El Seprona señala a los cinco presuntos responsables del gran incendio de Ateca
Todos ellos están relacionados con los trabajos de reforestación que, según los primeros indicios, causaron el fuego.
La responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ya tiene sobre la mesa el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre las causas del incendio forestal que arrasó 14.000 hectáreas de monte y cultivos en Ateca y otros diez términos municipales de la comarca de la Comunidad de Calatayud.
Como se apuntó desde el principio, el minucioso trabajo de campo llevado a cabo tras el fuego permite concluir a los especialistas que fue una grave imprudencia durante las labores de reforestación que se ejecutaban en la zona la que desató las llamas. Y como presuntas responsables de la misma, la Benemérita señala a cinco personas. Por una parte, el conductor de la pala-excavadora o retro-araña que provocó la chispa inicial y su encargado. Por otra, tres empleados de la empresa Land Life, encargada del proyecto de reforestación.
Las diligencias penales llevarán su curso y la imputación oficial de los investigados no se producirá hasta que la juez los cite a declarar asistidos por sus respectivos abogados, trámite que podría producirse el próximo mes de septiembre. Y habrán de preparar a conciencia su comparecencia, porque la irresponsabilidad que el Seprona atribuye a estos cinco empleados se castiga de forma severa en el Código Penal (CP). En principio, los investigadores descartan el delito doloso e intencionado y se decantan por la imprudencia grave. Pero el artículo 358 del CP prevé condenas de entre 5 y 10 años de prisión para los causantes de "un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas".
El fuego declarado el pasado 18 de julio, que no se dio por extinguido oficialmente hasta el 1 de agosto, obligó a desalojar a cerca de 2.000 vecinos de cuatro poblaciones: Moros, Villalengua, Alhama de Aragón y Castejón de Las Armas. Al final, no hubo que lamentar víctimas personales, pero la evacuación se llevó a cabo porque las llamas amenazaban los cascos urbanos de estas localidades. Y todo apunta a que este será un argumento al que se aferrará la Fiscalía a la hora de depurar responsabilidades.
La DGA denunció ante la Fiscalía
La denuncia formalizada por el Gobierno aragonés a raíz del incendio de Ateca hizo que la Fiscalía Provincial de Zaragoza abriera unas diligencias de investigación. Sin embargo, la apertura de una causa penal en los juzgados bilbilitanos a raíz del atestado del Seprona ha hecho que el Ministerio Público cierre automáticamente sus pesquisas y remita lo actuado a la juez.
Las llamas que desencadenaron el peor incendio forestal de los últimos años en Aragón se originaron en una finca privada de Bubierca, en la que la empresa Land Life llevaba a cabo trabajos de reforestación, en plena ola de calor y con más de 40 grados.
La empresa Land Life confía en las pesquisas de la Guardia Civil
La empresa promotora de los trabajos de reforestación por los que se originó el fuego en una finca a caballo entre los términos municipales de Bubierca y Ateca, la holandesa Land Life, expresó este lunes, a través de su director regional, Francisco Purroy, su "confianza total en las investigaciones que se están llevando a cabo, y respeto absoluto por el trabajo de la Guardia Civil". Sobre el momento en el que se encuentran las pesquisas y el proceso judicial, el responsable de la multinacional cuya sede en España está en Burgos explicó que "no se ha recibido ninguna citación de Fiscalía ni de los juzgados".
Por su parte, desde la compañía Campos Rey, a la que se habían externalizado los trabajos forestales y que ejecutaba las labores de hoyado en plena ola de calor, han preferido no responder sobre los avances comunicados por el instituto armado.
Esta firma, radicada en Ejea de los Caballeros, acumula años de experiencia en encargos similares, incluso en la propia zona afectada por el incendio. En 2020 trabajó para el Gobierno de Aragón en un pinar de repoblación en el término de Moros. Asimismo, también para la DGA, en 2011 actuó en Alloza (Teruel) en una zona afectada por un incendio con el fin de reducir la erosión.
