El rechazo a la vacuna entre los trabajadores de residencias habría caído a la mitad tras la obligatoriedad de hacerse test de antígenos o PCR cada 72 horas, una fórmula con la que el Gobierno de Aragón busca frenar la transmisión en los centros de mayores en plena sexta ola y que no ha estado exenta de polémica.

Según estimaciones de UGT, muchos de los empleados que hasta ahora se habían negado "tienen ya su cita" y recibirán la vacuna entre esta semana y la próxima. De acuerdo con la secretaria de Servicios Sociales del sindicato, Angélica Mazo, en pocas semanas, el porcentaje "va a ser mínimo". "Estaríamos en torno a un 3%", comentó. Hace apenas una semana, la cifra cayó del 10,4% al 6%, un descenso que evidencia el efecto que ha tenido la nueva medida del Departamento de Ciudadanía, que llegó a amenazar con expedientes sancionadores a los incumplidores.

Ha de tenerse en cuenta, agregó Mazo, que hay un importante número de trabajadores de baja. "Es posible que, cuando vuelvan, decidan vacunarse, de modo que la cifra podría seguir bajando", expuso. Por otra parte, según un sondeo realizado por el propio sindicato, "hasta un 70%" de las empresas privadas estarían pagando los test de antígenos que se exigen cada 72 horas a los trabajadores no vacunados ante el "vacío legal" que, de acuerdo con el sindicato, habría provocado la normativa autonómica.

Se lo estarían costeando, según Mazo, tanto a los empleados que han cambiado de opinión como a aquellos que la mantienen. "Es una decisión acertada por parte de las empresas, ya que permitirá cumplir la normativa y garantizar la seguridad de todos", dijo.

La vicepresidenta de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Carmen Torrijo, confirmó que, si el trabajador se niega a asumir el coste "es la empresa la que lo está pagando". Advirtió, no obstante, de que el conflicto podría acabar en los tribunales, ya que esto está suponiendo "un importante gasto" para las compañías.

La normativa sigue generando "conflicto y malestar" entre las empresas y las plantillas, ya que los sociosanitarios insisten en que el coste es "inasumible". "Esto, en mi opinión, tiene fácil solución. Si la vacuna fuese obligatoria en el sector no habría ningún problema. Estamos al cuidado de las personas más vulnerables", subrayó Torrijo.