El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido en cinco años casi 100 millones a los bancos para pagar sentencias

El Ayuntamiento de Zaragoza siguen sin poder soltar la losa de las sentencias judiciales condenatorias, uno de los principales problemas económicos de la capital por las millonarias indemnizaciones que acarrean. El pasado 23 de septiembre, el gobierno municipal PP-Cs acordó solicitar otros 7,4 millones de euros más a los bancos, a través del Fondo de Impulso Económico (FIE), que si se suman a los créditos de los últimos 5 años para atender fallos judiciales condenatorios firmes, arrojan un resultado de casi 100 millones.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha acogido al FIE en los años 2015, 2017 y 2020, para atender sentencias judiciales vinculadas fundamentalmente a impagos a las grandes contratas. En la mayoría de los casos, se trata de sentencias judiciales que se remontan a los años de gestión del PSOE, en los años más duros de la crisis económica que se desató tras la Expo 2008. Los créditos del FIE que habilita el Estado y cuentan con condiciones muy ventajosas de financiación.

En 2015, recién llegada ZEC al gobierno municipal se solicitaron 44,8 millones de euros. Dos años más tarde, en 2017, se dispusieron 21,1 millones de los 33,7 millones que se solicitaron. En 2020, ya con el PP en el gobierno, de los 36,8 millones previstos en un principio se necesitaron 24,3 millones, a la espera de que esa cifra pueda subir antes de que expire la línea de crédito.

Para la concejal de Hacienda, "la abrumadora cuantía de pagos en sentencias judiciales condenatorias" es "un lastre" que obedece a la "utilización" que hicieron gobiernos anteriores de los recursos judiciales para aplazar los pagos a las contratistas municipales. "Las condenas han generado un sobrecoste en intereses de demora insólito", declaró Navarro. Avanzó que la previsión del gobierno es acabar con la losa de las sentencias.

"Este gobierno está intentando pagar todas las sentencias que nos dejaron pendientes. Lamentablemente aún queda mucha pendencia judicial acumulada desde hace años. Por lo que estaremos tiempo asumiendo el alto coste de pago de sentencias", criticó la edil. En este sentido, explicó que solo se recurrirá los asuntos que estén absolutamente motivados para defender los intereses municipales. "No usaremos los tribunales como mecanismo dilatorio de pago. Solo en 5 años se han pagado 35 millones de euros en intereses de demora, es inaceptable", declaró la edil.

Los 7,4 millones de euros que se van a solicitar al FIE para abonar sentencias durante el próximo ejercicio, de los que 1,1 son intereses, afectan a distintos procesos judiciales. El más importante de todos ellos es una sentencia de 2,4 millones de euros de la contrata del bus, por deudas que se remontan a 2013. Además se quiere saldar una deuda de 1,7 millones de euros para Eulen, por las revisiones de precios del servicio de limpieza de los colegios entre los años 2012 y 2018. Hay dos sentencias de la antigua Tuzsa que suman 963.586 por las revisiones de 2011 y 2012. También se van a pagar 753.642 euros a FCC por intereses de demora desde 2011.