Inspección detecta infracciones en 2.208 ERTE, sancionadas con un total de 468.021 euros en Aragón

En lo que va de 2020, la Inspección de Trabajo en Aragón ha realizado 10.676 inspecciones o controles por posibles fraudes o irregularidades en las empresas. De ellas, 2.208 han sido por infracciones en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), herramienta de flexibilidad acordada en marzo por el Gobierno y los agentes sociales para sujetar los puestos de trabajo durante la pandemia.

Estos controles sobre los ERTE, planificados y en base a las denuncias presentadas ante Inspección, han supuesto el establecimiento de sanciones por valor de 468.021 euros y la mayoría de esta cuantía, 463.000 euros, han sido por infracciones a la Seguridad Social en el pago de las prestaciones por desempleo.

Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo en Aragón, explicó que se han encontrado con alguna gran empresa que tenía a empleados teletrabajando en días que habían señalado de ERTE o también con encadenamientos de contratos indebidos u otro tipo de fraudes. Además de las sanciones por casi medio millón, dijo, se han establecido pagos en cotizaciones que las empresas habían dejado de ingresar a la Seguridad Social por valor de 22.317,66 euros. En total, precisó, «se han tramitado 8 altas de trabajadores, 40 contratos temporales convertidos a indefinidos y 66 infracciones a la Seguridad Social solo en este concepto de inspecciones en los ERTE».

El máximo responsable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón (ITSS) quiso aclarar que este año ha sido mucho más difícil que otros cumplir con su labor de control en las empresas, ya que cuando se aprobó a finales de junio la nueva normativa de prórroga de los ERTE se introdujo un concepto que hasta ese momento no estaba. Se trata de «la obligatoriedad de las empresas de comunicar con antelación cualquier alteración del calendario de aplicación del ERTE». En los meses anteriores a julio, recordó, el SEPE sí permitía comunicar a final de mes a las empresas estos cambios, lo que dificultaba el trabajo de Inspección para detectar si realmente se estaba produciendo una irregularidad o no el día que acudían a visitar los centros de trabajo. Es decir, señaló, hasta julio no han contado con una norma más precisa a la hora de actuar.

«Lo que sí se ha verificado por el registro de jornada es si el empleado en ERTE estaba trabajando o no y se han aplicado sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador a la empresa si era así, deslindando si la responsabilidad correspondía únicamente a la empresa o también al propio empleado en connivencia», apuntó García Oliver.

Por otra parte, el director territorial de la Inspección remarcó que no solo se ha intervenido en el control de los ERTE sino también en la supervisión de si las empresas estaban cumpliendo con los protocolos y medidas de seguridad por la covid-19. El Real Decreto 26/2020, publicado en julio, dio potestad a la Inspección no solo de actuar en hospitales y centros sociosanitarios en este sentido sino en cualquier centro de trabajo, bien en la industria o en otros sectores económicos. Y además, dicho decreto habilitó a los inspectores no solo para recomendar sino para requerir y sancionar. No obstante, como estas facultades aún son recientes, indicó García Oliver, no ha habido mucho margen de actuación hasta el momento. Recientemente, añadió, se ha establecido un nuevo protocolo de colaboración entre Inspección de Trabajo y Salud Pública para poder intervenir no solo en infracciones en medidas de seguridad sino en lo epidemiológico, es decir, si se están registrando brotes de contagio en centros de trabajo.

En el campo

También desde Inspección recordaron el esfuerzo enorme realizado en agricultura. «Se han hecho 135 inspecciones, 30 de ellas específicas por la covid-19, en las que se han visto implicados 477 trabajadores y se han impuesto sanciones por valor de 238.192,57 euros, además de haber impuesto expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social por 93.156,44 euros». Pero esta no es la solución, advirtió García Oliver, que urgió a tomar medidas para de una vez por todas acabar con el problema que cada año se plantea con las campañas para temporeros. «Habría que hacer un inventario de alojamientos y ver que cumplen con todas las medidas. También establecer que el contrato de trabajo no puede ser verbal sino escrito y que ha de ajustarse en salarios y jornada a lo que marca el convenio. Si no se hace todo esto», avisó, «el problema el año que viene lo tendremos igual» e irá pasando de una comunidad autónoma a otra como este.