Aragón informó el 10 de marzo de 2020 de que los focos de covid estaban en las residencias
La entonces consejera de Sanidad, Pilar Ventura, explicó en el Consejo Interterritorial que habían intensificado las medidas.
La entonces consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, informó en el Consejo Interterritorial del 10 de marzo de 2020 de que «los focos de contagio estaban absolutamente concentrados en las residencias». Detalló, además, que se habían intensificado las medidas ampliándolas a todas las residencias de Aragón, tuvieran casos de covid o no. Es lo que figura en el acta 131 del Consejo Interterritorial, un documento que ve la luz dos años después del inicio de la pandemia.
En la reunión entre el ministerio y las Comunidades se daba cuenta de la suspensión de los vuelos directos a España desde Italia, de la compra centralizada de productos, no solo sanitarios, y de la suspensión de los viajes del Imserso por un mes y también de los eventos deportivos. En aquel momento, Madrid, País Vasco (Vitoria) y La Rioja eran las únicas zonas con transmisión comunitaria.
Aunque la situación en las residencias empezaba a ser compleja, públicamente solo se tenía constancia de que tres personas habían fallecido en Aragón por covid y de que había 32 infectados, con dos residencias afectadas. Pero la consejera aragonesa, en Madrid, ponía el foco en el punto donde iba a tener la Comunidad su principal problema, en las residencias, donde se han registrado desde entonces 15.900 casos y 1.704 fallecidos.
Ya el 1 de marzo de 2020, sin estar siquiera en «fase de mitigación» y con 73 casos confirmados, se pidió a las autonomías que dieran «recomendaciones claras» a los sanitarios para que no acudieran a jornadas o congresos.
La consejera de Aragón, que indicó que iba a valorar las medidas con su equipo y con Salud Pública, insto a que, si se iban a adoptar «medidas tan extremas» como suspender eventos, había que «explicar a la sociedad las medidas que se estaban adoptando». Pero no se hizo.
El 5 de marzo, con 234 casos, en el Consejo Interterritorial se insistía en que era básica la coordinación y se informaba de que había un flujo de viajeros diario de 10.000 a 12.000 personas entre Italia y España. Zaragoza mantenía aún su vuelo a Bérgamo, una de las zonas más afectadas.
La Ponencia de Vigilancia y Alertas estaba elaborando protocolos sobre las actuaciones para los profesionales sanitarios en el caso de exposición de riesgo en el ámbito sanitario; y medidas a adoptar en los colegios y en las residencias de mayores.
Ventura planteó por primera vez la escasez de mascarillas, y requirió medidas excepcionales. Pidió, además, que se establecieran protocolos consensuados para alumnos y profesores que se vieran afectados por el virus y solicitó que se trabajara «de forma conjunta» en la preparación de la fase de mitigación.
Galicia, Andalucía, Asturias, Extremadura y Castilla y León también solicitaron, como Aragón, material de protección. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que para la compra centralizada de medicamentos y productos no sanitarios «se estaba poniendo en marcha una serie de medidas» y que se trabajaba en un protocolo para los profesionales. Indicó, además, que se estaba intentando activar fondos de contingencia y aliviar así las cargas.
Fue el 9 de marzo cuando se habló por primera vez de «cuarentena de la población», según publicó ‘20 Minutos’, que ha tenido acceso a 116 actas de los Consejos Interterritoriales. Un día después de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno admitió que la situación y su forma de afrontarla habían dado un vuelco debido a los contagios.
La falta de mascarillas
Volvió a mostrar su «preocupación» por la carencia de material, en especial mascarillas, el director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo, el 11 de marzo de 2020. Y Salvador Illa le contestó, otra vez, que se estaba «trabajando en ello». Había, por aquel entonces, 2.147 casos, con una importante presión sobre los servicios sanitarios. Pese a las peticiones, el material apenas llegó. La DGA fue condenada por no facilitar EPI a los sanitarios.
También se refirió Falo a las medidas extraordinarias relacionadas con la concurrencia de eventos, e informó de que «estudiantes a los que les habían cancelado las clases estaban yendo a las pistas de esquí del Pirineo aragonés» y desde allí les solicitaban criterios. No figura en el acta respuesta al respecto. Dos días después, se constituía un gabinete de crisis en la DGA y se comunicaba el cierre de los colegios durante quince días, aunque la clausura duró hasta el 21 de junio por la declaración del estado de alarma.
El 6 de abril la covid se cobró 637 vidas en todo el país y la presión hospitalaria era «muy alta». Los suministros de material, decía Illa, «se estaban regularizando» y se incrementó la producción nacional en la que destacó la fabricación de equipos de ventilación mecánica. Se pedía, pese a ello, interlocutores en cada región para planear la desescalada.
Ventura informaba entonces sobre las infraestructuras habilitadas en Aragón para alojar a sanitarios y volvió a poner el foco en las residencias. Detalló en la reunión que en las residencias se trataba igual a los positivos que a los sospechosos e informó de los centros covid que se dispusieron cuando no era posible «aislar adecuadamente» a los afectados.
El reproche a Darias cuando impuso Pfizer frente a Astrazéneca
La suspensión de la vacunación con Astrazéneca ante el incremento de casos de extrañas trombosis ligadas a este fármaco, su reanudación y cambio de vacuna para la segunda dosis quedan reflejadas en algunas de las 116 actas de los Consejos Interterritoriales de Sanidad que abarcan la pandemia y que dio a conocer ‘20 Minutos’.
Los problemas con este suero empezaron en una reunión del 15 de marzo de 2021, que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, convocó para compartir con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas la «difícil decisión» de suspender temporalmente la administración de la vacuna Astrazéneca.
Días después, la decisión fue la de retomar su inoculación, pero solo a la población de 60 a 69 años. Para los menores de esa edad se planteó combinar vacunas y ponerles la segunda dosis de Pfizer, una opción que defendió a capa y espada la ministra hasta el Consejo Interterritorial del 19 de mayo en el que prácticamente todas las comunidades defendían otra opción, que finalmente se impuso: permitir que los afectados eligieran.
