La reforma de la ley del juego inició ayer su recorrido parlamentario con duras críticas de la oposición a su "poca ambición" y su "limitada repercusión". El texto, que prohíbe abrir o ampliar casas de apuestas a menos de 300 metros de colegios, endurece el acceso e intensifica las inspecciones, se centrará en el juego presencial, ya que el ‘online’ –que representa el "verdadero problema", según coincidieron los partidos políticos–, es competencia del Gobierno central.

PP, Cs, Vox e IU anunciaron una batería de enmiendas para "mejorar" el proyecto. Los dos primeros, incluso, reclamaron ayudas para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas exigencias autonómicas, ya que, como recordó el popular José Antonio Lagüéns, "el contexto es ahora más complicado". "El sector, que ha venido reportando una media de 35 millones de euros anuales, es más débil y vulnerable tras la covid. Hay que ponderar con ecuanimidad sin señalar a nadie", dijo.

Mientras, Ciudadanos dudó de que este sea el mejor momento y pidió facilitar asesoramiento jurídico a todas aquellas personas que se hayan visto endeudadas a causa de su adicción, cuestión que solicitará vía enmienda. El problema, subrayó la diputada Beatriz García, es que el proyecto del cuatripartito "adolece de medidas de cooperación" con las administraciones que sí tienen competencias en materia de juego ‘online’.

Por su parte, David Arranz, de Vox, aseguró que esta modificación –que actualizará la ley aprobada en el año 2000– "no solucionará el problema". "Tendrá una repercusión limitada", auguró, al tiempo que apostó por una educación en valores que permita a los ciudadanos "gozar de una información adecuada". "El juego en un sector del que viven 2.000 familias en Aragón", recordó.

Mientras, Álvaro Sanz, de IU, lamentó que la nueva ley nazca "con la intención de no comprometer absolutamente ningún gasto". "Los objetivos se tendrían que haber abordado de una forma más transversal", afirmó. Recalcó, en todo caso, que este es "un evidente problema de salud pública".

Pese a las críticas, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, defendió el "exhaustivo proceso participativo" realizado en los últimos meses, en el que se recogieron 165 enmiendas. "Es un texto importante y necesario. Tenemos la obligación de contribuir con una legislación actualizada", dijo.

Una vez que esté aprobada esta ley, las tragaperras "no podrán emitir estímulos sonoros o lumínicos cuando no estén en uso". También se prohibirán las iniciativas de captación o fidelización y el control de acceso tendrá que hacerse en la puerta del local.

Para la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, no obstante, estos cambios son "innecesarios e ineficaces", ya que, según su presidente, José Antonio Rubio, se "coarta" la libertad de unos negocios que son "perfectamente legales".