Broto dice que casi 7.000 hogares aragoneses perciben el Ingreso Mínimo Vital y el PP tacha de "chapuza" su gestión
Según el PP en Aragón, de 24.895 solicitudes, 18.144 han sido rechazadas.
Un total de 6.985 hogares están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Aragón, ha informado la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, de los que 4.720 cobraban antes el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y 2.265 son nuevos beneficiarios, lo que refleja una "chapuza" de gestión en opinión del PP.
Broto ha destacado este viernes en el Pleno de las Cortes, tras ser interpelada por la diputada popular Marian Orós, que los nuevos beneficiarios suponen un incremento mayor que el que se producía cuando regía exclusivamente el IAI.
Además, ha dicho la consejera, han llegado tres millones de euros del Ejecutivo central para el IMV, a lo que hay que sumar los 5.780 perceptores que todavía reciben el IAI.
Orós ha tachado de "chapuza" la gestión de la vulnerabilidad y del IMV tanto por parte del Gobierno de España, que rechaza tres de cada cuatro solicitudes, como del de Aragón, donde de 24.895 solicitudes, 18.144 han sido rechazadas, según la diputada.
Broto ha reconocido no estar "satisfecha" con la gestión del IMV por parte del Ejecutivo central, pues debería ser "más ágil", pero ha negado que sea una "chapuza" porque, ha recalcado, Aragón es la comunidad autónoma que más expedientes ha reconocido de la renta básica anterior.
Orós ha afeado a la consejera que, un año después de dictar el Decreto-Ley que regula la prestación aragonesa complementaria al IAI, no lo haya desarrollado todavía y no haya aclarado qué pasará a partir del 31 de mayo, cuando finaliza de manera definitiva el IAI.
La titular de Ciudadanía ha recordado que, aunque el Decreto-Ley se está tramitando como proyecto de ley en las Cortes, su entrada en vigor ha permitido garantizar todas las prestaciones nada más comenzar la pandemia y que quienes estuvieran percibiendo el IAI estén cobrando el IMV.
Por otro lado, Broto ha contestado también a una interpelación del diputado de IU, Álvaro Sanz, que ha criticado la situación en el Centro Educativo de Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, donde hay 51 menores internos frente a los 40 que recoge el pliego, atendidos por personal "insuficiente" que ha sido reforzado con auxiliares técnicos educativos y no con educadores sociales.
Asimismo, Sanz ha reivindicado la importancia de la gestión desde lo público y que no se externalicen más servicios para garantizar una "atención de calidad".
La consejera ha admitido que no tienen posibilidades de garantizar todos los derechos sociales desde lo público, pero ha asegurado que no tiene "intención" de externalizar los equipos educativos de atención a menores en conflicto social (EMA y EMCA).
