rebrotes de coronavirus
"Si quiere confinar, la DGA debe pedirlo al gobierno central", advierten los juristas
Expertos en Derecho Administrativo reclaman una ley que permita tomar medidas en una empergencia sanitaria y defina cómo actuar.
La pandemia de coronavirus está poniendo a prueba la capacidad de maniobra de los ejecutivos autonómicos para tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales de los ciudadanos sin tener que recurrir al Gobierno central para que declare un estado de alarma parcial. Porque eso es lo que debería hacer el Gobierno de Aragón, en el supuesto de que se viera obligado a confinar Zaragoza y la Comarca Central.
Tres expertos en Derecho Administrativo consultados por este diario coinciden en afirmar que la actual legislación sanitaria solo permite aislar a personas o colectivos concretos aquejados o sospechosos de tener de enfermedades contagiosas (como se hizo al principio de la pandemia con un hotel en Tenerife), pero no con carácter general.
Además, la medida urgente prevista por la autoridad sanitaria debe ser autorizada o ratificada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo siempre que implique la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, como recoge la ley jurisdiccional en su artículo 8.6.
"Es más que dudoso que esa normativa permita confinar indiscriminadamente a la población general, ni siquiera en una epidemia", explica uno de los expertos. "Ante una medida que afecta a derechos fundamentales, lo único que puede hacer un juez es velar por que esta sea proporcional y adecuada. Y se aplica de forma individual, no general", señala otro.
"El confinamiento perimetral escapa claramente a la ratificación judicial. Lo que sí puede hacer el Gobierno de Aragón es pedir al Gobierno central que declare el estado de alarma para una zona concreta", añade. "Puede recomendar, claro, pero eso no es jurídico ni no jurídico", matiza.
"La situación de emergencia que estamos viviendo no se la había planteado el legislador de ninguna manera y ahora se ve que es muy necesaria una ley, porque la peor solución es trasladar este problema a un juez. No tiene sentido gobernar la sanidad a través de un juzgado", apunta otro jurista.
La solución que encontró Quim Torra para confinar Lérida a través de un decreto ley –después de que un juez y una fiscal frenaran las medidas que había anunciado para endurecer el confinamiento– sería otra forma de sortear la intervención del Gobierno central para aislar una población, puesto que este no ha recurrido el decreto del Ejecutivo catalán ante el Tribunal Constitucional. No obstante, los expertos entienden que lo "más correcto" con la normativa actual sería una declaración de alarma circunscrita a una parte del territorio y que su ejecución y seguimiento se delegue en la Comunidad Autónoma.
