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Los críticos con el ICA piden a la DGA que se replantee la reforma fiscal

Además, reclamaron que se tenga en cuenta el número de personas por hogar para no penalizar más a las familias y se aplique también a las explotaciones agroganaderas.

La RAPA amenaza con movilizaciones si se gira el recibo del ICA de 2017.
Un grifo de agua

Los entidades y asociaciones críticas con la Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y su reforma en tramitación reclamaron este jueves a la DGA que se replantee su propuesta porque seguirá siendo el más gravoso de España y no pone tope a las tarifas de un impuesto que, temen, seguirá creciendo. Además, reclamaron que se tenga en cuenta el número de personas por hogar para no penalizar más a las familias y se aplique también a las explotaciones agroganaderas.

El trámite de audiencias legislativas del futuro Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) permitió escuchar en las Cortes, a petición de IU, Podemos y Vox, las propuestas sobre tarificación y descentralización en la gestión y cobro del sistema de depuración.

El presidente de la Asociación de Familias Numerosas 3 y Más, Alejandro López-Blanco, fue el primero en reclamar cambios en la reforma para no gravar el consumo sin tener en cuenta el número de personas de cada hogar. "Discrimina a las familias numerosas, cuyo consumo es mucho más eficiente", defendió.

La siguiente en intervenir fue Yuna Carvajal, en representación de los propietarios de la urbanización Virgen de la Columna de El Burgo del Ebro, quien lamentó que el tributo ha llevado a los vecinos "al límite de la bancarrota". Así, explicó que tienen 15 procedimientos judiciales abiertos por un millón de euros, lo que le llevó a instar a que la ley defina el riego particular y no se aplique el impuesto a todos los que usan el agua sin fin económico.

El representante de la Red de Apoyo al Agua Pública de Aragón (RAPA), Enrique Gracia, fue contundente al incidir en que el modelo de depuración se concibió para garantizar la rentabilidad a las empresas y no el interés público, apostando por instalaciones "sobredimensionadas" y sin permitir a los ayuntamientos participar. Esto le llevó a hablar de "modelo insostenible" y pedir la devolución del proyecto de ley para descentralizar el sistema.

En la misma línea intervinieron el secretario general de la Unión de Consumidores (UCA), José Ángel Oliván, quien defendió la aplicación de una tasa y no de un impuesto para ajustarse al coste real del servicio y censuró la "penalización inversa" a las ciudades que pagaron su depuradora. Mientras, los representantes de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, Juan Carlos Crespo, y de Ecologistas en Acción, Fernando Rived, coincidieron en criticar que el IMAR siga siendo el impuesto sobre el agua más caro de España y no fije un tope para su cobro. Rived también pidió que se grave a las explotaciones agroganaderas.

Por último, el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, aludió a los informes ya presentados y se refirió a que el sistema, sin Zaragoza, "no será viable", antes de desmentir que se pague más en la capital.

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