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La prestación aragonesa será de 522 euros

El proyecto de ley que regula esta prestación complementaria, que incrementa en un 10% el IMV, se aprueba este jueves en las Cortes de Aragón. PP, Cs, CHA y Vox critican que la renta básica no ha cumplido las expectativas.

Concentración convocada este pasado lunes por el Espacio de Derechos Sociales para reclamar la puesta en marcha de la prestación aragonesa complementaria
Concentración convocada este pasado lunes por el Espacio de Derechos Sociales para reclamar la puesta en marcha de la prestación aragonesa complementaria
Oliver Duch

La Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para una persona individual será de 522 euros, un 10% más de la cuantía de la renta básica del Gobierno central puesta en marcha en junio del año pasado. Una cantidad que se incrementará por los hijos a cargo así como un 5% por gastos de vivienda y pago de la hipoteca. Estos son algunos de los datos fundamentales de esta ayuda que este jueves se ha debatido en el pleno de las Cortes de Aragón y que salió adelante durante su votación. 

Su puesta en marcha ha venido siendo muy reclamada por las entidades sociales que trabajan con los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión en los últimos meses ante la desaparición del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) a finales de este mayo. En este sentido, se establece la prórroga de este IAI para los que ya lo estén cobrando y hayan presentado la solicitud de la renta básica hasta conocer si tienen derecho o no a ella. En caso de que se les niegue, se les mantendrá esta nómina hasta que pidan la nueva Prestación Aragonesa Complementaria.

La parlamentaria socialista, Pilimar Zamora, coordinadora de la ponencia en la que se ha debatido este proyecto de ley, ha subrayado que contará con un "alto grado de consenso" y que el 82% de las 141 enmiendas presentadas por los distintos partidos políticos se han aprobado y transaccionado y solo 23 se han rechazado. Ha subrayado que el incremento de un 10% de la prestación aragonesa sobre el IMV beneficia a los ciudadanos y familias que lo están ya recibiendo, ya que lo cobrarán hasta la cuantía que les pudiera corresponder. "Creemos que este complemento es positivo para reducir la pobreza infantil, un objetivo que junto a la vivienda, estuvo muy presente en las siguientes del gobierno", ha señalado.

Por parte del equipo de Gobierno, la portavoz de Podemos Equo, Vanesa Carbonell, ha apuntado que no se puede "esperar" a que se termine de regular el IMV y de esta forma "se va a llegar a más gente". También ha valorado positivamente que la articulación de unas ayudas de urgencia específicas para personas solicitantes de la renta nacional que no dispongan de prestaciones o subsidios de desempleo y puedan así cubrir sus necesidadess básicas hasta tener una resolución. Por parte del PAR, Esther Peirat, ha mostrado su satisfacción por la creación de la comisión de seguimiento de esta nueva prestación que debe garantizar su adecuación a las cambiantes circunstancias que generan la exclusión social y la pobreza. Desde CHA, Carmen Martínez, ha cuestionado que la gestión del IMV "no ha sido satisfactoria" y la expectactivas "muy amplias" que generó cuando se implantó en junio del año pasado "no se han cumplido", dejando así "huecos importantes" sin atender a los que se espera llegar con la prestación que ahora ve la luz.

Unas críticas al IMV que también se han escuchado desde la oposición por parte del PP, Cs y Vox. La portavoz popular, Marian Orós, ha alabado el ejercicio "de responsabilidad" del Parlamento al sacar adelante este proyecto de ley y le ha recordado al equipo de Gobierno que tiene un plazo de cuatro meses para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución. Por su parte, Loreto Camañes, de la formación naranja, ha afirmado que esta prestación es "un zurzido importante, necesario y urgente" para arreglar el "roto" hecho por el Gobierno central con el IMV. También ha pedido "celeridad" en el desarrollo reglamentario. Desde Vox, David Arranz, ha reprochado a la DGA que suprimiera de "manera irresponsable" el IAI y ha reclamado que se cree "dispositivos de control y fiscalización" para evitar "posibles fraudes y abusos" en la percepción de esta prestación.

Por último, Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha lamentado la rapidez con la que se ha tenido que llegar a esta dictamente, "en apenas cuatro semanas", después de nueve meses.  Ha insistido que desde esta fuerza se sigue defendiendo una futura renta mínima aragonesa pero "no ha sido la voluntad del Gobierno" y ha solicitado que en la reglamentación de la ley se incluya a colectivos que se van a quedar fuera. Ha valorado positivamente que se haya superado el acceso que se limitaba al IMV para hacer una horquilla de acceso lineal y se haya incluido un 5% de vivienda para las personas que pagan alquiler o hipoteca. "Vamos a exigir agilidad y revisión constante", ha concluido.

  

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