Torra esquiva el veto al confinamiento domiciliario de Lérida con un decreto ley
La Fiscalía advierte que no se puede confinar a la población a golpe de disposición y avisa que estudiará un recurso al Tribunal Constitucional.
El desconcierto se extendió este lunes entre los 200.000 habitantes de la población de Lérida y comarca, que no supieron muy bien a qué atenerse en el que en principio debía ser su primer día de confinamiento domiciliario como consecuencia de la extensión del brote del coronavirus. Una resolución judicial, adoptada ya de madrugada por un juzgado de guardia de Lleida, tumbó las medidas drásticas anunciadas por el Govern catalán. Dichas reglas entraban en vigor a medianoche y obligaban a cerrar tiendas, bares y restaurantes, además de restringir la movilidad de la ciudadanía, que debía volver a encerrarse en casa. Lérida regresaba así a la temida fase 0.
Una jueza de guardia, en cambio, corrigió a la Generalitat y paralizó el confinamiento de la población de Lérida y siete municipios más de la comarca del Segrià. Según la magistrada, las medidas de la Generalitat eran desproporcionadas, de acuerdo a las cifras presentadas. Asimismo, señaló que una decisión así es "competencia estatal y se ejerce con la garantía de la intervención del Congreso". Por eso instó al presidente de la Generalitat a solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma, al menos para la zona.
Aun así, la Generalitat insistió en que no aceptaba la resolución del juzgado de guardia y pidió a la ciudadanía que siguiera adelante con el confinamiento. Una vez más, Torra empleó una decisión judicial para gesticular una supuesta desobediencia. Y es que al mismo tiempo que anunciaba que no aceptaba la resolución y aconsejaba (no obligaba) a la ciudadanía a seguir las indicaciones del Govern, admitía que los Mossos estaban acatando el veto de la magistrada de guardia de Lérida y se estaban limitando a asegurar el cumplimiento perimetral de la zona, aprobado hace 10 días. Además, para tratar de sortear el revés judicial, la Generalitat -tras una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno- aprobó un decreto ley con el que pretende dar cobertura a todos los confinamientos domiciliarios que pueda adoptar en las próximas semanas. Empezando por Lleida, el brote más descontrolado y que ha causado tres muertos, pero sin descartar el cierre total de L'Hospitalet de Llobregat, limítrofe con Barcelona. En la capital catalana se han triplicado los casos en una semana.
Torra, eso sí, sacó pecho ante quienes le piden que ejerza la soberanía plena y halló en la resolución judicial un balón de oxígeno para cargar contra la justicia española, hacer victimismo y no tener que asumir las críticas cada vez más duras por cómo está gestionando este segundo brote. Incluso las de los alcaldes afectados, buena parte independentistas, que este lunes pidieron al Govern que les saque del "lío" y del "limbo legal" en el que están y les diga lo que tienen que hacer.
"No estamos de acuerdo con la decisión judicial y no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas", afirmó Torra en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, junto a su vicepresidente, Pere Aragonés, más cauto.
Cobertura legal
Torra se reunió a primera hora de la mañana del lunes con los servicios jurídicos de la Generalitat para analizar la resolución judicial. La respuesta fue el anuncio de otro decreto ley, que modifica a su vez una Ley de 2009 de salud pública. Faculta a la autoridad sanitaria para que en situaciones de pandemia o epidemia, los responsables competentes puedan adoptar medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha señalado que el Govern publicará este martes las medidas concretas para Lérida que se derivan del decreto.
La Fiscalía, en cualquier caso, advirtió a la Generalitat de que no puede confinar a la población a golpe de disposiciones así. "No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales", valoró el Ministerio Público. "Sería ilegal y recurrible al Constitucional", remató. A su vez, el Govern estudia también recurrir la decisión de la magistrada de Lérida. Lo que no contempla en ningún caso el Ejecutivo catalán es pedir al Gobierno central que aplique el estado de alarma, ni siquiera de forma parcial en la comarca afectada.
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