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El Gobierno aragonés convoca ayudas de 1,8 millones a los ayuntamientos para su parque público de viviendas

La convocatoria tiene como objetivo "ofrecer una respuesta a la necesidad de vivienda, especialmente en medio rural", a la vez que "dar uso a las casas que se encuentran desocupadas", ha indicado el consejero.

Soro destaca que con la convocatoria de 1,8 millones para la adquisición de vivienda se hará frente a la despoblación.
Soro destaca que con la convocatoria de 1,8 millones para la adquisición de vivienda se hará frente a la despoblación.
DGA

El Gobierno de Aragón convoca subvenciones por un total de 1,8 millones de euros a los municipios para que adquieran viviendas con destino a "alquiler social o asequible", según ha anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien ha añadido que se van a destinar también 2,3 millones para la adquisición de viviendas por parte del propio Ejecutivo autonómico para atender "urgencias habitacionales".

Soro ha estado acompañado por la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, quien ha explicado que este próximo viernes será publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden en la que se recoge la convocatoria, con todos los requisitos para optar a estas ayudas.

La convocatoria tiene como objetivo "ofrecer una respuesta a la necesidad de vivienda, especialmente en medio rural", a la vez que "dar uso a las casas que se encuentran desocupadas", ha indicado el consejero.

Soro ha afirmado que a través de esta formula, "atendemos de manera novedosa y práctica a una demanda de los ayuntamientos" que carecen de "vivienda social o para atender emergencias habitacionales".

Las casas adquiridas han de "incorporarse al patrimonio municipal" y ser destinadas "al alquiler para vecinos" en situación de vulnerabilidad económica, ha apuntado.

Límite de cuatro viviendas

El consejero ha adelantado que la convocatoria está abierta a todos los ayuntamientos aragoneses, pero "para que pueda llegar al máximo de municipios", se va limitar a "un máximo de cuatro el número de viviendas que puedan adquirir las localidades con más de 5.000 habitantes" con cargo a esta línea de subvenciones.

Se trata de una restricción encaminada a "evitar que los ayuntamientos más pequeños se queden sin ayudas", ha especificado Soro, quien ha advertido que "si tras la selección de localidades beneficiaras queda saldo, se podrá pasar ese límite".

El consejero ha afirmado que las estimaciones de su Departamento son de que con la partida prevista de 1,8 millones se puedan adquirir "entre 30 y 40 viviendas" y que confían en "seguir incrementando esta línea" en un futuro.

Los ayuntamientos deberán presentar las solicitudes, según el modelo que aparecerá publicado este viernes junto a la orden en el BOA, y dispondrán de un mes natural para ello. El consejero ha expresado que la intención de su departamento es que todas las peticiones se resuelvan "dentro de este año", apuntando que el pago de las subvenciones se realizará "antes de la compra", supeditado a "la firma de las escrituras".

Con esta medida dirigida a los ayuntamientos se persigue "luchar contra la despoblación" y para que "determinados colectivos con bajo nivel de renta puedan disponer de vivienda a un precio asequible en sus municipios", ha dicho el consejero.

Cuantía máxima

La subvención a la que podrán optar los consistorios será "proporcional a la superficie útil de cada vivienda" con un límite de "hasta 400 euros por metro cuadrado" y, en todo caso, la cuantía máxima de la subvención "no podrá superar el 60 por ciento del coste de adquisición", ha especificado José Luis Soro.

Entre los objetivos que se valorarán para la selección de las solicitudes municipales, el consejero se ha referido al "número de habitantes de la población y la cifra de viviendas adquiridas, la calificación energética del edificio", además de que se destinen "a personas mayores, cuenten con adaptaciones para personas con discapacidad" y que el ayuntamiento "reduzca la renta de alquiler".

La subvención tiene carácter retroactivo y podrá utilizarse para viviendas adquiridas "desde el uno de enero de 2021", ha aportado Soro.

Las viviendas deberán estar destinadas a "alquiler social o asequible" durante un "plazo mínimo 25 años", para ser habitadas por familias o unidades de convivencia que "no superen más de tres veces el IPREM (1694,7 euros mes), o cuatro veces (2.259 euros), en familias numerosas o unidades con miembros con discapacidades", según ha puntualizado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa.

La directora ha detallado los requisitos para optar a estas subvenciones señalando que las casas que se adquieran por parte de los ayuntamientos deberán "estar dentro de su término municipal y en condiciones de ser ocupadas de forma inmediata", añadiendo que ello incluirá a "las que requieran obras de adecuación que no supongan una inversión superior a los seis mil euros".

Además, deberán cumplir con todas las condiciones de habitabilidad, es decir, tener una "superficie útil no inferior a 55 metros cuadrados", reunir "condiciones de seguridad estructural y de habitabilidad o en condiciones de obtenerla con rehabilitación", y contar con "suministro de red eléctrica, agua potable y sistema de evacuación de aguas residuales".

Emergencias habitacionales

Soro ha anunciado también la publicación este próximo lunes de otra Orden por la que se destinan 2,3 millones para la compra directa de viviendas por parte de su Departamento.

En este caso el objetivo es "atender emergencias habitacionales", fundamentalmente de "familias con orden de lanzamiento de sus hogares", por lo que la compra se centrará en "la Comarca Central, sobre todo la ciudad de Zaragoza, que es donde más nos encontramos con esa necesidad", ha manifestado.

Las adquisiciones para este parque público autonómico tienen como objetivo "aumentar el alquiler social" desde el Gobierno de Aragón y se realizarán sobre "viviendas vacías" que sean propiedad "entidades financieras o grandes propietarios", y los precios a abonar se determinarán siguiendo "los índices del Observatorio de la Vivienda del MITMA", ha manifestado el consejero.

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