Un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza denuncia la "precarización" de los contratos postdoctorales Margarita Salas creados por el Ministerio de Universidades con los fondos covid y de los que este mes cobrarán su primera nómina. El motivo de su queja es que la subvención inicial de 3.500 euros brutos mensuales para estancias en el extranjero y 2.800 para España se ve reducida un 32,6% al detraer la Universidad de estas cantidades la aportación a la Seguridad Social, la conocida como cuota de patronazgo que suele ser pagada por el organismo contratante.

El sueldo neto para los que se encuentran fuera de España se quedará en aproximadamente en doce pagas mensuales de 2.050 euros y para los que permanecen en centros de nuestro país en 1.650, según los datos aportados por el campus público. Además del 32,6% del coste patronal, a la cuantía de la ayuda hay que descontarle la cuota obrera, que es el 4,7% y el IRPF que, al tributar en España, rondará el 17%.

Las Margarita Salas son una de las tres patas del paquete de ayudas que diseñó el Ministerio con los fondos covid para la formación del profesorado universitario y la atracción de talento nacional y extranjero. La Universidad de Zaragoza recibió un total de 10.730.436 euros en tres partidas anuales para 2021, 2022 y 2023.

En el caso de las Margaritas Salas, destinadas a mejorar la formación y la movilidad de personas que hayan leído la tesis en los dos últimos años, ha concedido 44. De ellas, 21 son de científicos que trabajan fuera de España y 23 para España o los que van a retornar gracias a esta oportunidad.

Una representación de este colectivo se ha reunido tanto con la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, como con la consejera de Universidad de la DGA, Maru Díaz, para intentar articular alguna fórmula que permita mejorar sus condiciones salariales.

"Es un error de planteamiento"

Bolea explicó que la decisión de restar de la cuantía de cada ayuda el pago de la Seguridad Social la adoptaron diferentes universidades ante la "imposibilidad" de afrontar económicamente el coste. Para el campus aragonés suponía unos dos millones, una cantidad inasumible con un presupuesto "ajustado al céntimo", dijo Bolea. Hay al menos dos campus que han complementado la aportación del Ministerio para asumirlo, la del País Vasco y la de Murcia.

Para la vicerrectora, este problema se ha generado en parte por un "error de planteamiento" desde el Ministerio y subrayó que se han tenido que gestionar las ayudas en "un tiempo récord".

Revisar ahora las condiciones laborales es "legalmente imposible" y generaría "inseguridad jurídica", ya que en la convocatoria de junio se especificaba esta reducción de los costes patronales. Los investigadores reconocen que no se ha cometido "ninguna ilegalidad". Bolea se reunió el viernes con este colectivo y mostró su respaldo a las reivindicaciones.

Por su parte, desde el Departamento de Ciencia y Universidad de la DGA, que también se ha entrevistado con los afectados, señalaron que están explorando una "vía legal" para favorecer "económicamente" en el futuro el retorno de estos científicos, aunque no concretaron la propuesta.

"Con el sueldo final hay gente que destina gran parte solo a vivienda"

Heraldo

La zaragozana Vanessa Villalba, de 32 años, es una de las beneficiarias de las ayudas Margarita Salas para jóvenes doctores. Esta licenciada en Biología en Barcelona, que hizo su doctorado en Prehistoria en Zaragoza, acaba de afincarse en la ciudad alemana de Leipzig, donde trabaja en el centro Max Planck.

"Con el sueldo final hay gente que va a tener que destinar una gran parte solo a vivienda, tanto en el extranjero como en España", critica. Tras varias semanas de "incertidumbre", porque hasta la pasada no supieron con seguridad que iban a tributar en España y no en el país en el que estaban, lo que podía condicionar "mucho" el salario, no se lanzó a buscar una vivienda. Se siente afortunada porque ha subalquilado a un amigo un miniapartamento todo ambiente por 500 euros que no le ha pedido una fianza. "Hay otras personas que tienen que vivir en ciudades como París o Barcelona, o en Estados Unidos, a las que les pude costar casi el doble un alojamiento digno", dice.

Otro gasto añadido que algunos tienen que asumir es un seguro privado, que en la mayoría de los países no baja de 300 euros. "Tengo la experiencia de haber trabajado ya en Alemania y de las dos veces que necesité ir al médico en una no me aceptaron la tarjeta europea, pero creo que me lo voy a poder ahorrar", cuenta.