cortes pronto, insta a evitar la especulación, primar los sorteos de VPO y vigilar los alojamientos de temporeros.
El Gobierno de Aragón ultima un proyecto de ley de vivienda, al margen de la norma nacional, para hacer efectivo el derecho de los residentes en la Comunidad al "disfrute de una vivienda digna y adecuada". Busca, también, fortalecer las políticas públicas que permitirán atender a los colectivos más vulnerables, a través de herramientas como el registro de pisos desocupados, todavía pendiente. En el borrador de anteproyecto se defiende que la intervención pública garantice una oferta suficiente de suelo para evitar la especulación, se apuesta por los sorteos a la hora de adjudicar pisos de protección y se incorporan medidas de control de las condiciones de habitabilidad de los alojamientos temporales para los trabajadores agropecuarios.
La legislatura se agota y la nueva ley de vivienda de Aragón es una de las asignaturas pendientes del cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y Podemos). Aunque se trabaja en ella desde hace mucho tiempo, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar una norma estatal paralizó la tramitación. Unos meses después se decidió seguir adelante, y el anteproyecto va ya por su segunda versión. Desde la Consejería de Vertebración confían en que se apruebe pronto en el Consejo de Gobierno para poder remitirlo a las Cortes y que se tramite antes de que se convoquen las elecciones. Declinaron valorar su contenido porque se trabaja "intensamente" para finalizarlo.
La futura ley está llamada a unificar la dispersión normativa actual, dar seguridad en la tenencia de viviendas y mejorar las condiciones materiales. Para buscar la participación social se lanzó una consulta pública en septiembre de 2020, cuyas aportaciones se tienen en cuenta en la redacción del proyecto. Se han de sumar al acuerdo del cuatripartito que, en su pacto de gobernabilidad, planteó que la Administración garantizará una "alternativa habitacional digna" a toda persona privada de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio y que seguirá impulsando el registro de viviendas desocupadas y el programa de captación de viviendas vacías.
Las viviendas desocupadas
En el registro de viviendas desocupadas de Aragón deberán inscribirse todas las que estén sin uso residencial durante seis meses en un año y que sean de titularidad de entidades financieras, sociedades de gestión de activos o grandes propietarios (los que tengan al menos quince inmuebles). Se admitirán, como causas justificadas de que estén vacías, que no permitan su uso por motivos de habitabilidad, que estén pendientes de la resolución de litigios o que hayan sido ocupadas de forma ilegal.
En el artículo 92 del borrador, se establece que las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias y los grandes propietarios de viviendas "deberán poner a disposición de la Administración las viviendas desocupadas de Aragón que sean de su propiedad y que procedan de ejecuciones hipotecarias o de dación en pago cuando el parque de viviendas públicas sea insuficiente para dar una respuesta adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad".
En estos casos, la Administración designará a una persona para ocupar esas viviendas y, mediante una orden del departamento de Vivienda, se determinarán las condiciones básicas del arrendamiento, las rentas aplicables y el contrato. No podrá ser superior al 30% de los ingresos del inquilino (el 25%, en los casos de especial vulnerabilidad). A las personas desahuciadas se les ofrecerá una alternativa habitacional, siempre que actúen de «buena fe», de forma que quedan vetados los que opten, previamente, por la ocupación ilegal.
Una de las novedades que incluye el borrador del anteproyecto es que se deberá acudir de manera inexcusable a un sistema de mediación antes de recurrir a la vía arbitral o judicial en los casos de conflicto en torno a una vivienda cuando se trate de la residencia habitual del afectado.
También se impone que se ofrezca explicaciones "adecuadas, sencillas y comprensibles" sobre los préstamos hipotecarios a los compradores de pisos para evitar situaciones de indefensión.
Viviendas de protección
Figura en el texto que se impulsará el registro de vivienda protegida que recoge el pacto de gobierno, como una herramienta que permitirá gestionar la oferta y la demanda y hacer un seguimiento de los pisos públicos. La Administración recuperará el control del proceso de adjudicación de VPO para "garantizar la objetividad y la transparencia" y fijará el sorteo como sistema preferente. La propietarios podrán vender las viviendas a la Administración pública.
El borrador prevé sanciones que oscilarán entre los 150 y los 150.000 euros, en función del tipo de infracción. Recoge, en las disposiciones adicionales, una vigilancia especial a los alojamientos de los trabajadores agropecuarios temporales. Mientras no se desarrolle un reglamento específico, fija la obligatoriedad de que se cumplan los requisitos de habitabilidad y dignidad. Si no el empleador no lo cumple, deberá proporcionar un alojamiento adecuado en dos días y, si no lo hace, la dirección de Vivienda podrá imponerle una multa de 1.000 euros.
En cuanto a la habitabilidad, desde la entrada en vigor de la ley, una vez supere la compleja tramitación y si nadie lo veta, no se autorizarán proyectos de construcción que contemplen pisos con superficies útiles inferiores a los 40 metros cuadrados.
