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La DGA une fuerzas con CC. OO, UGT y CSIF por la igualdad en la administración

Intensificarán la difusión de los acuerdos que protegen los derechos de las embarazadas y de las mujeres víctimas de violencia en el acceso a la función pública

Vista general patio operaciones Campaña Renta
Vista general patio operaciones Campaña Renta
DGA

El Gobierno de Aragón y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la Administración General -CC.OO, UGT y CSIF- unirán sus fuerzas para poner en valor las medidas por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo público.

De esta forma, reforzarán la difusión de los acuerdos y normas que protegen la identidad de las mujeres víctimas de violencia, inmersas en protocolo de acoso sexual o de las embarazadas cuyo estado de gestación o parto les impidiera personarse en los procesos selectivos en los que hayan sido admitidas, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Con ello, pretenden avanzar en la igualdad efectiva en el seno de la Administración, a la vez que erradicar cualquier rasgo de discriminación que suponga una merma de derechos de las mujeres que tratan de acceder a un empleo público, especialmente en un momento con tantos procesos selectivos en marcha.

En cuanto a las embarazadas, podrán acogerse a esta excepción al llamamiento general cuando existan razones médicas que lo acrediten hasta la finalización de la semana 36 de gestación, a partir del primer día de la semana 37 y hasta la finalización de las seis semanas posteriores al parto, así como cuando se produzca hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o interrupción del embarazo.

Estas medidas incluyen también la posibilidad de adaptar las pruebas de aptitud física en el caso de que coincidan con el periodo de gestación y parto de las aspirantes, cuyo nombramiento quedará supeditado a la superación de estas pruebas una vez finalizado el embarazo, en la fecha que determine el tribunal.

En cuanto a las víctimas de violencia de género o de acoso sexual, la normativa de transparencia obliga a la Administración a hacer pública la identidad e las personas que participan en los procesos selectivos, pero este comportamiento la puede convertir en transmisora de datos que comprometan la seguridad de estas mujeres.

Por ello, y con la debida acreditación de la situación de víctima, que tramitará el Instituto Aragonés de la Mujer, las interesadas que lo soliciten podrán pedir la seudonimización de sus datos en todas las publicaciones relativas a los concursos públicos de la Comunidad Autónoma.

De esta manera, se protegerá la identidad personal de las mujeres que lo precisen, que recibirán un nombre y un DNI, consensuado y ficticio, que custodiará la Dirección General de Función Pública.

Esta identidad alternativa será la que se publique en los listados oficiales y la mujer afectada solo deberá utilizar su identidad real en el nombramiento como funcionaria de carrera. 

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