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El Gobierno central recurre ‘in extremis’ al Supremo la sentencia de Mularroya

El Ministerio y la Junta del Jalón cargan contra la interpretación de la Audiencia de un artículo de la Directiva del Agua.

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Obras del embalse de Mularroya.
Jesús Macipe / HERALDO

El Ministerio para la Transición Ecológica decidió este jueves finalmente recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la construcción del embalse de Mularroya y sus infraestructuras asociadas ante el Tribunal Supremo. Lo hizo cuando se cumplía el plazo para presentar el escrito de preparación de la casación. Desde el fallo de abril, los trabajos en la zona, centrados en abrir el túnel de trasvase entre el Grío y el Jalón, han seguido y continuarán, como mínimo, hasta que se determine la admisión a trámite de estas alegaciones.

Se consuma así la marcha atrás de la cartera de Teresa Ribera, que primero descartó acudir a este órgano judicial para luego reconocer que estudiaría la posibilidad, una vez así lo pidió el Gobierno de Aragón. De hecho, fue Javier Lambán quien, durante el pleno de las Cortes, adelantó el cambio de criterio del Gobierno central, que unas horas más tarde se confirmó mediante un comunicado. De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se une a la decisión ya tomada por la Junta Central de Usuarios del Río Jalón y la UTE constructora Sacyr-Acciona. El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, remarcó su satisfacción ante esta "buenísima noticia": "Confiábamos en que fuera así".

En el Ministerio sustentan la decisión en un análisis de la Abogacía del Estado que sostiene que el dictamen de la Audiencia Nacional -que defendía que la construcción de la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase incumplía un artículo de la Directiva Marco del Agua sobre el estudio de las masas de agua del entorno- hace una interpretación "errónea" de este precepto. "Difícilmente se puede prever qué condiciones ambientales va a tener que cumplir un proyecto aún sin redactar en el momento en que se aprueba dicha planificación hidrológica", argumentan los letrados.

Desvincular la decisión de la de Biscarrués

Es un razonamiento que comparten los regantes, quienes, en su escrito, defienden que la sentencia puede implicar graves daños para los intereses generales, ya que obligaría a que los planes hidrológicos, sin tener en cuenta sus actualizaciones posteriores, tuvieran que contemplar por anticipado el encaje de cualquier obra hidráulica. Asimismo, esta parte aboga por desvincular esta decisión de la que tumbó la construcción de Biscarrués.

En este sentido, la Abogacía del Estado, según detalló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, coincide en que es necesario "un pronunciamiento claro que analice el momento exacto en el que el requisito previsto en el artículo de la directiva debe cumplirse" y que la sentencia no solo afecta a Mularroya sino a todo tipo de intervenciones hidráulicas "tanto las que se encuentran en redacción de proyecto, en tramitación o en ejecución".

Tras conocerse la decisión, Jesús Ángel Lamuela, portavoz de la Junta de Usuarios, dijo que se encuentran "satisfechos, contentos y esperanzados": "El Ministerio como promotor tenía que defender su actuación hasta el final". Por su parte, Luis Tirado, en representación de SEO Birdlife y Jalón Vivo, plataformas a las que la Audiencia dio la razón, puntualizó que están "estudiando qué acciones" tomar. "El peligro del recurso es que la obra siga y que siga una gestión del agua con criterios políticos", remarcó.

En política, desde Podemos consideraron "lamentable" que el conflicto vuelva a los juzgados y Joaquín Palacín, presidente de CHA, criticó que el Gobierno siga "poniendo parches" ante las sentencias contrarias al proyecto. Por su parte, Jesús Guerrero (PAR) mostró su agrado por unas obras "necesarias" y desde el PP, Ramón Celma subrayó que "los agricultores por fin ven cómo permanecen sus esperanzas". Daniel Pérez Calvo (Cs) enfatizó que era "una obligación" por estar en juego "el porvenir de la comarca". También lo celebró Santiago Morón (Vox); mientras que Álvaro Sanz (IU) reclamó "no seguir dilapidando recursos y esperanzas". 

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