Arranca la tramitación de la nueva ley del juego en Aragón, que acota las aperturas de locales
Mayte Pérez ha subrayado que la ludopatía es un problema en aumento en los últimos años y que tiene como grupo más sensible a los jóvenes. Por eso la ley prohíbe la apertura de locales a menos de 300 metros de colegios.
Las Cortes de Aragón han iniciado este jueves la tramitación de la modificación de la ley del juego tras 21 años de vigencia para adaptar la norma a la realidad social, con la vista puesta en la protección de los colectivos más vulnerables y la prevención de la ludopatía, delimitando, entre otras cuestiones, la apertura de locales a no menos de 300 metros de colegios.
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha defendido en el pleno un texto que persigue afrontar un problema que obliga a las administraciones a estar alerta como es la adicción al juego, tanto presencial como "online", aunque en éste último caso la regulación es competencia estatal.
Pérez ha subrayado que se trata de un problema que afecta a una parte significativa de la población que está aumentando en los últimos años y que tiene como grupo más sensible a los jóvenes, de tal forma que según los últimos datos del Observatorio Español de Drogas y Adicciones, el porcentaje de personas de entre 15 y 64 años que han jugado online o de forma presencial en los últimos 12 meses ha pasado de un 60 un 64 % y en el caso del grupo de 14 a 18 años que ha jugado con dinero ha subido del 16,1 al 25,1 %.
Ha admitido que gran parte el problema reside en el juego "online", pero es preciso regular de nuevo el juego presencial para adaptar la ley a una realidad que ha cambiado "por completo" en 21 años.
Así, ha explicado que el objetivo de la modificación es compaginar la actividad y seguridad jurídica de un sector económico legítimo y legal con la protección de los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes y las personas que presentan algún tipo de adicción.
La nueva ley endurece los controles de acceso a los locales y establece restricciones en la apertura de salones, la prohibición de publicidad y el refuerzo de los programas de prevención de la ludopatía.
Una de las principales novedades es la prohibición de abrir o ampliar locales de juego a menos de 300 metros a pie desde la puerta principal de los locales hasta la entrada de los centros educativos y de los que realicen actividades de ocio y tiempo libre principalmente a menores y jóvenes, al igual que de locales de actividades de formación no reglada acreditadas por el Instituto Aragonés de Juventud.
Asimismo, la ley especifica la obligación de que los locales de juego dispongan de un servicio de control de acceso y registro de visitantes situado expresamente en la entrada de cada una de las puertas de acceso del establecimiento.
Además, se obliga a identificar a los clientes con su DNI para comprobar que no son menores o que están incluidos en el registro de personas prohibidas al juego, cuya inscripción, en su caso, decaerá cuando el interesado lo solicite, no de forma automática transcurrido un periodo determinado de tiempo.
La publicidad de los locales es otro de los aspectos que se ha reforzado al prohibirse toda clase de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades que inciten o estimulen la práctica del juego, con especial protección a los menores.
José Antonio Lagüéns, del PP, ha insistido en que la ley tendrá que ponderar la protección de las personas más vulnerables con la actividad de un sector que reportaba unos 35 millones de euros a las arcas públicas antes de la pandemia y es ahora más débil.
Un argumento con el que han coincidido Beatriz García, de Cs, que echa de menos en la ley la integración de la ludopatía en la red de adicciones y le sobra el "paternalismo" por las referencias a las mujeres; David Arranz, de Vox, quien ha valorado las propuestas pero ha insistido en que no solucionará el problema de la ludopatía por la incidencia del juego "online", y Jesús Guerrero, del PAR, quien ha defendido la necesidad de adaptar la ley a la realidad tras 21 años de vigencia.
También Darío Villagrasa, del PSOE, ha aludido a la necesidad de prevenir la ludopatía, a la defensa de los más vulnerables y la regulación del sector, mientras Itxaso Cabrera, de Podemos, ha remarcado que "ganar perdiendo nunca es una buena apuesta" si lo que está en juego son los jóvenes teniendo en cuenta, como ya advirtió el Justicia de Aragón, que España está a la cabeza de ludopatía entre este colectivo en Europa.
Carmen Martínez, de CHA, ha insistido en el aumento año a año del juego patológico, en que aparece a edades más tempranas y en que la adicción se desarrolla también en menos tiempo desde que el inicio al juego, y Álvaro Sanz, de IU, ha hecho hincapié en que el juego patológico es un problema de salud pública y de dramas personales que debe atajarse ante su aumento y en que los objetivos que persigue la norma deberían haberse abordado de manera más transversal, teniendo como objeto la prevención, como la ley valenciana.
