La oposición pide rebajas en el tramo fijo del nuevo ICA y bonificar a familias numerosas

Las 106 enmiendas presentadas por PP, Cs, Vox e IU al proyecto de ley del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) –figura que sustituirá al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA)–, dibuja un tributo muy distinto al propuesto por el Gobierno de Aragón, con cambios en su tramo fijo y variable, exenciones para el uso doméstico de agua de riego y bonificaciones para las familias numerosas.

Los grupos coinciden en la necesidad de bonificar el riego doméstico –una reivindicación que persiguen desde hace años numerosas comunidades de vecinos de Aragón–, aunque utilizan distintas fórmulas. El PP pide incluir entre las exenciones a las explotaciones forestales y la utilización del agua de riego «tanto en los usos domésticos como en los no domésticos». En esta línea, Cs apuesta por incluir a los huertos de autoconsumo de menos de 100 metros cuadrados y al regadío particular de áreas verdes sin finalidad productiva. Mientras, Vox plantea una bonificación del 60% e IU sugiere eximir la utilización del agua en huertos de autoconsumo que no excedan las 0,4 hectáreas y «en el riego de jardines y zonas verdes ornamentales, ya sean públicas o privadas».

Hacen referencia, por otra parte, a la situación de las familias numerosas. En este caso, el objetivo es evitar que el principio de ‘quien contamina, paga’ termine afectando a los hogares con más miembros. Desde Vox, por ejemplo, se pide «tener en cuenta el número de personas por domicilio para evitar efectos penalizadores», ya que lo contrario «no permitiría valorar objetivamente si el consumo es responsable». Ciudadanos, por su parte, insta a introducir una bonificación del 20%, así como una del 50% para las viviendas con un solo usuario y aquellas consideradas no habituales.

Las propuestas de la oposición hacen suyas parte de las ideas lanzadas desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Ecologistas en Acción y Coagret. También se incorporan aspectos del dictamen elaborado por la comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA durante la pasada legislatura.

IU, por ejemplo, plantea dividir el tributo en una tarifa por los servicios de depuración y otra de corresponsabilidad medioambiental. Asimismo, aboga por cambiar las tablas por las que se calculan el componente fijo y el variable, cambios que también creen necesarios PP y Cs y que podrían terminar afectando a las previsiones de recaudación del Ejecutivo.

Disparidad de criterios

Los populares piden que el componente fijo sea de dos euros al mes y no de 4,62 como propone el cuatripartito, y plantean unos tipos variables más ajustados. El proyecto original establece un coste de 0,82 euros para el tramo 2 –de consumo medio– y de 1,37 para el tercero. La enmienda del PP, en cambio, plantea dejarlo en 0,45 y 0,63, respectivamente.

En el caso de IU, los cambios afectan a la propia forma de calcular los tramos. El primero, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo aragonés, iría de los 0 hasta los 6 metros cúbicos mensuales. Sin embargo, la formación de Álvaro Sanz considera «más adecuado» ampliarlo hasta los 10. Lo mismo ocurriría con el segundo y el tercer tramo. Además, se propone la creación de un cuarto que iría de los 40 m3 en adelante.

Otra modificación que plantea IU es la que atañe a la cuantía de cada tramo. Su intención es que el componente fijo sea de cuatro euros y que el variable parta de los 0,3 en vez de los 0,35. Las mayores diferencias estarían, en este caso, en los tramos de más consumo. El tercero pasaría de 1,3 euros a 1,4 y el cuarto –de nueva creación– se cobraría a 1,8. Las 106 enmiendas también dejan margen a correcciones ‘de estilo’, pidiendo Vox en varias ocasiones evitar hacer referencia a «usuarios y usuarias» por no aportar «valor añadido».

Rendición de cuentas

Todas estas propuestas se analizarán en próximas semanas en la ponencia constituida en las Cortes a finales de octubre. Su variedad evidencia las discrepancias entre el Gobierno y los distintos partidos que componen la oposición.

Además de solicitar la modificación de artículos y aspectos concretos del proyecto de ley, Vox plantea que el Gobierno aragonés quede obligado a presentar un informe de rendición de cuentas que incluya una reseña y explicación de la aplicación finalista del impuesto en el plazo de tres meses una vez liquidada la recaudación. Ciudadanos, por su parte, buscará también con sus enmiendas que la actualización de las tarifas «no exceda de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC)» y que el nuevo tributo entre en vigor el 1 de enero de 2022.

En otra de ellas propone que la recaudación vaya fundamentalmente a saneamiento y depuración. Ypide, además, que cuando un contador homologado y operativo haya permanecido averiado por causas ajenas a los usuarios «no se acuda al sistema de estimación objetiva de usos domésticos» para no repercutir desfavorablemente en su factura.

Otro aspecto que buscarán Cs y PP es que cuando los municipios hayan financiado total o parcialmente las obras de construcción de su depuradora se garantice una transferencia de al menos un 20% sobre lo recaudado, cláusula que beneficiaría a ayuntamientos como el de Zaragoza.

La intención sigue siendo que el IMAR entre en vigor en 2022. No obstante, el propio consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, reconoció al presentar el techo de gasto del próximo ejercicio que es «difícil» determinar cuándo se derogará el ICA y empezará a cobrarse el nuevo impuesto, que podría restar unos 5,7 millones anuales a las cuentas del Ejecutivo.