La DGA tramita las demandas patrimoniales, pero los hosteleros asumen que irán al TSJA

Se han admitido las primeras reclamaciones patrimoniales presentadas por responsables de hostelería, hoteles, gimnasios y salones recreativos.

Vista del edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón en Zaragoza.
Vista del edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón en Zaragoza.
Guillermo Mestre

La DGA ha admitido a trámite las primeras reclamaciones patrimoniales presentadas por bares, restaurantes, hoteles, discotecas, salones recreativos y gimnasios, entre otros, por las pérdidas ocasionadas por las restricciones contra la covid-19. El Ejecutivo autonómico tendrá aún unos meses para contestar, aunque el sector asume que el conflicto “acabará en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Los afectados creen tener “motivos de sobra” para acudir a Justicia. Sobre todo tras el último varapalo del TSJA, que tumbó la orden que limitaba el número asistentes a bodas y comuniones.

Insisten, asimismo, en que el artículo tercero de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estado de alarma, de excepción y de sitio, dice que “quienes como consecuencia de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados”.

El Gobierno central, apuntan desde los despachos que están tramitando las reclamaciones en Aragón, también ha admitido las presentadas por los daños ocasionados por el estado de alarma. Y aunque ha requerido documentación formal a través del Ministerio de Hacienda, no se cree que vaya a dar una respuesta antes de los seis meses de plazo.

Cristina Llop, de Écija Abogados, confirma que en el sector “hay intención” de recurrir a los tribunales. “No hay muchas esperanzas de que las reclamaciones se estimen por la vía administrativa. En este tiempo no ha habido ningún pronunciamiento por parte del Gobierno de Aragón que lleve a pensar que va a compensar las pérdidas. Imaginamos que la DGA se arriesgará a ir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para ver si no resulta condenada”, sostiene.

En su opinión, sentencias como la referida a los banquetes “favorecen” los intereses de los empresarios que han presentado reclamaciones administrativas contra el Ejecutivo regional, ya que, en su escrito, los magistrados critican la “falta de proporcionalidad” de las medidas. “Hay una responsabilidad patrimonial clara, lo que abre la vía a este tipo de reclamaciones”, explica.

La ventaja, según esta abogada, es que, en este y otros fallos, el TSJA “ha bajado al detalle” y ha pedido a la Administración que justifique el porqué de los cierres, de ahí que se piense que “en Aragón, las demandas podrían prosperar”. “En otras comunidades podría estar más complicado, ya que ha habido tribunales que se han agarrado a la situación sanitaria y el riesgo de contagio para justificar las restricciones”, indica.

Los empresarios del ocio nocturno, los primeros en reclamar sus pérdidas a la DGA, siguen a la espera de respuesta. Solo en el tercer trimestre de 2020 perdieron alrededor de 1,2 millones de euros, una cantidad que, según defienden, no se compensa con las ayudas aprobadas hasta el momento. Y pese a que esperan “un acuerdo” o incluso “un paquete de ayudas específico”, no descartan agotar todas las vías a su alcance para resarcirse tras 400 días de cierre forzoso.

Alberto Ruiz Ojeda, socio de Cremades & Calvo Sotelo y catedrático de Derecho Administrativo, cree que el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 “es claro” y que, en vista de lo ocurrido, el Estado tendría que “indemnizar íntegramente” por los daños ocasionados por una actuación que es “antijurídica en sí misma”. Esto, recalcó, es “independiente” del pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del primer estado de alarma, que abriría la vía para reclamar a quienes fueron sancionados por incumplir las medidas.

No descarta, pese a todo, que el Estado “no conteste” y aplique el silencio administrativo. “Esto podría acabar en el Supremo, que podría tardar entre dos y tres años en resolver. La situación es inaudita. No existen precedentes, pero sí hay buenos mimbres para reclamar”, indica. 

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