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Los abogados se sienten forzados a pactar juicios tras el parón por el estado de alarma

La activación de los plazos procesales permite a los juzgados empezar a celebrar vistas e intentan agilizarlas invitando a las partes a alcanzar acuerdos previos.

Los accesos a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza estaban ayer prácticamente desiertos.
Los accesos a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza estaban ayer prácticamente desiertos.
José Miguel Marco

Después de casi tres meses de parón judicial obligado por la declaración del estado de alarma, la Administración de Justicia recupera a partir de hoy su actividad, aunque muy condicionada por las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus. Cierto es que no ha sido una suspensión total de las actuaciones, puesto que el Consejo General del Poder Judicial estableció una serie de servicios esenciales que se han cumplido, pero el real decreto obligó a suspender todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales.

Ahora toca recuperar el tiempo perdido para evitar el colapso, en una administración que, como señala el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, «nunca se ha caracterizado por su rapidez». Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores, Pablo Marín, afirma que la suspensión de plazos no fue más que una «patada hacia delante» y que el atasco se arrastraba desde antes y ahora se ha acentuado. Mientras, el fiscal jefe provincial de Zaragoza, Felipe Zazurca, prevé una «acumulación de señalamientos de julio a septiembre».

Para aligerar la carga que se avecina, desde los juzgadosl se está instando a los operadores jurídicos a intentar alcanzar acuerdos para evitar celebrar vistas orales, algo que ha sido acogido de manera desigual. Los tres coinciden en que las conformidades son buenas, pero no por sistema y solo en casos concretos, como en los civiles, en los que las pruebas son documentales o se discute la aplicación de una ley. Pero en la vía penal apuestan por que se celebren de manera presencial para cumplir los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Y, en cualquier caso, cuando se busque un acuerdo se haga con antelación y citando a todas las partes.

Antonio Morán y PabloMarín mostraron su preocupación por la limitación de accesos a las sedes judiciales que se ha fijado para los profesionales los cuales, como si se tratara de público, solo pueden ir con cita previa del juzgado o los días que tengan juicio y siempre acreditándolo.

«Los profesionales se sorprenden por el cerrojazo que las administraciones y oficinas públicas siguen manteniendo y las estrictas condiciones de acceso, en comparación a lo que ves en la calle en cuanto sales de las sedes», critica Morán.

El estado de alarma y su translación al ámbito judicial ha supuesto además un alto coste para letrados y procuradores. «No entendemos el cerrojazo que ha habido en las sedes judiciales y en los procedimientos. Porque si bien la plantilla de los juzgados sigue cobrando su nómina, nosotros somos profesionales liberales y si no hay juicios o asistencias, no cobramos», se lamentaba ayer el abogado Enrique Esteban Pendas. Y como él, muchos otros compañeros. 

Solo con cita previa

La activación de los plazos procesales y la vuelta a la tramitación de asuntos con cierta normalidad no significa que los juzgados aragoneses vuelvan a abrir al público. De hecho, tal y como se venía haciendo desde que la Comunidad pasó a la fase 1 de la desescalada, la única forma de acceder a las sedes judiciales será mediante cita previa.

En cualquier caso, durante los últimos días, jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios se han ido reincorporando a sus puestos presenciales, lo que permitirá citar a más gente para tramitar asuntos.

Según fuentes de la Dirección General de Justicia, el próximo martes, 9 de junio, está previsto que este ya trabajando en oficina el 91% de la plantilla. El 9%restante son trabajadores en situación de riesgo o que tienen que cuidar a niños o mayores y que regresarán a sus puestos el próximo 21 de junio.

Las tarjetas de libre acceso a los juzgados de abogados y procuradores han sido canceladas temporalmente, una medida que persigue reducir el flujo de personas pero que ha sido criticada por estos colectivos.

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