La cuarta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llega a las Cortes. El cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que lidera Javier Lambán remitirá al Parlamento el proyecto de reforma para poner fin a los aforamientos de los diputados y los miembros del Gobierno y para garantizar que las tres provincias de la Comunidad cuentan, al menos, con 14 escaños en las elecciones autonómicas. El cambio afectará, exclusivamente, a los artículos 36, 38.2 y 55 de la norma básica.

La modificación está incluida en el acuerdo de investidura rubricado por los cuatro partidos y cuenta, también, con un amplio respaldo de la sociedad aragonesa. La iniciativa, que tiene el plácet del Consejo Económico y Social de Aragón, la Dirección General de Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón, se empezó a tramitar el 6 de agosto de 2020 y, desde entonces, se han desarrollado tres versiones distintas. Con la reforma se busca "seguir adaptando el Estatuto para que siga siendo una norma viva, capaz de adecuarse a las necesidades y retos que demanda la realidad social del siglo XXI". Con las anteriores, que se aprobaron en 1994, 1996 y 2007, se consolidaron los instrumentos del autogobierno.

El Gobierno aragonés justifica la supresión de los aforamientos en que es una "figura anacrónica" que tiene un encaje "difícilmente justificable" con el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Supone, además, la ausencia de una doble instancia penal y, "habida cuenta de la plena confianza en la independencia del poder judicial", se considera que ni los diputados ni los miembros del Gobierno deben "continuar gozando de dicha prerrogativa". 

El artículo 38.2, si se aprueba la reforma, dicta que "durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos cometidos en el territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito" y el artículo 55, plantea lo mismo para los miembros del Gobierno. Será de aplicación, en todo caso, a partir de la XI legislatura.

Por otro lado, la modificación del artículo 36 recoge que "cada provincia estará representada por un mínimo de 14 escaños".

La reforma necesitará el apoyo de dos tercios de los diputados para salir adelante. Posteriormente, la tramitación final deberá culminarse en las Cortes Generales, que deberán aprobarla mediante una ley orgánica.