Ayudas
Un plan para afrontar la crisis
El Ministerio de Agricultura ha presentado el paquete de ayudas con el que se quiere mitigar los efectos derivados de la guerra de Ucrania en la agricultura y la ganadería. Un plan en el que el sector ve luces, sombras y muchos interrogantes.
Unos lo califican como "uno de los planes más potentes que se recuerdan al margen de las ayudas de la Política Agraria Común". Otros le ven "luces, sombras y muchos interrogantes". Para algunos "es insuficiente", mientras que los más le exigen "concreción". Y todos ellos se refieren al paquete de ayudas económicas con el que dispondrá el sector agrario y pesquero español para hacer frente al impacto económico y social de la guerra de Ucrania.
El plan suma 430 millones de euros, a los que hay que añadir los 78 millones en los que se ha cuantificado el impacto en el sector de una de las medidas de cuya aplicación (solo hasta el 30 junio) se beneficiará toda la ciudadanía: la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible. Y aunque en su mayor parte este montante saldrá de las arcas del Estado, las cifras incluyen también la aportación económica que llegará desde Bruselas a España -como el resto de los socios comunitarios- para ayudar a agricultores y ganaderos a hacer frente al alza de precios de las materias primas y de la energía.
Porque fue la Comisión Europea la primera en dar un paso al frente para dar respuesta a la herida que la invasión de Ucrania está abriendo en el sector agroalimentario, uno de los más afectados por el impacto del conflicto bélico en los mercados. El Ejecutivo comunitario decidía el pasado 23 de marzo activar el fondo de crisis de la Organización Común de Mercado (OCM) única para todos los productos agrarios, una reserva concebida para apoyar al sector en caso de crisis que afecten a la producción o la distribución y que se nutre restando a los perceptores de la PAC un porcentaje de su pago único, siempre que este sea superior a los 2.000 euros.
De esta ‘hucha’ saldrán 300 millones, a los que sumarán otros 150 millones procedentes de márgenes presupuestarios de las cuentas de la Comisión Europea. Y de estos 500 millones, España recibirá 64,5, lo que la convierte en el segundo país comunitario -fue la que lideró la petición- que más ayudas recibe de este fondo.
Dado que la Unión Europea permite complementar este montante con apoyos nacionales de hasta el 200%, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido llegar hasta la cifra máxima, por lo que aportará 129 millones, de modo que la cuantía total alcanzará los 193,47 millones de euros con los que el Ejecutivo subvencionará a los sectores agrarios y ganaderos más afectados por el complicado escenario de crisis.
El sector lácteo tienen un papel protagonista en el reparto de estas ayudas. De hecho, los productores de vacuno y ovino de leche, unos de los más afectados por el encarecimiento de los precios energéticos y el disparado coste de las materias primas y que ya antes de la guerra en Ucrania estaba trabajando con unos márgenes muy estrechos por el incremento de los costes de producción, son los destinatarios de 169 millones de euros. Una cifra que, según los cálculos del Ministerio de Agricultura, beneficiarán a 19.000 explotaciones ganaderas, 11.700 de vacuno (en Aragón apenas quedan 69 vaquerías). Hay también una partida de 68,18 millones de euros para la pesca (un sector con nula presencia en la Comunidad por razones obvias).
No todas las organizaciones profesionales agrarias han recibido con el mismo ánimo las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez. Pero todas coinciden en señalar que no serán suficientes para mitigar el brutal impacto que el desbocado incremento de los costes de producción está provocando en las explotaciones agrícolas y, sobre todo, en las ganaderas.
Exigen además concreción, porque aunque el Ministerio ha detallado el destino de las ayudas de las que pueden beneficiarse el sector lácteo y el pesquero, queda todavía por definir cómo será el reparto de las ayudas dotadas con el fondo de reserva de la PAC. Y en esa decisión, Planas ha pasado la patata caliente a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas, a cuyos máximos responsables ha pedido que elaboren una lista con los sectores vulnerables a los que deberían llegar estos apoyos.
Ya se sabe cómo se repartirán los 169 millones de euros que el Gobierno pondrá a disposición de los productores de leche españoles. De esta cantidad, 124 millones de euros son para el vacuno de leche, a razón de 210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario; 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas. Otros 32,3 millones de euros los recibirán los ganaderos de ovino de leche, que cobrarán 15 euros por animal, mientras que el resto, unos 12,7 millones de euros, tendrá como destino las explotaciones de caprino, para las que se ha dispuesto una ayuda de 10 euros por cabeza.
Se tiene claro también que estos apoyos, que se gestionarán, según ha explicado el Ministerio de Agricultura, de una forma "urgente e inmediata" dada las graves dificultades que atraviesan este sector por el encarecimiento de las materias primas, beneficiarán a 19.000 explotaciones -11.700 de vacuno y 7.300 de ganado ovino y caprino-, la inmensa mayoría de ellas situadas en las comunidades de la cornisa cantábrica y en Castilla y León, pero no tendrán una gran repercusión en Aragón, donde este sector apenas aglutina a una 70 explotaciones. Pese a ello, nadie en el sector agrario añade peros a este paquete lácteo que se considera un necesario e imprescindible "balón de oxígeno" para esta producción.
Lo que todavía no se sabe es cómo se realizará el reparto, tanto territorial como sectorial, de los 193,47 millones de euros -64 de ellos proceden de la reserva de crisis de la PAC que Bruselas destina a España- con los que el Ministerio quiere mitigar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania en la agricultura y la ganadería.
Es ahí donde las organizaciones agraria muestran sus incertidumbres. UAGA ya se ha puesto manos a la obra para que sus equipos técnicos estudien a fondo el contenido del decreto con el fin de elaborar una serie de propuestas "que conduzcan a un mejor reparto de las ayudas", señala la organización. Pero deja claro que, sea cual sea la decisión tomada, su premisa siempre será que estos apoyos tengan como destino "exclusivamente" las explotaciones profesionales y familiares, es decir, aquellas personas que se viven de la actividad agraria.
Desde UPA-Aragón son conscientes de que "todo el sector lo está pasando mal", pero reconoce que el ganadero "es el que peor situación tiene", por lo que verían con buenos ojos que las ayudas priorizaran especialmente a las producciones de carne de ovino, vacuno, porcino no integrado e incluso avícola.
Asaja comparte la preocupación por los problemas de rentabilidad que arrastran las distintas ganaderías, mientras que en Araga están convencidos de que dado que la actual crisis podría ser la puntilla para el sector ovino que convive desde hace años con graves problemas estructurales, "habría que tratar con cariño" a estas producciones. Pero recuerdan que además hay otras actividades que necesitan medidas coyunturales, entre las que señalan a "todas las ganaderías no integradas".
Cronograma de trabajo
También el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha manifestado ya cuáles son sus "prioridades" en el reparto de estas ayudas. Coloca en primera posición a la ganadería, tanto extensiva como intensiva, pero incluye en el listado de sectores vulnerables a los jóvenes recién incorporados a través del Programa de Desarrollo Rural, sea cual sea el ámbito de sus actividad, porque les ha tocado afrontar sus inversiones en un difícil escenario de sobrecostes, y también a las cooperativas, porque de su mantenimiento depende también la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones repartidas por toda la Comunidad.
Para saber por dónde se encaminarán las decisiones habrá que esperar. Aunque no debería de ser mucho tiempo, porque Luis Planas pretende que todas estas ayudas, cuya gestión y pago realizarán las comunidades autónomas con los fondos transferidos por el Estado, estén totalmente abonadas antes del 30 de septiembre.
Para cumplir estos plazos, el ministro, que ha pedido a las comunidades autónomas que, "si lo estiman oportuno, complementen estas ayudas para apoyar al sector que ahora tanto lo necesita", ha propuesto un cronograma de trabajo que incluye nuevas reuniones a lo largo de este mes con las consejeros autonómicos del ramo, con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias y con cooperativas agroalimentarias a lo largo de este mes para definir los sectores que deben recibir las ayudas de forma prioritaria en sus territorios.
El primer encuentro se celebrará el próximo día 6 de abril y será el secretario general de Agricultura y Alimentación y la secretaria general de Pesca quienes se reunirán con los participantes para coordinar criterios en la aplicación de los respectivos fondos.
Medidas que llegan de Bruselas
No son estas las únicas medidas. La Comisión Europea, consciente del impacto que la guerra de Ucrania está teniendo en el sector agroalimentario comunitario, también se ha puesto manos a la obra. Sus decisiones son de carácter económico y productivo.
Entre las primeras se incluyen, además de la activación del fondo de reserva de crisis de la PAC, la posibilidad de anticipar el pago de la ayudas de la Política Agraria Común a fechas anteriores al 15 de octubre, así como el almacenamiento privado de la carne de porcino, que supone la concesión de ayudas para retirar temporalmente dicha producción del mercado. El objetivo no es otro que reducir la oferta e incrementar los precios y suavizar así la complicada situación que arrastra el sector por el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia, la caída de las exportaciones a China, la expansión de la peste porcina y el disparado incremento de los costes de producción, escenario que se ha agravado por el conflicto bélico ya que Ucrania era, hasta ahora, un importante proveedor de materias primas para la producción de piensos.
Y precisamente por la pérdida de las importaciones del tan necesario cereal, la Comisión ha dado el visto bueno a una de las medidas exigidas por el sector agrario y sus representantes, y defendida también por el propio ministro español de Agricultura e incluso por el comisario europeo del ramo, Janusz Wojciechowski, como es la utilización de los barbechos para el cultivo de cereales y oleaginosas destinadas tanto a consumo humano como animal.
Para el sector agrario aragonés y sus representantes son bienvenidas todas las actuaciones que contribuyan a mitigar la difícil situación que está soportando el campo, pero consideran que estas actuaciones tienen un carácter muy coyuntural.
Por eso exigen soluciones estructurales que apoyan esencialmente en dos grandes pilares. Uno de ellos tiene que ver con la cadena alimentaria. Una ley que, según critican desde UPA Aragón -"parece que algunos de los eslabones se están tomando a cachondeo"-, establece que ninguno de sus agentes puede cobrar sus producciones por debajo de costes. Por eso, insisten, "ya es hora de que las comunidades autónomas se coordinen y se pongan a trabajar para definir cuáles son los costes de cada producción".
Quiere también el sector que "se meta mano a la distribución energética" para evitar prácticas "abusivas" y poner límites máximos al precio de la luz y los combustibles. Porque, advierten, "si llegamos a la cosecha con estos precios, será insostenible".
Vía libre para ocupar tierras que no se cultivan
La invasión invasión rusa a Ucrania dejó al descubierto (más que nunca) el déficit de cereales en la Unión Europea desde el mismo momento en que comenzaron los bombardeos sobre territorio ucraniano. De las fértiles tierras de este país llega una parte importante del maíz y girasol que consume el mercado comunitario, especialmente para nutrir a su potente ganadería.
Las miradas se volvieron entonces hacia las tierras agrarias de la Europa comunitaria -son cientos de miles de hectáreas- que, por motivos ecológicos, la UE obliga a dejar sin cultivar y que ahora (por necesidad) podrían volver a la actividad y suplir así, o compensar al menos, la pérdida de producciones que habitualmente se importan de Ucrania y Rusia. Y hacerlo sin perder el pago verde, esto es, las ayudas comunitarias con las que se remuneran las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Lo pidió con fuerza el sector y con rapidez poco usual la Comisión Europea dijo sí. El Ejecutivo comunitario publicaba el pasado 25 de marzo la Decisión de Ejecución UE 2022/484, por la que se establecen excepciones a la normativa comunitaria de la PAC en lo que respecta a la diversificación de cultivos y a las superficies de interés ecológico.
La aplicación de estas medidas, dice la Decisión de la CE, es opcional y tienen que ser los Estados miembros los que autoricen su aplicación en cada país mediante la modificación de su normativa nacional de la PAC. Es lo que ha hecho el Gobierno español, que ya ha incluido en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en el que se adoptan medidas urgentes en el marco del plan nacional para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania -publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado- ha incluido ya dicha modificación de la normativa nacional de la PAC para dedicar a pasto o al cultivo las superficie de barbecho en la campaña de este año.
Diversificación y SIE
La ambición medioambiental de la Política Agraria Común obliga a diversificar cultivo. Para cumplir este requisito, las explotaciones agrícolas de entre 10 y 30 hectáreas tienen que estar ocupadas por, al menos, dos cultivos diferentes, sin que el principal supongan más del 75%. Si la dimensión supera las 30 hectáreas, son tres los cultivos que tienen que albergar, de manera que el principal no supere el 75% y las dos producciones mayoritarias no superen el 95%. En esta práctica, uno de esos cultivos es precisamente la tierra que se deja sin cultivar, o lo que es lo mismo, el barbecho.
Con la excepción aprobada, las tierras en barbecho que hayan sido pastoreadas, segadas con fines de producción o sembradas con cualquier tipo de cultivo seguirán siendo consideradas como un cultivo distinto a efectos de diversificación.
Así, explica el Ministerio con un ejemplo, si un agricultor con 40 hectáreas tenía previsto declarar un 75% de la superficie ocupada por cebada, un 20% de barbecho y un 5% con girasol, ahora podrá sembrar ese 20% con girasol, cebada u otro cultivo y seguirá cumpliendo la norma.
Sucede los mismo con las llamada superficie de interés ecológico (SIE) a la que tienen que destinar el 5% de todas las explotaciones superiores a 15 hectáreas y entre las que se incluye el barbecho sin producción, que, de hecho, como recuerda el Ministerio, es el tipo de superficie que más se declara para el cumplimiento de esta práctica. Una superficie que, con dicha excepción, también sigue considerándose SIE aunque hayan pastoreadas, segadas o sembradas.
Esta decisión implica cambios a la hora de presentar las solicitudes de ayudas de la PAC. Explica el departamento que dirige Luis Planas que el agricultor tendrá que declarar los recintos en los que aplique dicha excepción y detallar con qué cultivo estará ocupado si lo que decide es sembrarlo. Este requisito permitirá a la administración las excepciones necesarias que el perceptor pueda continuar disponiendo del pago verde. Y obliga, por lo tanto, a las comunidades a adaptar los sistemas informáticos utilizado ahora para la presentación de la solicitud única de la PAC con el fin de establecer los mecanismo necesarios para identificar las parcelas afectadas por esta disposición.
Dado que la presentación de solicitudes comenzó el pasado 1 de febrero, aquellos agricultores que ya lo hubieran hecho podrán modificarla hasta el próximo 31 de mayo para añadir la información adicional.
Con esta decisión, el Ministerio estima que se podrían poner en producción 600.000 hectáreas de barbecho, por las que los agricultores cobraron el pasado año más de 1.390 millones.
