Las Cortes aprueban hoy el nuevo ICA, que gravará más a quien más agua consuma

Las Cortes han aprobado este jueves el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), figura que sustituirá al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y que gravará más a quien más agua consuma. Lo harán únicamente con el apoyo de los cuatro socios de Gobierno y con toda la oposición en contra tras una fase de enmiendas en la que apenas ha habido cambios respecto al texto trasladado por PSOE, Podemos, PAR y CHA al Parlamento.

La principal incógnita ahora es cuándo dejará de cobrarse el ICA y empezará a aplicarse el IMAR, pregunta que el Ejecutivo –que dejará de recaudar en torno a 5,7 millones de euros al año–, tiene aún que contestar. La ‘transición’ no será sencilla, ya que mientras que en Zaragoza se está girando el recibo de 2020 a localidades como Ejea, Fraga, La Muela, Zaidín, Zuera o La Puebla de Híjar se les está reclamando ya el de 2021.

La votación de hoy pone fin a una reforma anunciada en enero de 2018 por el presidente de Aragón, Javier Lambán. En los últimos años, más de un 25% de los zaragozanos se han negado a pagar un impuesto que muchos consideran injusto, que ha sido objeto de protestas y recursos y que en su día enfrentó al Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, liderado entonces por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común).

El nuevo ICA se dividirá en un tramo fijo de 4,62 euros al mes y uno variable que irá en función del consumo. A los hogares que gasten entre 0 y 6 metros cúbicos se les aplicará el tramo 1 (0,35 euros/m3), mientras que los que se encuentren entre los 6 y los 20 tendrán que abonar 0,82. El tramo 3, el más caro, irá dirigido a los que consuman "de 20 en adelante", con una cuantía de 1,37 €/m3.

Uno de los objetivos del nuevo impuesto –recogido en el acuerdo de gobernabilidad– era alcanzar un mayor consenso político y social, meta que, a tenor de las opiniones de PP, Ciudadanos, Vox e IU, ha fracasado. El popular Ramón Celma lamentó ayer que el cuatripartito haya "tirado para atrás" todas las enmiendas de la formación conservadora, especialmente aquellas que habrían hecho que el IMAR "rebajase la presión sobre familias, autónomos y empresarios", y cree que los aragoneses van a seguir pagando "los que más" por un impuesto ambiental. En esta línea, José Luis Saz, de Cs, lamentó la "confusión" que ha generado esta figura entre las Administraciones y criticó que la progresividad del nuevo tributo vaya a penalizar a las familias numerosas y a los propietarios de pequeños huertos, mientras que Santiago Morón, de Vox, censuró que el IMAR vaya a encarecer el recibo de los hogares de más de cuatro miembros y de la industria.

El voto de IU también será desfavorable, ya que según su portavoz, Álvaro Sanz, el texto final "no responde a las expectativas". "Con las enmiendas se ha conseguido mejorar el carácter finalista de los ingresos, pero no se ha corregido la estructura del tributo ni de sus tramos", aseveró.

No opinan así los cuatro socios. El socialista Óscar Galeano, quien defenderá hoy el proyecto de ley ante el pleno, recalcó que el 95% de los usuarios domésticos "pagarán menos o no notarán cambios en su recibo". "Todas las novedades son objetivas, medibles y cuantificables. Frente al ruido que algunos grupos intentan que predomine sobre cualquier cuestión que se debate hay que ser rigurosos con las cifras", defendió.

En esta línea, Nacho Escartín, de Podemos, aseguró que hoy "se acabará con un impuesto injusto y se dará paso hacia otro modelo de depuración más sostenible y eficaz". "Se reducirá el precio y los sobrecostes de la mala planificación serán asumidos por la DGA. Ya nadie pagará dos veces por lo mismo, y la tarifa social permitirá eliminar, prácticamente, a 15.000 familias del pago del impuesto", afirmó, no sin reconocer que esta no es la ley que hubieran hecho en solitario.

Por su parte, Joaquín Palacín, de CHA, incidió en que este es un paso más "en el cambio de modelo de depuración" e instó a avanzar hacia una mayor calidad del agua mediante programas de apoyo a la innovación; y Jesús Guerrero, del PAR, confirmó su voto a favor para derogar un ICA que "no contentaba ni a las familias, ni a las industrias ni a los autónomos".