La escasez de alojamientos deja en la calle a grupos de temporeros en el Bajo Cinca
Las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus agravan las deficiencias registradas cada año con motivo de la campaña de fruta.
Uno de los temores que las organizaciones agrarias manifestaron en la última mesa de temporeros ya es una realidad en varias poblaciones del Bajo Cinca, donde son muchos los inmigrantes que han llegado en busca de trabajo en el campo sin disponer de un lugar en el que alojarse.
El ejemplo más visible está en el entorno de la estación de autobuses de Fraga. Allí, entre maletas y cartones, un numeroso grupo de temporeros pernocta a la intemperie desde hace varios días. La imagen no es nueva, pero sí más acusada que en años anteriores y, al mismo tiempo, más preocupante, debido a las restricciones derivadas de la actual emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Precisamente, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Fraga desarrollaron este viernes una operación conjunta en esta zona, con el objetivo de identificar, asistir e informar a las personas hacinadas.
Durante la última mesa de temporeros, el responsable del sector de la fruta de Uaga en el Bajo Cinca, Óscar Moret, ya mostró su preocupación por el desarrollo de la actual campaña, insistiendo en que la falta habitual de alojamientos iba a verse "agravada". De hecho, tal y como recordó este viernes, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las plazas de las infraestructuras habilitadas por los productores "están más limitadas", es decir, donde antes se alojaban diez ahora deberán hacerlo cinco, y además, "hay dificultades para encontrar viviendas de alquiler", indicó. También ha disminuido el número de temporeros afincados en la zona que ceden espacio en sus residencias a otros compatriotas. «Todos son sabedores de los riesgos de contagio», apostilló Moret.
También han influido las restricciones a la movilidad. Ante la imposibilidad de llevar a cabo contratos en origen, debido al cierre de fronteras, hay una mayor afluencia de personas de provincias o comunidades vecinas que han llegado atraídas por la necesidad de mano de obra.
Ante esta situación, los productores ya propusieron el uso de infraestructuras públicas para alojar a los temporeros, con el fin de evitar la proliferación de asentamientos irregulares, que pueden poner en riesgo la salud de los propios inmigrantes así como de la población en general, especialmente de los más vulnerables, como las personas mayores que predominan en las zonas rurales. No obstante, varios ayuntamientos descartan esta idea, debido a las dificultades que entraña, y se inclinan por otras soluciones, como el acomodo de los trabajadores desplazados en hoteles, campings o casas rurales autorizados para este fin, según explica el alcalde de Zaidín y, al mismo tiempo, presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz.
También se muestran dispuestos a ceder instalaciones públicas para el aislamiento de casos positivos de covid-19 así como a seguir trabajando en estrecha colaboración con organizaciones sociales como Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón, que lleva varios años desarrollando un proyecto de atención a temporeros alojados en infraviviendas y, al mismo tiempo, mediando con las administraciones locales con el fin de ofrecer a sus ocupantes alojamientos alternativos.
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