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Aragón descarta pedir certificados de vacunación covid a alumnos y profesores

Cada vez que se detecte un caso, se valorará la situación de los compañeros del estudiante que resulte infectado. Educación pide a los padres que en la declaración responsable incluyan, este año, el número de la tarjeta sanitaria.

Estudiantes del instituto Goya de Zaragoza atienden al profesor al inicio de una clase, ayer.
Estudiantes del instituto Goya de Zaragoza atienden al profesor al inicio de una clase durante el curso pasado.
Guillermo Mestre

El Gobierno de Aragón descarta, al menos por ahora, pedir que los docentes y los estudiantes comuniquen en los centros educativos si están vacunados contra la covid. Si bien es cierto que no es obligatorio, comunidades como Cataluña van a regularlo a través de un decreto ley. Sí exigen desde el Departamento de Educación que se aporte, en una declaración responsable que deben firmar los padres, el número de la tarjeta sanitaria, una información que se remitirá al equipo covid para que la incorpore en la plataforma que comparte con Sanidad. En estos momentos, cuando surge un contagio es necesario valorar de una manera individual la situación sanitaria de cada uno de los compañeros del infectado. Los sindicatos rechazan que se obligue a los docentes a informar sobre si están o no vacunados.

El debate que pone sobre la mesa el plan de Cataluña para que los centros educativos tengan acceso a los datos de vacunación del alumnado y personal de secundaria despierta recelos tanto por parte de la comunidad educativa –Administración, familias y docentes– como entre los expertos sanitarios. "La vacunación es voluntaria y los datos referidos a ella son privados", insistieron desde Educación. En una línea similar se manifestaron los sindicatos, quienes recordaron que esa responsabilidad "excede de las atribuciones de los equipos directivos", ya de por sí ampliadas por la pandemia. Tampoco las familias lo consideraron necesario. "Estamos tranquilos por que los porcentajes de vacunación son elevados –un 94% entre el profesorado y un 82% en chicos de 12 a 19 años–", señaló Concepción Ibáñez, presidenta de Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Una opinión que refrendaron desde la pública.

Según se detalla en el protocolo enviado a los centros educativos el mismo día que abrieron de nuevo sus puertas, cuando haya un positivo en el aula, se determinará quienes son sus contactos estrechos. En los grupos estables de convivencia, lo serán todos. En el resto se considerará a los sentados a menos de dos metros durante más de 15 minutos, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. El profesor, tutor o responsable covid será el que determine esta cuestión.

Estos contactos estrechos se comunicarán a través de la plataforma EduCovid para que Sanidad lleve a cabo la investigación epidemiológica, la realización de pruebas diagnósticas –siempre que sea posible una al inicio y otra al terminar el aislamiento– y la determinación de las cuarentenas. Como novedad este año están exentos de hacerlas aquellos alumnos y docentes que hayan completado la pauta de vacunación hace más de 7 días con Pfizer y de 14, en el resto. Tampoco deberán guardarla los que hayan dado positivo en los 180 días anteriores. Además, las personas que tengan sintomatología covid y en los 90 días previos se hayan contagiado no serán considerados sospechosos, "salvo que clínicamente" exista un alto riesgo.

Apelan a la protección de datos

Entre los profesionales sanitarios, Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y asesor de la Consejería de Sanidad, mostró sus dudas sobre que "acceder a los datos de vacunación sea una estrategia útil": "¿Qué harán con esa información en el supuesto de que un juez acepte que la tengan? ¿Impedir la entrada a las aulas?" En realidad, indicó, "las aulas son un lugar seguro, han funcionado bien al detectar casos y en el seguimiento de contactos durante toda la pandemia". 

Por su parte, el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas trasladó también sus dudas ante la posibilidad de que se permitiera el acceso a los datos sanitarios de los alumnos, porque "se abriría la puerta a que cualquier empresa pueda pedir certificados de vacunación a sus trabajadores". "Sobre todo es un problema legal más que sanitario" que aviva el debate sobre cuál es el objetivo que se persigue conociendo esa información. "En el único momento que tiene sentido que el alumno o el profesor aporte su estado vacunal es si les declaran contacto estrecho, porque condiciona la necesidad de hacer la cuarentena o no, pero ese dato lo tendría Sanidad. La decisión del tipo de cuarentena a realizar no es competencia de los centros", dijo.

Respecto a la petición del número de la tarjeta sanitaria de los alumnos, Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, recalcó que no se puede utilizar si no hay una autorización expresa del paciente: "Es más lógico que en un momento determinado se diga en esa declaración si el menor está vacunado o no". Al mismo tiempo, recordó la necesidad de concienciar sobre la vacunación en los más jóvenes, porque "el riesgo lo corre el que no está vacunado". "La repercusión a nivel de niños pequeños es menor, con cuadros, en general, banales. En esas franjas de edad están todos en igualdad de condiciones, de ahí la importancia de favorecer los grupos burbuja. Pero en los grupos donde la vacunación es un hecho, cuanta más población esté inmunizada más trabas se le pone al virus". En este sentido, añadió que hay que evitar que la infección se vaya transmitiendo porque esto, a su vez, genera mutaciones, "que van a ser más resistentes a la vacuna".

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