Los centros de mayores aragoneses tienen 294 positivos en residentes y 100 en trabajadores

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha anunciado una ayuda de 1,5 millones para los centros residenciales de la comunidad ante la vuelta de la pandemia.

Lambán, este martes en la reunión con las coordinadoras de gestión de las residencias.
Lambán, este martes en la reunión con las coordinadoras de gestión de las residencias.
Toni Galán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este martes una ayuda de 1,5 millones de euros para que los centros socioresidenciales puedan afrontar costes adicionales causados por la covid-19, enfermedad que ha vuelto a entrar en 47 establecimientos de la Comunidad y ha contagiado a 294 residentes y 100 profesionales.

Son ayudas para que "tengan un respiro" y que se suman al apoyo prestado por el Gobierno durante el momento más duro de la pandemia con la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección, como ha resaltado Lambán antes de reunirse con los gestores de estos centros.

El encuentro ha servido para repasar los protocolos de actuación frente a la covid-19 e informar del reciente protocolo firmado entre los departamentos de Sanidad y Ciudadanía y Servicios Sociales para la atención de los residentes, el colectivo, como ha recordado Lambán, de más riesgo frente al virus y con más fallecidos, 777 hasta el 29 de julio.

A los 125 centros residenciales que sufrieron la presencia del coronavirus hasta el 21 de junio, fecha del fin de estado de alarma, se suman ahora otros 47, cinco de ellos residencias de discapacitados y el resto de mayores, ninguno de las cuales tuvieron casos en la etapa anterior de la pandemia.

Del total, 29 solo tienen trabajadores afectados, 8 solo residentes y en 10 hay positivos en ambos casos y además siete agrupan el 75 % de los contagiados.

Entre estas residencias se encuentra la de Burbáguena, gestionada por la Cruz Blanca, con 60 residentes y trece trabajadores contagiados y cuatro fallecidos confirmados por covid-19, más otro con sospecha, y sobre la que pesa la amenaza de un expediente sancionador e incluso una denuncia penal, como anunció el Gobierno el pasado día 30 pero que todavía no se ha materializado. El Ejecutivo aragonés ha matizado ahora que se está estudiando si recurrir a esta vía o abrir un expediente sancionador. Jiménez ha recordado que este, al igual que el resto de centros, tenían obligación de informar de inmediato de la aparición de positivos y de colocar la cartelería correspondiente. Se trata de un aspecto que el Ejecutivo está "analizando", palabras que sorprenden tras el precipitado anuncio de la denuncia la pasada semana.

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