entrevista
Sebastián Serena: "Vamos a estar en contra de que se cobren ayudas de la PAC sin respetar la legislación laboral"
El responsable de Agroalimentación de UGT FICA advierte que la Política Agraria Común incluye la condicionalidad social, que ha de cumplir un sector "en el que existe mucha precariedad".
Delegados de UGT-FICA han analizado en Zaragoza la situación de la agroalimentación. ¿Cuál es la radiografía actual del sector?
Hay dos escenarios muy distintos. La industria alimentaria es un sector mucho más regulado, con menos precariedad, y mucho más justo por la implantación sindical y por estar mejor organizado. Pero si nos vamos al sector agropecuario nos encontramos con un escenario completamente diferente, donde persiste la precariedad laboral, en algunos casos incluso la explotación, muchas personas migrantes que vienen a prestar su mano de obra a nuestro país para que podamos alimentarnos y que cuentan alojamientos poco dignos y condiciones incluso miserables y con salarios muy bajos.
¿La situación es similar en todo el país o depende de comunidades, cultivos o producciones?
No tenemos el dato de dónde hay mayor incidencia, pero es verdad que ninguna comunidad autónoma se escapa a esta situación. No escapa ni el resto de Europa, como nos cuentan los contactos sindicales que mantenemos con otros países. Por eso hace falta y es necesario mayor vigilancia y control sobre la situación que viven estas personas que vienen a trabajar a España e incluso sobre los españoles que se trasladan de una comunidad autónoma a otra para las campañas agrícolas.
¿No es injusto generalizar cuando, por ejemplo, en Aragón las infracciones detectadas en las inspecciones son ínfimas?
Evidentemente no todos los empresarios agrarios y ganaderos son iguales, no todos incumplen la legislación, pero ocurre y son muchas las denuncias y además hay una pelea permanente entre los productores, la industria y la distribución echándose la culpa de unos a otros de la situación. Somos conscientes de que los agricultores tienen problemas y muchas veces se ven obligados a vender sus productos por debajo de los costes de producción. Eso hay que eliminarlo y compartimos con ellos ese objetivo, pero lo que no podemos compartir de ninguna de las maneras es que se produzcan incumplimientos. Los empresarios que tienen esta forma de actuar sin ningún tipo de sensibilidad social y laboral tendrían que ser denunciados por los propios compañeros, por los propios empresarios de su Comunidad, porque un garbanzo negro no puede hacer la olla mala.
Y la Administración, ¿mira para otro lado?
Hace bastantes cosas, pero son insuficientes. Es complicado tener un inspector en cada explotación, pero hay formulas de poder controlarlo, por ejemplo, desde UGT-FICA estamos exigiendo a la Administración que nos facilite la posibilidad ya no de hacer los trabajos de inspección, pero sí tener la capacidad de poder denunciar.
La pandemia ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia de este sector de la mano de obra extranjera, pero también que muchos españoles no querían trabajar en el campo incluso podía hacerse sin perder el paro. ¿Es una cuestión de salario?
Evidentemente es una cuestión salarial, pero no solo salarial. Es una cuestión de reconocimiento, de dignidad. Los españoles van a la vendimia a Francia. ¿Por qué? Porque en dos meses cobran el salario que aquí les cuesta ganar cuatro o seis meses, pero también porque allí les facilitan alojamientos dignos. Cómo va a ir un español a una campaña agrícola en España cuando no le pagan ni el salario mínimo interprofesional y además tienen que desplazarse y vivir bajo un plástico. Quién hace eso. Quien lo necesita, quien no le queda más remedio. Hay muchas cosas por hacer y una que ayudaría mucho sería que cuando los ciudadanos adquieren un alimento no solo miraran el precio sino también cómo ha llegado hasta allí, qué hay detrás. La Administración también tendría mucho que decir, por ejemplo, exigiendo que el etiquetado refleje que ese alimento ha llegado al mercado cumpliendo la legislación laboral vigente.
El convenio colectivo del campo en la provincia de Zaragoza está paralizado e incluso judicializado. ¿Sucede también en otras provincias?
Tenemos un problema en la negociación colectiva del sector agroalimentario, más acuciante en el sector agrario y ganadero, porque efectivamente no solo en Aragón existen convenios bloqueados. Hay territorios en los que el convenio venció en 2015 y no se ha renovado y hay convenios en los que la patronal bloquea la negociación porque no quiere reconocer el salario mínimo interprofesional o plantean que para subir el SMI hay que incrementar la jornada laboral. Pero hay que recordar algo, la PAC reconoce ahora la condicionalidad social, esto significa que hay que cumplir la ley. Hemos pedido al Gobierno que nos reciba como representantes de los trabajadores para que de manera consensuada busquemos fórmulas con las que controlar a quienes no la cumplen. Vamos a estar en contra siempre de que un empresario agrícola reciba una subvención si no cumple la legislación laboral.
¿No sería más adecuado un convenio regional, como piden alguna organizaciones agraria, para evitar condiciones distintas entre provincias limítrofes?
Nosotros somos defensores de del convenio sectorial que cubre el conjunto del país, con independencia de que haya otros ámbitos de negociación de nivel inferior, porque que haya distintas normas entre provincias supone una competencia desleal dentro de los sectores o las empresas.
UGT-FICA exige una PAC más social como la piden también los agricultores y ganaderos en sus movilizaciones. ¿Es impensable que trabajadores y empleadores salgan a la calle de la mano con esa reivindicación o cuando hablan de social están hablando de cuestiones distintas?
Yo creo que no es imposible. De hecho creo que hay cosas que tenemos en común. Estamos de acuerdo por supuesto en que no es posible producir por debajo de los costes de producción, como lo estamos cuando decimos que las ayudas de la PAC tiene que aplicarse realmente a la agricultura activa. Pero, ¿cómo vas de la mano con quienes incumplen el convenio colectivo del campo, renuncian o impugnan el SMI…? Es complicado. A pesar de todo yo no desisto de esa posibilidad e incluso hemos hablado con alguna organización agraria y le hemos planteado que hay cosas que podemos defender conjuntamente, pero hace falta un compromiso más allá, porque estamos de acuerdo en ir a pedir una cadena alimentaria más justa, pero una empresa no es mejor o peor solo por respetar ciertas reglas en la cadena de valor comercial, también tiene que tener en cuenta el aspecto social. Y en eso no nos hacen ni caso.
