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Heraldo del Campo

política comunitaria

Los trazos gruesos de la PAC

Han sido necesario tres largos años de intensas negociaciones para que la Unión Europea consiguiera el "milagro", como lo ha definido el ministro español de Agricultura, Luis Planas, de consensuar las grandes líneas que regirán la PAC de los próximos años. La patata caliente está ahora en el tejado del Ministerio.

La Unión Europa ya ha acordado las grandes líneas maestras que definen la Política Agraria Común de los próximos años.
La Unión Europa ya ha acordado las grandes líneas maestras que definen la Política Agraria Común de los próximos años.
UE

La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) ya está aquí. Al menos sus trazos más gruesos, los que enmarcan las decisiones que ahora tienen que tomar cada uno de los Estados miembros en su propio seno para ajustar las grandes líneas del acuerdo sellado en la Unión Europea a la realidad de su sector agrario.

Han sido necesarios tres años de largas e intensas negociaciones (y seis presidencias de turno de la UE, incluida la de España) para que los trilogos (las reuniones de Parlamento, Comisión y Consejo de la Unión Europea, método habitual de legislar de la UE) sellaran el marco normativo que diseña el futuro de los agricultores y ganaderos europeos a partir de 2023, fecha en la que está prevista que entre en vigor la nueva reforma. Y todo ello en un escenario nada fácil en el que se han vivido incluso situaciones históricas y desconocidas -léase una pandemia mundial- que no han facilitado precisamente el proceso. Porque las negociaciones de la futura PAC han visto cómo la Unión Europea perdía a una de sus significativos miembros y contribuyente nato, el Reino Unido. Durante ese periodo ha cambiado la composición del Colegio de Comisarios y del Parlamento Europeo y han irrumpido en Bruselas nuevas prioridades políticas -con el medio ambiente como protagonista- como las que engloba el Pacto Verde (que incluye la estrategia De la granja a la Mesa y de la Biodiversidad). Y lo peor y más importante, el mundo se ha visto sorprendido y azotado por una enfermedad letal provocada por un coronavirus desconocido que ha ralentizado, incluso en algunos momentos paralizado totalmente, el ritmo de la vida tal y como la conocíamos hasta marzo de 2020.

Con un trazo grueso (pero muy verde), el pacto europeo, que han ratificado sin dudar los ministros de Agricultura de los socios comunitarios, establece porcentajes, fija fechas, incluye nuevos conceptos (obligaciones) como los ecoesquemas o la llamada condicionalidad social, pero abre la puerta de la flexibilidad de par en par para que sean los Estados miembros los que apliquen sus criterios (dentro de los mínimos recogidos), especialmente en aquellos asuntos más espinosos, como la definición de agricultor activo o la eliminación de los derechos individuales y las referencias históricas.

Hay acuerdo europeo, pero la última palabra no está dicha. La patata caliente (muy caliente) está ahora en Atocha, donde el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los consejeros del ramo de cada autonomía tendrán que acordar un Plan Estratégico Nacional, donde se conviertan en fino trazo las grandes líneas de la nueva PAC.

Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada el 19 de abril.
Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada el 19 de abril.
MAPA

En términos puramente económicos, España dispondrá de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, una cifra similar a la del periodo anterior, teniendo en cuenta que se produce en un contexto de descenso del 15% de las cuentas comunitarias por la salida del Reino Unido de la UE. Pero el reparto de esos fondos llega con nuevas condiciones.

Agricultor genuino

Con esta definición se quería delimitar quienes serán los beneficiarios de las ayudas de la nueva PAC. Ha sido uno de los temas más espinosos, uno de los grandes debates que ha puesto de manifiesto las encontradas opiniones que mantiene el propio sector sobre quién tiene que lucir este apellido o cuál debe ser el porcentaje de ingresos agrícolas sobre los ingresos totales que distingue a aquellos que se dedican y viven del campo o del ganado. El acuerdo europeo apenas concreta. Deja en manos de los Estados miembros la definición de esta figura, pero advierte que en ella no pueden estar excluidos los agricultores a tiempo parcial ni los pluriactivos.

Pagos directos

Se permite dedicar un 60% de los importes de los pagos directos a ayuda básica a la renta en nuestro Plan Estratégico, cumpliendo así el nivel previsto en el análisis de necesidades elaborado por el Ministerio de Agricultura en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y medioambientales.

Pagos redistributivos

La mayoría de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea tienen menos de 28 hectáreas y, dadas sus pequeñas dimensiones, no pueden aprovechar las economías de escala. Para contrarrestar esta desventaja, se establece una ayuda a los pequeños agricultores mediante los llamados pagos redistributivos, que se destinan a las primeras hectáreas de la explotación, lo que significa que todas las hectáreas por debajo de este umbral, fijado por el país en cuestión, reciben un apoyo adicional. Son pagos obligatorios y a ellos hay que destinar como mínimo el 10% de los pagos directos.

Pagos acoplados

Los pagos acoplados son ayudas vinculadas a la producción, de las que se benefician sectores productivos con especiales dificultades. Para ellos se podrá disponer de hasta un máximo del 13% de los pagos directos, porcentaje al que se podrá añadir un 2% adicional destinado a cultivos proteicos.

Convergencia regional

Es uno de los conceptos que más quebraderos de cabeza ha dado en la nueva reforma de la PAC porque su aplicación hace tambalear los derechos históricos. La convergencia no es otra cosa que conseguir que los agricultores que hacen lo mismo cobren lo mismo. Y eso supone también redefinir -y como muchas voces del sector exigen- simplificar el elevado número de regiones agronómicas que existen actualmente, una tarea en manos de cada Estado miembro. Lo que establece el acuerdo es que en 2026, las hectáreas de una misma región tendrán un valor al menos del 85% como mínimo del valor medio de esa región. Un porcentaje que cada país puede aumentar e incluso acelerar en el tiempo.

Ecoesquemas

Es una de las novedades de esta nueva PAC y la herramienta esencial de la arquitectura (más) verde de la Política Agraria Comunitaria. Se trata de un nuevo régimen de ayudas que saldrán del presupuesto de los pagos directos de los Estados miembros con las que se incentivará a los agricultores para que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Aunque será cada país el que defina sus ecoesquemas, el acuerdo obliga a utilizar el 25% de los fondos del primer pilar. Se establece, sin embargo, un periodo de gracia, de tal manera que entre 2023 y 2025 el porcentaje obligatorio se sitúa en el 20% y el resto no utilizado puede destinarse a pagos desacoplados. Las ayudas de los ecoesquemas se podrán además conceder tanto por hectáreas como por cabezas de ganado.

Capping

Con este término se hace referencia el establecimiento de un tope o techo de ayuda por explotación. El acuerdo alcanzado por el Parlamento, el Consejo de la Unión Europea y los ministros de Agricultura de los Estados miembro establece que su aplicación es voluntaria, pero aquellos países que decidan hacer uso de él tendrán que limitarlo a los 100.000 euros, y aplicar una reducción del 85% entre 60.000 euros y 100.000 euros, aunque cada estado puede optar por añadir nuevos tramos de reducción. Para alcanzar la máxima ayuda se tendrá en cuenta el empleo asalariado, por lo que pueden descontarse hasta el 50% de los sueldos.

Jóvenes y mujeres

La nueva Política Agraria dará un mayor protagonismo a los jóvenes y al necesario relevo generacional, de forma que al menos un importe equivalente al 3% de las ayudas directas tendrán que ser destinadas a este capítulo, a través de pagos complementarios. Además, se mantiene el apoyo a la primera instalación, que podrá ser de hasta 100.000 euros por cada joven. Y por primera vez la igualdad de género se incluye específicamente como uno de los objetivos de la PAC. Así, se permite que en el Plan Estratégico puedan introducirse medidas de discriminación positiva hacia la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o de pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural.

Condicionalidad

Con este concepto se hace referencia al conjunto de obligaciones que los agricultores y ganaderos deben cumplir para poder cobrar las ayudas de la PAC. En el acuerdo recientemente aprobado la condicional incluye medidas mucho más ambiciosas. Entre ellas, se obliga a que al menos un 3% de la superficie arable de cada explotación se dedique a la biodiversidad y a la elementos no productivos. Se contempla además la posibilidad de acceder a más apoyo, a través de los ecoesquemas, con el fin de elevar dicha superficie hasta el 7%. Se introducen también nuevos requisitos sobre rotación/diversificación, superficie mínima retirada de la producción. Todos los humedales y turberas estarán protegidos.

Hay otras obligaciones medioambientales, como las que componen el sobre verde de Desarrollo Rural. En este caso, el país miembro tendrá que destinar como mínimo el 35% del presupuesto del segundo pilar de la PAC a compromisos agroambientales que promuevan prácticas ambientales, climáticas y de bienestar animal.

Condicionalidad social

Es la primera vez que el acuerdo marco para la reforma de la PAC incluye entre sus líneas una obligación que tiene que ver con los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Es lo que se llama la condicionalidad social y significa que, para recibir las ayudas comunitarias, el perceptor tiene que cumplir con la legislación nacional e internacional y con la declaración de principios y derechos fundamentales que establece la Organización Internacional del Trabajo, que establece cuatro principios básicos que deben ser respetados por los Estados miembros. Son la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como de la discriminación en materia de empleo y ocupación y la abolición efectiva del trabajo infantil. Durante los dos primeros años, es decir entre 2023 y 2025, los Estados miembros podrán aplicar la condicionalidad de forma voluntaria, pero a partir de 2025, la condicionalidad social será totalmente obligatoria.

Sanciones

Se incrementan las sanciones por los incumplimiento repetido de los requisitos establecidos en la PAC por la Unión Europea. Y así las penalizaciones que se aplicarán a las ayudas se elevan ahora al 10%, el doble del porcentaje actual.

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